Jorge Rodríguez: “Un cartel nos gobernó diez años” | Vistazo

Jorge Rodríguez: “Un cartel nos gobernó diez años”

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Jorge Rodríguez: “Un cartel nos gobernó diez años”

María Belén Arroyo | [email protected] Lunes, 02 de Septiembre de 2019 - 16:42
Jorge Rodríguez Torres, economista, dirigió por cuatro años una organización de la sociedad civil que sufrió juicios desde el poder por combatir la corrupción. Ahora se separa, desencantado por los magros resultados.
 
No oculta su frustración. Estuvo cuatro años al frente de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA). Jorge Rodríguez Torres (Quito, 1945) explica las razones por las cuales dio un paso al costado, en una sociedad a la que califica de “adoradora de la impunidad”.
 
Recibe a Vistazo en su oficina en el norte de Quito. Cuando le preguntamos por el edificio donde trabajaba hasta hace unos años en su negocio privado, señala a lo lejos con el dedo índice. Muestra una torre que se construye en el mismo terreno. “Vendí además una finca para seguir dedicándome a tiempo completo en la CNA”.
 
P: ¿Su renuncia a la Comisión Nacional Anticorrupción le deja un sinsabor?
R: Pensé que con el cambio de Gobierno íbamos a tener apertura real para efectos de darle viabilidad a las denuncias que habían sido archivadas por Chiriboga (exFiscal). Nos dimos cuenta de que a pesar del esfuerzo para la consulta de febrero de 2018, pese a que algunas de las personas vinculadas a la Comisión fueron al Consejo Transitorio, y pese a los cambios en las cabezas de los organismos de control, la estructura siguió exactamente igual. No eran solo las personas incrustadas en los órganos de control, era también la legislación que impide cambios.
 
P: Volvamos más de 20 años atrás, hasta el nacimiento de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), en 1997. Se buscaba legitimar desde la institucionalidad pública la lucha. ¿No avanzamos nada?
R: Esa Comisión, yo le llamo las 4C, era un organismo estatal no gubernamental. La Comisión actual es una organización ciudadana que sigue disposiciones de la Constitución, dando facultades al ciudadano para que en forma individual pueda fiscalizar al poder público. Por eso es eminentemente ciudadana. En estos años, por más que en la  4C nos dedicamos a la prevención, el mundo cambió tanto a través de las tecnologías y el dinero se volvió un leitmotif en el sector público y en el privado. Se busca el efecto demostración, el carro último modelo y mejor que el del vecino. Ni siquiera la religión pudo detener la horda de truhanes que incursionó en el mundo público. Nuestra sociedad es adoradora de la impunidad, parece que hagamos lo que hagamos no va a pasar nada.
 
P: ¿Hubo un contagio sistémico?
R: Antes eran los banqueros rateros, ahora son los funcionarios públicos y los empresarios privados los que quieren meter la mano al bolsillo del Estado.
 
P: A mediados de 2015, por un mandato de organizaciones sociales se constituyó la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Cómo arrancó? 
R: La Comisión empieza a operar a mediados de julio de 2015 y presenta el primer resultado de las irregularidades en la obra Manduriacu en septiembre de 2015.
 
P: ¿Se esperaban el bumeran de la justicia?
R: Nunca esperamos una respuesta tan virulenta. Iniciaron acciones penales y una civil, sin embargo, hicimos otras denuncias sobre la Refinería del Pacífico, que en la Corte Nacional fueron declaradas como maliciosas y temerarias, abriendo el camino para nuevas demandas. La suma total de acciones penales contra la comisión llegó a 50 millones, cada denunciante pedía de uno a tres años de prisión para los miembros. Eso nos permitió entender que la justicia servía para darle gusto a un poder mafioso que había callado a las organizaciones civiles, que estaba desmontando el poder ciudadano.
 
P: ¿Se arrepienten de haber puesto plata y persona?
R: La CNA tuvo ofrecimientos de financiamiento nacionales e internacionales, pensamos que era indispensable mantener la independencia, autofinanciarnos. Mantener a la CNA significó abogados para desplazarse a provincias, pagar peritos en los juicios; el tiempo que dedicamos a defendernos. Hubo el patrocinio de abogados que no nos cobraron honorarios, cierto es. Pero no hemos permitido que ningún miembro utilice como trampolín político ni para su beneficio personal este trabajo.
 
P: ¿Qué papel tuvo la Comisión en la consulta?
R: Nos dimos cuenta que estaban contaminados todos los organismos del país. Pensamos hacer la convocatoria a una consulta, en la cual el Consejo de Participación Ciudadana pudiera evaluar extraordinariamente. Fuimos los primeros en plantear la consulta popular, en hablar de muerte civil para corruptos, en proponer la constitución de un ente transitorio, que en la práctica estuvo dirigido por un integrante de nuestra Comisión.
 
P: ¿Fueron partícipes del cambio entonces? ¿Actuaron con el Gobierno?
R: En resumen fue un contacto personal mío. Lenín Moreno nunca quiso reunirse con toda la comisión, me pidió reunirme con una comisión especial que él formó, yo no acepté. Temeroso de tener a la CNA en el Palacio, por una amistad de años con él nos reunimos.
 
P: ¿Fue un error haber caído en el engranaje de la institucionalidad?
R: Sí y no. A quienes entraron en instituciones públicas para ciertos cargos, ya no les permitimos volver a la CNA, incluido Julio César Trujillo. Si bien la CNA lo avaló, no podía volver a ella. 
 
P: ¿El Consejo transitorio se equivocó?
R: Nuestra evaluación es que el Consejo transitorio sí se equivocó con ciertos nombramientos, no había que cambiar a las personas solamente, sino cambiar las estructuras. El Consejo tenía tres facultades: lucha contra la corrupción, participación ciudadana y evaluación de funcionarios. Este último fue parcial, no evaluó a la Procuraduría del Estado ni a la Contraloría.
 
P: A pesar de que muchas voces críticas advirtieron que el Consejo transitorio se extralimitó en sus funciones, ¿Ud. dice que debía evaluar a todos?
R: Más bien no completó el trabajo que debía hacer. En cambio, le aplaudimos el impecable trabajo al nombrar la Corte Constitucional.
 
P: Sus detractores dirían que hubo un nuevo reparto de autoridades, y que la CNA entró en el reparto. Quien presidió el Consejo de Judicatura de transición salió de las filas de la CNA.
R: Pero le recuerdo que yo personalmente hice una crítica pública al trabajo de la Judicatura transitorio, que cometió errores graves que hicieron que se perdiera mucho tiempo en el cambio de la justicia.
 
P: ¿Cuáles fueron esos errores?
R: Las discrepancias internas entre sus miembros; sacaron resoluciones que debieron luego revisar, y no iniciaron la evaluación de los jueces. Perdimos tiempo. 
 
P: Críticos suyos dicen que usted quería tener parte en la justicia, porque su hijo es abogado litigante.
R: Primero, mi hijo es independiente de los casos. No tiene un caso que esté vinculado a la CNA. Segundo, su educación –de la que yo me encargué- le permite ver qué es bueno y es malo. Y sí, evidentemente hay mercenarios de la información que buscan el desprestigio.
 
P: ¿Pero se debe evaluar a los jueces?
R: Si no cambia la justicia, no cambia el país.
 
P: Ya con la distancia que da el tiempo, ¿qué errores hubo tras la consulta de 2018?
R: El tiempo fue demasiado corto. Julio César Trujillo accedió a una entidad que en primera instancia debió ser evaluada. Mantuvo la misma estructura en el Consejo de Participación transitorio, mantuvo ese sobrepeso en el cargo burocrático que venía arrastrándose. No dio cuerpo a las investigaciones anticorrupción y le faltó promover la participación. Al final, empezaron a dar velocidad al tema de las denuncias. Pero veamos que sí hay gente en entidades de control que piensan de manera distinta. Hablemos de la Fiscalía y la actual Fiscal. La estructura misma no le permite dar velocidad a los procesos. Fíjese en denuncias que hemos hecho. Hasta que llamen al reconocimiento de firmas y otros pasos, los funcionarios se reacomodan en la función pública, como en un baile de disfraces. Hay otro problema.
 
P: ¿Cuál?
R: Los cambios legales necesarios para evitar la impunidad. El Presidente envió a la Asamblea hace un año una Ley Anticorrupción. Qué tenemos ahora. Un Ejecutivo que quiere pasar de agache; un Legislativo con gente buena mezclada con mercaderes que negocian los votos. Y una justicia que está atada, porque en dos años de este Gobierno no se han logrado cambios fundamentales.
 
P: ¿Todos los jueces deben irse o la mayoría?
R: Hablemos de la Corte Nacional de Justicia. Por lo menos de 21 jueces, 13 deben irse. Unos por su origen, no apegado a las normas de selección. 
 
P: ¿Llegaron por la ventana?
R: Llegaron por la necesidad de ocultar los casos de corrupción del cartel que gobernó durante diez años. Del resto, sabemos que su rendimiento es deficiente.
 
P: ¿Un cartel gobernó los últimos años?
R: Un cartel que se financió con dinero de las FARC, que les permitió entrar. Que hizo leyes para que el cartel siga creciendo y que vayan a la cárcel las mulas, porque los burros y los elefantes están afuera.
 
P: Pero ese cartel puso como Vicepresidente al actual Presidente.
R: Lenín Moreno fue parte del Gobierno anterior. Hubo tres o cuatro círculos que se enriquecieron con el dinero del Estado, pero el tesorero fue quien le sucedió en la Vicepresidencia, que demostró capacidad para esconder la plata que se robaron.
 
P: ¿Su salida qué implica?
R: Nadie puede adueñarse de una organización. Lo segundo, la necesidad de que se entienda que el país necesita un cambio. Yo me he dedicado a tiempo completo estos cuatro años, puse lo que tuve en mis manos, aún gastando los ingresos que generé en el pasado, y he visto que los resultados están lejos porque no cambian las estructuras. Con declaraciones de cirugía mayor no llegamos a nada, si ahora mismo hay gente en la Asamblea que vive de las coimas.