La receta del soborno verde | Vistazo

La receta del soborno verde

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La receta del soborno verde

María Belén Arroyo | [email protected] Jueves, 23 de Mayo de 2019 - 12:36
Hasta hace ocho meses era la Vicepresidenta de la Corte Constitucional, cargo al cual llegó en 2015, tras recibir la nota de 100 / 100, en un concurso cuyas preguntas ella misma elaboró tres años antes. A inicios de mayo, la justicia dictó prisión preventiva en contra de Pamela María Martínez Loayza, abogada y ex poderosa asesora de la Presidencia, durante el mandato de Rafael Correa Delgado.
 
Al cierre de esta edición se encuentra detenida, al igual que Laura Terán Betancourt, también excolaboradora del correísmo, para investigaciones frente a denuncias sobre su posible participación en una compleja trama de sobornos entre 2013 y 2014. 
 
El primer fin de semana de mayo, la Fiscalía con ayuda de la Policía Nacional allanó siete inmuebles: dos domicilios y dos empresas en Quito; además de una casa, una empresa y un estudio jurídico en Guayaquil. Según confirmó la Ministra del Interior horas más tarde, el despacho de abogados que fue allanado tiene relación con el ex Secretario Jurídico de la Presidencia durante el gobierno pasado, Alexis Mera. 
 
Fue vicepresidenta de la Corte Constitucional, pero desde 2007 fue funcionaria del correísmo. En 2009, Pamela Martínez tenía unos 90 mil dólares de patrimonio.
 
Un informe periodístico de los portales digitales Mil Hojas y La Fuente puso al descubierto un entramado de aportes por parte de firmas transnacionales, contratistas del Estado, a figuras prominentes del movimiento Alianza PAÍS, con Martínez a la cabeza. 
 
Los periodistas Christian Zurita y Fernando Villavicencio, responsables de ambos medios digitales, no explicaron cómo accedieron a cuentas de correo electrónico en el curso de su investigación periodística. Lo cierto es que a inicios de febrero de 2014, Martínez Loayza habría recibido un mensaje por parte de Laura Terán Betancourt. En él se incluía un adjunto, con el eufemístico título de Verde. El texto del mensaje hacía alusión a una receta de arroz verde.
 
El adjunto, un documento en Excell, habría sido un informe de los pagos –en claves- a figuras destacadas del correísmo, con el entonces Vicepresidente Jorge Glas a la cabeza, además de altos cuadros del Gobierno, entre ellos, Martínez Loayza.
 
Para entonces, la jurista guayaquileña fungía de asesora presidencial. Ocupó este cargo sucesivamente desde el 16 de noviembre de 2012 hasta el 30 de octubre de 2015, cuando se aprestaba a posesionarse como una de las nueve juezas constitucionales. Tres años atrás, y sin dejar de ser asesora de Presidencia, había participado en la comisión que elaboró las preguntas para el concurso de jueces constitucionales. Eso explicaría porqué tuvo la nota perfecta en el examen: conocía el cuestionario. Así se posesionó en 2015 como jueza.
 
La Corte Constitucional fue cesada en agosto de 2018, en medio de las evaluaciones realizadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, transitorio. Esta fue una de las consecuencias de la consulta popular de inicios de febrero de 2018.
 
Dos formas de pago
 
El primero en dar pistas sobre los posibles cobros a cargo de la colaboradora cercana del entonces presidente Correa fue nada menos que su primo, Pedro Delgado. Sin embargo, Delgado se fue a un matrimonio en Miami y nunca más se supo de él. También tiene cuentas pendientes con la justicia.
 
En la investigación de los portales digitales, las coimas llegan a 11,6 millones de dólares, mediante un esquema de aportes voluntarios que incluye a la ya conocida firma constructora Odebrecht, cuyo código sería V7. SK Engineering y Construction (V8), Synohydro  Corporation (V14), Grupo Azul (V12), Telconet (V11), y China International Water and Electric Corp-CWE (V9), serían parte del esquema revelado. Dos constructoras nacionales, Sanrib y Fopeca, integrarían la trama, según el reporte.
 
 
La recaudación habría estado a cargo de Martínez Loayza y de Terán Betancourt. “El sistema reporta dos mecanismos de aportes: en efectivo 4,6 millones y a través del modelo de cruce de facturas 7 millones”. En este último esquema, las empresas multinacionales habrían cancelado los comprobantes de los proveedores de la campaña de Alianza PAÍS.
 
Precisamente, investigadores privados estaban tras la pista de este esquema, meses atrás, para entender porqué Odebrecht aparecía como cliente de una firma constituida en 2010, con el objeto de prestar servicios de asesoría consultora contable y jurídica. ¿Qué llamaba su atención?
 
En esta compañía anónima aparecían como enrolados dos hermanos de Pamela Martínez Loayza; el hijo de su primer matrimonio y su actual esposo, quien además preside el Colegio de Abogados de Guayas. 
 
A partir del 21 de marzo de 2013, y hasta abril de 2017, aparece Odebrecht como el principal cliente de la empresa. De hecho, en ese período la constructora brasileña pagó mensualmente entre 10 y 20 mil dólares a la firma consultora relacionada con el grupo familiar de Martínez Loayza.
 
En los registros de aportes a la seguridad social, aparece el esposo de Martínez con un sueldo mensual de 4 mil dólares. En cambio su hijo recibía un sueldo de 930 dólares, según esta investigación.
 
Otro detalle. Mientras presidió la Corte Constitucional el doctor Patricio Pazmiño Freire, el esposo de Pamela Martínez ocupó el cargo de asesor 2. 
 
Pero la investigación de ambos portales señala además nombres de presuntos responsables en la trama de sobornos. Mencionan que el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, habría facturado 265 mil dólares por concepto de servicios.
 
A los pocos días de la publicación, en el aeropuerto fue retenida para investigaciones la exvicepresidenta de la Corte Constitucional. Según su defensa, se violó el debido proceso.
 
Su esposo, Jimmy Salazar, calificó como un acto de persecución política la detención de la jurista. “Me ratifico en mi respaldo incondicional e irrestricto a mi compañera y esposa, a quien se pretende amedrentar e intimidar con fraudulentos procesos que lejos de buscar el equilibrio de la justicia, buscan utilizar a personas inocentes en un proceso de persecución instaurado contra determinados actores políticos del pasado”.
 
 
A Martínez se la investiga por posibles cargos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias en “concurso real de infracciones”.
 
Según Salazar, la búsqueda de “estériles venganzas personales no contribuyen a la creación de un Estado de derecho”.
 
Actualmente, Salazar dirige el movimiento político Justicia Social, por el cual corrió para candidato a la Prefectura.
 
Según el expresidente Correa, la denuncia responde a intenciones de desprestigio. Argumenta que si los pagos se produjeron desde 2013 y 2014, fueron tardíos porque él ganó las elecciones a inicios de 2013. Y advierte que los candidatos a las seccionales de 2014 eran, en su mayoría, representantes de la corriente morenista.
 
Lo cierto es que los ingredientes de la receta del soborno verde están a la vista. Corresponde a la Fiscalía ratificar la veracidad de los hechos.