La encrucijada minera | Vistazo

La encrucijada minera

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La encrucijada minera

Alejandro Pérez / [email protected] Miércoles, 19 de Junio de 2019 - 12:08
Con dos minas a punto de inaugurar la explotación a gran escala y otros dos proyectos con problemas legales y oposición de las comunidades, Ecuador debate su futuro en un conflicto que parece no tener puntos medios. De un lado, las posibles afectaciones ambientales; y del otro, una industria que generará ingresos por miles de millones de dólares que requiere el país.
 
El primer sábado de abril, cientos de indígenas y campesinos del Azuay ascendieron a Quimsacocha, un sitio ceremonial donde confluyen tres lagunas a 3.800 metros de altura en el austro ecuatoriano. Allí celebraron la victoria del “No a la minería” tras la consulta popular del 24 de marzo en Girón, uno de los 15 cantones de la provincia. Pero mientras unos celebraban en el páramo, otros se lamentaban más abajo.
 
Para subir a Quimsacocha hay que pasar por los dos campamentos de la empresa canadiense INV Metals a cargo del proyecto Loma Larga, de donde se planea extraer 2,2 millones de onzas de oro durante los 12 años de vida útil que tendría la mina. Ese día, los guardias de la compañía, también campesinos de las comunidades aledañas, miraban con resignación pasar a sus vecinos. “No se dan cuenta que la minería genera trabajo”, se lamentaban.
 
Se calcula que explotar Loma Larga generará 564 millones de dólares en impuestos al Estado y regalías para obras de infraestructura, mientras quienes votaron por “No” temen la posible contaminación de fuentes. Esta es la encrucijada en la que se encuentra el país, con otros proyectos que intentan insertar al Ecuador en la minería a gran escala.
 
Hace unos veinte años empezaron las exploraciones en Quimsacocha y sus alrededores, y es el mismo tiempo que la comunidad está dividida. “Aquí no hay fuentes de trabajo. La empresa ha demostrado ser responsable con el ambiente. Reforestamos el bosque, tenemos una granja ecológica. Los que se oponen dicen que vivamos de la agricultura y ganadería pero no todos tenemos tierras”, dice un empleado de la mina que prefiere no dar su nombre.
 
Patricia Mogrovejo, una de las lideresas antimineras, discrepa: “No se trata de esperar que el trabajo caiga del cielo; debemos cuidar las fuentes de agua”.
 
Aunque, en niveles diferentes, el conflicto es denominador común en los cinco proyectos de minería a gran escala que impulsó el correísmo con la etiqueta de “estratégicos”: Loma Larga y Río Blanco, en el Azuay; Fruta del Norte y Mirador, en Zamora Chinchipe, y San Carlos Panantza, en Morona Santiago. Ahora Lenin Moreno intenta que lleguen a buen puerto y desarrollar otra docena de minas.
 
Para analistas como Walter Spurrier, la minería es un “as bajo la manga” para no depender enteramente del petróleo y generar una industria sostenible a largo plazo. Según cifras del Banco Central, la pequeña minería, artesanal e ilegal, generan alrededor de 1.000 millones de dólares. Se estima que los grandes proyectos, para el 2021, representen más de 4.000 millones, lo que significa el 4 por ciento del PIB.
 
“Es la oportunidad para una nueva industria de exportación. La última fue en 1990 cuando empezamos a exportar flores”, explicó el viceministro de Economía, Santiago Caviedes. El argumento macroeconómico: los 3.800 millones de dólares en inversión en los próximos tres años, más las exportaciones del mineral por 3.600 millones y que iniciarán a fines de este año en Fruta del Norte y Mirador, permitirán apuntalar la balanza comercial y sostener la dolarización.
 
“Lo mismo nos ofrecieron con la explotación petrolera y no hubo cuidado de la naturaleza ni desarrollo en las comunidades. Nuevamente quieren enriquecerse unos pocos”, dice Yaku Pérez, nuevo prefecto del Azuay e impulsor de la consulta en Girón, quien ofrece llevar la consulta a nivel provincial e incluso nacional para detener la minería a gran escala.
 
 
Zonas de conflicto
La consulta no detiene el proyecto Loma Larga. Tenía planeado construir la planta de procesamiento en Girón; ahora la empresa analiza edificarla en el cantón Cuenca donde está el yacimiento, o en San Fernando. Pero, si la consulta es llevada a otras jurisdicciones y se detiene la minería, INV Metals podría demandar al Estado por los más de 60 millones de dólares que ha invertido y los daños causados, anuncian sus voceros.
 
Y esta es una cifra menor en comparación con los proyectos más avanzados: Mirador que lleva más de 1.300 millones invertidos, y Fruta del Norte con más 600 millones..
 
El páramo de Quimsacoha es como una esponja de agua. Se escucha cómo por debajo del verde y amarillo de la vegetación circulan riachuelos. Éste se ha convertido en un símbolo de la lucha antiminera. Pero la industria asegura que agua limpia y minería no son excluyentes, con el debido uso de tecnologías y respeto de zonas protegidas.
 
 
Según los mapas  estatales, el yacimiento de Loma Larga, donde se construirá la mina, está a 3,5 kilómetros de distancia de Quimsacoha y 160 metros más abajo. “Es absurdo que se contaminen esas lagunas. Tendríamos que bombear el agua hacia arriba para hacerlo”, dice Jorge Barreno, gerente de INV Metals. Reconoce que sí habrá un impacto pero será mínimo, sin riesgo para el ecosistema.
 
Del otro lado, la bióloga Paola Granizo,  sostiene que el páramo de Quimsacocha es parte de la “Unidad Hidrogeológica Cañar, Cuenca, Girón” con causes subterráneos, de donde nacen los ríos Jubones, que desciende a la Costa, y Tarqui y Yanuncay, que van para la Amazonía.
 
“Según el estudio de la misma empresa minera, se generarán 5,5 millones de toneladas de relaves (residuos) que pueden filtrarse. Los minerales están en equilibrio en el subsuelo; al sacarlos y mezclarlos con otras sustancias se convierten en un cóctel explosivo”, dice la experta.
 
 
La discusión técnica puede ser larga. INV Metals dice que no usará cianuro para el procesamiento, ya que aquí se hará solo una parte del refinamiento de los minerales. “Usaremos elementos biodegradables y aprobados por las autoridades de control”, asegura el gerente de la empresa.
 
Al occidente de Azuay, en la parroquia Molleturo está el proyecto Río Blanco, a cargo de la empresa china Junefield Resourses. Hace más de un año la noticia fue la exportación de 330 toneladas de “mineral concentrado” a China, inaugurando la mediana minería en Ecuador. El plan era extraer 600 mil toneladas de oro en once años. Pero  se detuvo.
 
Un juez provincial falló a favor de las comunidades que demandan la ilegalidad del proyecto por no existir la consulta previa. El argumento en contra es que allí no existen pueblos ancestrales para haber hecho la consulta. “Nos oponemos al proyecto porque vimos cómo desaparecieron algunas lagunas y los causes de agua bajaban contaminados”, dice Onias Muevecela, quien, además afirma estar procesado judicialmente porque en mayo de 2018 él, y otros dirigentes de Molleturo bloquearon las vías.
 
A un par de kilómetros del campamento está la pequeña comunidad de Chaucha, donde la mayoría de sus habitantes respaldan la explotación. “No estamos a favor o en contra. Este proyecto es supervisado por el Estado para que no haya contaminación o abusos, y si algo está mal, nosotros también denunciamos”, dice Johel Cabrera. Este joven trabajaba como operario de maquinaria en Rio Blanco. Tras la suspensión de la mina, retornó a las actividades agrícolas con su familia.
 
El nivel de conflicto en esta zona llegó al extremo de agresiones físicas entre vecinos. Ahora prefieren usar caminos por donde no se crucen entre ellos.
 
 
Escenario post-consulta
Para el ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez García, ningún proyecto está descartado: “Estamos comprometidos para que se respeten los contratos con estas empresas que son serias y traen tecnología. No queremos demandas millonarias por intereses políticos de ciertos sectores”.
 
En 2008 c varias multinacionales abandonaron el país  tras el “Mandato Minero” que de la Constitución del 2008 que detuvo las concesiones. Al año siguiente, el entonces presidente Rafael Correa dio un giro e inició los “proyectos estratégicos” como una política de Estado.
 
En el norte del país, provincia de Imbabura, se asientan nuevas inversiones para seguir explorando los que serían los mayores yacimientos de cobre del país: Cascabel, cargo de inversiones australianas, y Llurimagua, en una operación conjunta entre la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami) y la chilena Codelco. 
 
Por años, Llurimagua también es un foco de oposición de las comunidades. Además, un informe de Contraloría determina que las empresas involucradas no constituyeron una compañía mixta y se aprobó un plan ambiental incompleto. Para el colectivo “Caminantes de Íntag”, esta es la oportunidad de suspender las actividades mineras.
 
 
Por su parte, la Enami firmó el contrato de empresa mixta en los días en los que salió el informe. Las empresas dicen sentir el compromiso del gobierno con la política minera y estos eventos parecen no detener la actividad. 
Sin embargo, la consulta marcó un precedente: “Estamos organizándonos en los otros cantones y ojalá en otras provincias”, dice Jhonny Tapia, secretario de los Sistemas de Agua Comunitaria del Cantón Girón y opositor a Loma Larga.
 
Pero, si la iniciativa de la consulta se disemina, el gobierno tiene un as bajo la manga. En 2018, en una consulta a nivel nacional, Ecuador votó por la prohibición de actividades mineras en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. “Con esto no caben consultas a nivel local”, dice el ministro Pérez García.
 
Pero, el abogado Harold Burbano tiene otra opinión: “La consulta en Girón debe verse como un mecanismo de consulta previa a las comunidades, que allí no se hizo, por tanto, es legítima”.
 
A un paso de la explotación
En la Cordillera del Cóndor están los dos proyectos más grandes. De un lado, Fruta del Norte, a cargo de la canadiense Lundin Gold, que ha logrado superar casi toda oposición y convertir su gestión en la más exitosa. En el libro “Fruta del Norte. La manzana de la discordia”, Fernanda Solís, de la Universidad Andina Simón Bolívar, describe conflictos de desalojos originados por las empresas que estuvieron a cargo del proyecto en décadas anteriores.
Aunque la autora considera que Lundin es parte de las multinacionales que llegaron a despojar a las comunidades, la empresa logró crear una red de empleos y programas que han puesto a las comunidades de su parte. En Yantzaza, cantón donde está el proyecto, el 60 por ciento de su economía es por compras de Lundin Gold.
 
“Pero no solo lo que compramos, hemos visto y escuchado las necesidades de la gente. Potenciamos sus capacidades agrícolas, por ejemplo, con proyectos de desarrollo que sean sustentables a largo plazo”, refiere Winer Bravo, gerente de responsabilidad social de Lundin Gold.
 
A una hora por carretera hacia el norte está el proyecto Mirador, a cargo de la china Ecuacorriente, donde también la comunidad está fragmentada. Organizaciones como la Fundación de Asesoría de Derechos Humanos (INREDH) denuncia que los desalojos de comunidades indígenas no respetaron las normas. Esto puede revertir la operación. La compañía se ha limitado a indicar que el Estado le ha proporcionado todos los permisos.
 
Pero el debate de los recursos que tiene el país también alcanza otros matices: “El agua, los bosques, páramos, también son patrimonio de todos los ecuatorianos y tenemos el mismo derecho de cuidar estos ecosistemas”, comenta Jorge Brito, biólogo investigador del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio). Él está documentando la fauna de la Cordillera del Cóndor y del norte del país, donde están otros proyectos mineros, con la esperanza de registrar la riqueza natural.
 
En contraposición, varios frentes indígenas explican que su modo de vida no requiere de minería ni millones de dólares para subsistir. “Lo que saquen se van a llevar a las grandes ciudades, como hicieron con el petróleo. Luchamos por detener todo esto”, dice Luis Sánchez, líder antiminero de Tundayme, zona de influencia de Mirador.
 
No es un escenario fácil para ninguno de los dos bandos, es una encrucijada con varios matices que afecta sobre todo a las comunidades.
 
Minería ilegal
En los últimos meses Ecuador vio cómo grupos irregulares, vinculados al narcoterrorismo, se tomaron una parte del territorio de la comunidad de Buenos Aires, en  la provincia de Imbabura para extraer oro de manera ilegal. Las imágenes mostraron los cerros devastados y el agua contaminada. Lo mismo estaba pasando en Cielito, una comunidad más al norte, en la provincia de Carchi, pero las autoridades lograron detener la hemorragia. La minería ilegal no es un problema nuevo: en Nambija ha destruido parte del ecosistema y en Zaruma ha dejado la ciudad con una suerte de galerías subterráneas que amenazan derrumbarse.
 
Ante este panorama, la industria minera a gran escala intenta posicionarse como una alternativa. “Minería siempre va a existir, es mejor que se haga con tecnología”, se escucha decir en los foros mineros. A quienes se oponen a la actividad a gran escala, este es un discurso manipulador para dar paso al ingreso de multinacionales.
 
 
*Este reportaje fue realizado en una alianza entre Revista Vistazo y Mongabay Latam.