Pamela Martínez pone en jaque a Rafael Correa | Vistazo

Pamela Martínez pone en jaque a Rafael Correa

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Pamela Martínez pone en jaque a Rafael Correa

María Belén Arroyo | [email protected] Lunes, 17 de Junio de 2019 - 16:34
No es la reina de este ajedrez, pero terminará hundiendo al rey de su propio equipo. Pamela Martínez Loayza, expoderosa asesora de Rafael Correa, exjueza constitucional que sacó notas perfectas en el concurso cuyas preguntas ella diseñó. Exfactótum de la Presidencia de la República. Expresentadora del programa televisivo “Es de Justicia”. Ahora, privada de su libertad, se acogió a un acuerdo de colaboración eficaz que apunta por primera vez a Rafael Correa, quien nunca estuvo más cerca del jaque mate.
 
En dos años, Correa ha perdido a peones, alfiles, caballos y torres acusados de supuestos actos de corrupción. Ahora, quien está bajo el ojo acusador es el mismo exmandatario. La documentación revelada en el curso de esta investigación fiscal lo identifica como el poderoso SP, Señor Presidente.
 
A Correa, Martínez lo conoció en el entorno de los boy scouts, que con su hermano frecuentaba. A Alexis Mera lo conoció en la época que ella estudiaba en el colegio La Inmaculada, él en cambio cursaba en el Cristóbal Colón. Ahora, a sus 51 años, privada de su libertad, Martínez ha hecho saber a las autoridades que teme por su vida y ha pedido ingresar en el programa de protección de testigos.
 
 
¿Qué declaró ella? Acusa a Correa de ser parte de un entramado que llevaba un registro paralelo de los aportes millonarios que hicieron decenas de empresas contratistas con el Estado para las campañas de Alianza PAÍS. Martínez confesó que en 2013, el entonces Presidente le ordenó llevar este sistema secreto y que lo hacía en reemplazo de Ricardo Patiño, de quien el Mandatario supuestamente desconfiaba. En otras palabras, el primer sistema paralelo estuvo en manos de Patiño, pero Correa no confió en la manera cómo lo llevó.
 
La jurista guayaquileña, que firmaba como asistente de Correa y luego integró la Corte Constitucional, se dio el trabajo de llevar un cuaderno con todas esas operaciones: con su puño y letra anotaba el dinero que llegaba hasta su despacho escondido en sobres y cómo era distribuido entre los miembros más importantes de la cúpula del gobierno de Correa.
 
Para encriptar estos manejos crearon un sistema muy parecido al que tenía la empresa brasileña Odebrecht. Los nombres y responsabilidades eran cambiados por siglas (en el caso de Odebrecht fueron apodos). Parte del dinero lo recibían y distribuían en efectivo. Pero también  usaban a empresas para camuflar los pagos a través de facturas falsas.
 
El esquema
 
En la primera línea estaban los recaudadores. Los primeros indicios demuestran que estaban bajo la responsabilidad del ex vicepresidente Jorge Glas, quien fuera el principal ejecutor de los contratos en los sectores estratégicos del país. Compartía, al parecer, estas funciones con Walter Soliz, hoy prófugo y ex secretario del Agua.
 
En el área administrativa o de distribución del dinero estaban Pamela Martínez y su asesora de confianza Laura Terán. Nunca se separaron desde que iniciaron este encargo de Correa, Terán le escribía desde dónde estaba guardada su cartera de maquillajes hasta donde había puesto los zapatos; le armaba la agenda diaria y sabía si se veía con la costurera Cecilia o con los hombres duros de las empresas que pagaban directamente gastos de campaña de Alianza País.
 
Por supuesto, en retribución, esas empresas recibieron jugosos y millonarios contratos del Estado, en general para ejecución de obras de infraestructura, hidroeléctricas, petroleras y de vialidad. Martínez y Terán trabajaron juntas en la Presidencia y continuaron en la Corte Constitucional.
 
Martínez daba el visto bueno para la entrega del dinero para el pago a proveedores por insumos de campaña. Entre ellos, recursos para montar las caravanas, mítines, pintar murales, alquilar equipos de amplificación, entre otros.
 
Los desembolsos eran previamente supervisados por una mujer que se identifica con las siglas MAE. Aunque la Fiscalía aún no determina su identidad, las pistas conducen a María Augusta Enríquez, la asesora de mayor confianza de Vinicio Alvarado. En correos electrónicos, aparece como Agucha.
 
Martínez reveló que bajo este sistema entregó millones de dólares a Alexis Mera, quien fuera el zar en asuntos legales del anterior régimen. No se movía un ápice en la justicia sin su consentimiento. Su influencia llegaba a los principales organismos de justicia: Consejo Nacional, Corte Constitucional, Fiscalía, entre otros.  
 
También habría documentado la entrega de dinero a María de los Ángeles Duarte, amiga y ex ministra de Correa. A ella, el exmandatario le encomendó terminar con el poderío electoral del PSC en Guayas. Desde 2013, como directora provincial Alianza PAÍS rompió la hegemonía de los asambleístas de la lista 6; pero un año después no le alcanzó para superar al alcalde Jaime Nebot, apostando por Viviana Bonilla –otra de las consentidas de Correa- para candidata.
 
 
Entra la propaganda
 
En este sistema, también se distribuyó recursos a Vinicio Alvarado, el encargado de la toda la política comunicacional de los diez años de correísmo. Alvarado, desde la Secretaria de Administración Pública autorizaba la elaboración y difusión de cualquier spot, jingle o aviso que se difundiría en el país y en el exterior. Para estos fines, Alvarado creó la secretaria de Imagen Gubernamental que supervisaba todas las campañas, incluso las de los ministerios y empresas públicas.  
 
Un ejemplo. Se detalla el pago de 50 mil dólares a favor de Vertigo Films (relacionada con Alvarado). Y se menciona que el resto del dinero debe ser facturado a una empresa especializada en construcciones viales.
Los tres son acusados por concusión y, según el testimonio de Pamela M., el ex presidente Rafael Correa conocía todo. Lo identifica con las siglas SP, como respetuosamente llamaban los funcionarios de Carondelet al Señor Presidente.
 
La Fiscalía irá hasta el fondo con esta investigación. La sospecha es que no solo descubrirán los aportes prohibidos por la Ley Electoral; sino que podrá verificar quién se benefició con los millonarios contratos de publicidad en la década pasada; los pagos de favores a empresas contratistas.
 
Hasta ahora todo indica que SP está salpicado en esta trama de aportes a las campañas de Alianza PAÍS por parte de empresas que, como Odebrecht, Azul, SK Engineering y otras, luego recibieron contratos con fondos públicos.