Los aportes ilegales de Alianza PAIS | Vistazo

Los aportes ilegales de Alianza PAIS

María Belén Arroyo | [email protected] Viernes, 16 de Agosto de 2019 - 14:35
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La Fiscalía General vinculó a 22 personas en la trama de sobornos. Empresarios, ministros del correísmo, asambleístas en funciones y el binomio que gobernó entre 2013 y 2017, formado por Rafael Correa y Jorge Glas, constan en la lista.
 
“Los muertos no colaboran”. Ese mensaje amenazante apareció en el domicilio donde vivió Laura Terán, una figura clave para desentrañar la trama de sobornos durante el correísmo. Varios disparos en la madrugada del jueves 25 de julio despertaron a los vecinos. Ella ya no vive ahí, está privada de su libertad. La finalidad era amedrentarla.
 
Esa misma tarde, la Fiscalía General del Estado vinculó a 22 personas en la trama de sobornos 2012-2016. ¿Están todos los que son? Nombres de empresarios, ministros del correísmo, asambleístas que actualmente siguen en funciones, y el binomio presidencial de 2013 a 2017: Rafael Correa y Jorge Glas aparecen entre los llamados para rendir versiones sobre su posible participación en el esquema.
 
Más de 15 millones de dólares se movieron en el entramado de pagos por parte de empresas privadas a altos cuadros de Alianza PAÍS. Una parte llegó en efectivo, en sobres. Otra cantidad, en cambio, fue cubierta mediante facturas por servicios que requirió la organización política. En retorno, las empresas recibieron contratos del Estado. 
 
Cuatro kilómetros y medio, que por el tráfico quiteño se recorren en más de 20 minutos, separan el Palacio de Carondelet del edificio donde se organizaba el esquema de sobornos. 
 
Uno de los vinculados es Rafael Correa, quien en los documentos aparece como SP. Estas siglas dieron las primeras pistas a la fiscal que inicialmente conoció el caso, Ruth Amoroso. La sospecha fue confirmada por una ex asesora presidencial: Pamela Martínez, quien llegó a Carondelet casi al inicio del correísmo. Llegó a ser vicepresidenta de la Corte Constitucional hasta agosto de 2018.
 
Martínez, en su primera declaración en mayo pasado, no recordaba nada. Acababa de llegar al aeropuerto de Guayaquil cuando se enteró de la divulgación del sistema para esconder los aportes ilegales. Decidió no salir del aeropuerto y tomar el primer avión hacia México, pagando una multa de 1.800 dólares para que adelantaran su viaje. Pero fue detenida.
 
Un mes después sus recuerdos se despejaron. La Fiscalía encontró un registro manuscrito de sus actividades en la Presidencia de la República. En la página nueve de un cuaderno se lee:
 
“Me han señalado fecha de despacho con S.P; preparar. Cuadro de atención ciudadana en temas de salud, laboral, ayuda humanitaria, educación, Solo tengo 10 minutos”.
 
En la siguiente página, cuenta qué pasó en esa reunión.
 
“Despacho con SP: 1. Pide más celeridad en atención ciudadana. 2. Autoriza, dentro de lo prudente, presionar a responsables sobre los requerimientos ciudadanos. 3. Da nueva instrucción.
 
Tiene ‘dudas’ sobre reporte de gastos presentado por R. Patiño en último proceso electoral. Dispone registrar los gastos electorales de A. P. para ‘contrastar’”.
 
Quién conocía todo
Ante el hallazgo de esos manuscritos, admitió a la Fiscalía que fue el propio Correa quien dispuso que llevara registro de las empresas que entregaban dinero para las campañas, en qué se usaban esos recursos y quiénes eran los responsables.
 
El ex Mandatario tenía una obsesión por estar informado de todo. A su casa en Monteserrín llegaban antes del amanecer los ejemplares de la prensa escrita y un resumen con las principales noticias; reacciones en redes sociales; recomendaciones de sus colaboradores cercanos a través de chats.
 
Los lunes dejaba un espacio en su agenda para reunirse con los jefes de la Secretaría Nacional de Inteligencia. También mantenía sesiones permanentes con los Secretarios de Transparencia, una entidad que él creó en 2008 para vigilar e investigar casos de corrupción en el Ejecutivo, pero degradó en 2013, convirtiéndola en una subsecretaria adscrita al Ministerio de la Política. 
 
Martínez dijo a la Fiscalía que recibió el encargo para manejar el sistema en 2013. Pero en sus archivos se encontraron movimientos y transacciones para la consulta popular de mayo del 2011; para financiar la elaboración de grafittis del 2012, entre otros gastos para AP. Lo que hace pensar que el sistema empezó años atrás.
 
El registro fue detallado. Nada se pasaba a los ojos de Pamela Martínez y de su asistente Laura Terán. Registraban cada centavo que se distribuía sin importar si era en físico o mediante el pago a proveedores, a veces, con facturas adulteradas.
 
Hasta ahora, el Servicio de Rentas Internas ha detectado la participación de 57 personas naturales y 97 sociedad comerciales involucradas. 
 
Las dos colaboradoras dejaron las oficinas del edificio La Unión, ubicado en la parte posterior del Palacio de Carondelet, para trabajar en el edificio Concorde, en la avenida 12 de Octubre, donde tenían privacidad y estaban lejos de miradas curiosas. El centro de operaciones operó ahí, a 4,4 Km de distancia del Palacio de Gobierno: en una oficina se repartía el dinero en efectivo para los gastos de campaña, como lo reconoció Gustavo Bucaram, uno de los funcionarios de la Secretaría de la Política, quien trabajó junto a Viviana Bonilla. La hoy asambleísta niega enfáticamente la existencia de la trama y asegura que se trata de acusaciones sin fundamento, motivadas por el odio.
 
Otro de los asiduos visitantes fue el exejecutivo de Odebrecht, Geraldo de Souza, quien ratificó a la Fiscalía que entregó sobres en la oficina. Allí se instaló una caja fuerte para tener el dinero a buen recaudo. Mientras tanto Laura Terán llevaba el registro de todos los movimientos. Aparecen nuevamente las siglas SP para supuestamente confirmar el pago para la contratación de cantantes para su cumpleaños en 2015; para solventar la supuesta campaña ciudadana para su reelección, Rafael Contigo Siempre, entre otros.
 
Correa aseguró que él nunca supo ni permitiría un sistema de sobornos. Por la trascendencia del proceso está en manos de la Fiscal general.
 
Parte de la investigación es el entramado de colaboraciones (diezmos) que los funcionarios públicos aportaban para el funcionamiento de la organización política correísta, con la venia de SP.
 
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