Olvidados y utilizados | Vistazo

Olvidados y utilizados

Alejandro Pérez / [email protected] Jueves, 24 de Octubre de 2019 - 14:47
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Evelin Paredes (derecha) estudia en Quito. En esta foto aparece junto a su abuela y tías, que llegaron desde Pujilí.
Muchos indígenas dejaron sus cultivos  para llegar a Quito a reclamar por la desidia de los Gobiernos, que históricamente los relegaron a la pobreza. Mujeres, niños y ancianos reprimidos por la fuerza pública. Sus historias en el campo reflejan su descontento.  
 
A María Delfina Pilalombo le quitaron el Bono de Desarrollo Humano en 2014. Esos 50 dólares que le otorgaba el Estado por su situación de pobreza le servían para comprar zapatos y ropa a sus tres hijos que estudian la primaria y secundaria. Es madre soltera y con las ínfimas ganancias que obtiene de la agricultura y la venta de sus cuyes y ovejas, ahora no le alcanza para darle una vida digna a su familia. Mucho menos si se elevan los precios de los combustibles con el retiro de los subsidios anunciados por el Gobierno.
 
Por eso, esta indígena de 50 años, y habitante de la parroquia de Zumbahua, provincia de Cotopaxi, se subió a un camión junto a sus vecinos para dirigirse hacia Quito a protestar por las medidas económicas. Sus hijos se quedaron al cuidado de la casa, los cultivos y animales.
 
“Un quintal de papas nosotros vendemos en la plaza (mercado de Zumbahua) a cinco dólares y luego en Quito ese quintal se vende en 20 a 30 dólares”, se queja María Delfina. “Pagamos un dólar para llevar las papas a la plaza, con el aumento de la gasolina nos quieren cobrar el doble. ¿Cómo vamos a vivir así? No nos alcanza. Por eso venimos a protestar”.
 
Esta no es una realidad aislada. Es la historia de un sector excluido por décadas. Un 8,08 por ciento de la población ecuatoriana es indígena. Según un estudio del Banco Mundial de 2018, el Ecuador tiene una marcada desigualdad geográfica y étnica: las tasas de pobreza en las comunidades indígenas se ubican sobre el 50 por ciento de su población. “Un ciudadano indígena en promedio adquiere 3.7 años menos de educación y es menos probable que alcance la educación superior, que un ciudadano de la urbe”, refiere el informe en conjunto con el Mies.
 
María Delfina, por ejemplo, cuenta que solo fue a la escuela por dos años, hasta que sus padres ya no pudieron comprar cuadernos ni zapatos. Entonces, se quedó en casa para ayudar en la agricultura y cuidado de los animales. Espera que sus hijos ahora puedan terminar al menos el colegio y quizá obtener una beca o ayuda para la universidad. Las medidas compensatorias anunciadas por el Gobierno de elevar el bono no servirían para ella, porque se lo quitaron en 2014.
 
Según el Instituto de Estadísticas y Censos (Inec), el 99 por ciento de los habitantes de Zumbahua se identifica como indígena, pertenecientes a la etnia Panzaleo. Allí, la tasa de analfabetismo en personas mayores a 15 años es del 40 por ciento, mientras la media nacional es de 5,9. Mientras el porcentaje de pobreza es del 98 por ciento, es decir, que no cuentan con suficientes ingresos económicos ni tienen manera de satisfacer sus necesidades básicas como salud, alimentación, educación, acceso al agua potable, entre otras.
 
María Delfina Pilalombo perdió el Bono de Desarrollo Humano en 2014. Sus hijos dejaron de ir a la escuela. 
 
Llegaron a Quito a exigir derechos
Los indígenas que llegaron a Quito, en su mayoría de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua Bolívar, Cañar e Imbabura, pernoctaron en el ágora de la Casa de la Cultura, en la Universidad Católica (Puce) y en la Universidad Politécnica Salesiana. Esta última institución albergo al más de 4 000 personas, según informó Mónica Ruiz, encargada de Comunicación Social. Allí recibieron ayuda de cientos de quiteños que fueron a dejar colchones, cobijas, alimentos. Otras personas y estudiantes se ofrecieron para cocinar y cuidar de los niños.
 
En el parque El Arbolito se preparaban para las marchas que durante días acecharon el Centro Histórico. Los dirigentes decían que la protesta era pacífica. Hombres y mujeres llevaban ramas de eucalipto en fundas y bolsillos. Algunos, doblaban las hojas y se introducían en la nariz, para contrarrestar el efecto de las bombas lacrimógenas, según explicó un joven. La represión policial fue desmesurada. Los uniformados lanzaron gases incluso a las sedes universitarias, donde había niños, ancianos. 
 
Evelyn Paredes, de 17 años, proveniente del cantón Pujilí pero que estudia el colegio en Quito, dice que en las ciudades la vida en muy distinta. Junto a su abuela y tías relata que los niños deben caminar largas distancias hacia la escuela, les hacen falta agua potable y agua de riego.
 
“La gente cree que porque vivimos en el campo tenemos todos los cultivos y animales. Nuestros niños casi no toman leche porque no tenemos agua de riego y son eso no hay pastos y sin eso no podemos tener vacas”, dice María Toapanta, abuela de Evelyn, Esta indígena de 60 años tuvo 13 hijos. Ninguno pudo llegar a la universidad y se dedican a la agricultura, al comercio y a la construcción.
 
Todos los Gobiernos ofrecieron ayuda a los indígenas, pero “todo queda en ofertas cuando obtienen los votos y nos olvidan”, lamenta Rubén, un indígena de Cotacachi, provincia de Imbabura, quien prefiere no dar su apellido porque los dirigentes pidieron a los comuneros no hablar con los medios. Acusan a la prensa de parcializarse en su contra.
 
El joven de 28 años recuerda que su protesta no es reciente. “Desde los años 70 la gente de Cotacachi se ha organizado para luchar contra el racismo y la exclusión, tras la muerte de uno de nuestros líderes, Rafael Perugahi, a manos de la policía, por eso sabemos que estamos expuestos a la represión cuando exigimos nuestros derechos”, dice Rubén.
 
En Cotacachi, la situación es diferente a la de Zumbahua. Allí, solo el 4,83 por ciento se identifica como indígena. Es un cantón productivo gracias al cuero y los textiles que se confeccionan y venden en el centro. Sin embargo, la parroquia “6 de Julio-Cuellaje”, de donde proviene Rubén, presenta un 83 por ciento de sus necesidades básicas insatisfechas, según el Plan de Desarrollo de la parroquia. “No es que protestamos solo por las medidas económicas de ahora, también peleamos por una exclusión y desigualdad histórica”, dice el joven.
 
Puede que algunos de los indígenas que llegaron a Quito no entienda de macroeconomía o ajustes fiscales, pero saben que su situación de pobreza es muy diferente a las de las ciudades, donde se toman las decisiones políticas. 
 
Ellos, los olvidados y excluidos. Ellos pusieron los muertos, durante la protesta más cruenta de la que se el país haya tenido memoria en los últimos tiempos.
 
 

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