Los conductores del Paro | Vistazo

Los conductores del Paro

Cecilio Moreno Miércoles, 09 de Octubre de 2019 - 16:13
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Desde 1990 se han producido 27 conflictos entre los gremios de transportistas y los gobiernos. Históricamente, los dirigentes han tenido una relación de amor-odio con los regímenes de turno.
 
"Nuestra Federación, que agrupa a sesenta mil taxistas... considera prioritario salir en defensa de la gestión del compañero presidente Rafael Correa, que siempre apoya a los sectores organizados del transporte y a las mayorías del país”. Así anunciaba Jorge Calderón Cazco, dirigente nacional de taxistas, una condecoración al exmandatario.
 
Y agregó: “El gesto es en gratitud a los innumerables convenios firmados con usted como la autorización para el uso del gas automotriz, el plan Renova con y sin chatarrización, etc”.
 
Calderón, cuya licencia de conducir expiró tres días antes del paro, fue acusado de “paralización de un servicio público”. Él es parte de una docena de dirigentes del transporte que el 3 y 4 de octubre paralizaron el país en protesta por el aumento del precio de los combustibles.
 
El poder del volante
Durante la dictadura militar de los años 70, el costo de la vida se lo empezó a compensar con subsidios al combustible. El fin: evitar el incremento del valor de los pasajes.
 
Desde el regreso a la democracia, casi ningún gobierno se ha librado del tira y afloja con los transportistas. Por ejemplo, tras el gobierno de Febres-Cordero, su sucesor Rodrigo Borja elevó la gasolina en un 20 por ciento y ajustó las tarifas. Hubo reacciones populares, pero el gobierno no cedió y continuó con ajustes periódicos. Los roces con los transportistas se atenuaron tres años después con un subsidio compensatorio que era cancelado a través de las cooperativas.
 
Pero tres meses antes de la culminación de ese gobierno socialdemócrata, los choferes nuevamente paralizaron el servicio. El gobierno respondió con un decreto de movilización y con la captura de 50 choferes. En Machala los usuarios secuestraron tres buses, hubo heridos.
 
Durante el gobierno de Borja, consiguieron la exoneración de aranceles para un máximo de mil buses cada año.
 
Un estudio de Juan Pablo Chauvín, con el apoyo de la Flacso, concluye que “En este período, la influencia de los gremios del transporte en los entes de regulación era decisiva, y la capacidad del gobierno para llevar a la práctica sus decisiones era limitada”.
 
Con el gobierno de Durán-Ballén (1992-1996) se repitió la película. Apenas llegó al poder aumentó los precios de los combustibles, aclarando que se  mantendrían los precios del transporte ofreciendo compensaciones. La alegría duró poco. En octubre de 1992, Durán- Ballén enfrentó una primera huelga de transportistas cuando estos no aceptaron la “tarifa estudiantil”. En ese período se reformó la Ley de Tránsito donde, recuerda el académico Chauvín: “Los transportistas privados adquirieron una mayor influencia en el Consejo Nacional de Tránsito y lograron evitar el endurecimiento de las sanciones”.
 
Con Fabián Alarcón consiguieron frenar los aumentos y lograr exoneraciones tributarias y facilidades de importación.
 
La crisis económica que enfrentó Mahuad en 1999 avivó la protesta de los choferes. A medida que se devaluaba el sucre, las tarifas se ajustaban y la conflictividad aumentaba. En enero de 2000 los transportistas colaboraron con las protestas que terminaron derrocando al régimen en pleno estado de emergencia.
 
El presidente Noboa, que recibió un país dolarizado, tuvo que ajustar los precios internos. En este gobierno el conflicto llegó a los tribunales. Tras un aumento de tarifas, el Defensor del Pueblo demandó la inconstitucionalidad de la medida ante un juez de Pichincha.
 
Mientras en Guayas otro juez tramitó una demanda similar. Y mientras un juez suspendía el aumento de tarifas, el otro lo ratificaba. Para variar, la pelea la ganaron los choferes. Y para no perder la costumbre, un año después fueron por otro aumento.
 
El poder que habían demostrado ante el Ejecutivo, también fue evidente ante el legislativo. A principios de 2001, una reforma tributaria intentó obligar a los transportistas a llevar contabilidad y a que paguen Impuesto a la Renta. La norma no pasó.
 
Con el coronel Lucio Gutiérrez virtualmente hubo luna de miel. El mandatario creó una subsecretaría de transporte cuyo primer titular fue el hermano de un dirigente.
 
 
Tiempos de revolución
Con la Revolución Ciudadana varios dirigentes no dudaron en aparecer en campañas electorales vestidos de verde o de inscribir a familiares como candidatos. En Manta, por ejemplo, Estefanía Macías fue concejala de PAIS en 2014.
 
En su hoja de vida aparece como empleada de la Federación de Transporte Pesado, Fenacotrape. Su padre, Carlos Macías Zabalú, es líder de ese gremio.
 
Durante el correísmo importaron vehículos sin impuestos, recibieron compensaciones, consiguieron que no se les retire las licencias a quienes hayan perdido los 30 puntos, entre otras canonjías. A cambio movilizaron simpatizantes a las sabatinas o a cualquier otro acto masivo de los que frecuentemente se organizaron durante una década.
 
En 2015, en el coliseo Rumiñahui de Quito, transportistas de todo el país apoyaron al régimen que enfrentaba un momento de baja popularidad. Mientras tanto, un pedido hecho público por el Mandatario tras varios accidentes fatales, nunca fue cumplido. Era el control de velocidad mediante sistemas a bordo de cada unidad. La tasa de mortalidad en las vías es la segunda más alta de Sudamérica. Una regulación que limite las horas laboradas por los conductores tampoco pudo ser tramitada. Ellos continúan con saldo a favor. 
 
 
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