Fiscalía vincula a segundo juez en supuesto soborno en Pastaza | Vistazo

Fiscalía vincula a segundo juez en supuesto soborno en Pastaza

Redacción Lunes, 18 de Noviembre de 2019 - 09:53
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La Fiscalía General del Estado vinculó al juez de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, Bolívar T., a la instrucción fiscal que se sigue por el presunto delito de cohecho en contra del juez Aurelio Q.
 
El juez nacional David Jacho determinó la aplicación de la medida cautelar de prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente los días lunes en la secretaría de la Corte Nacional de Justicia, además de la prohibición de enajenar bienes e inmovilización de cuentas bancarias.
 
Wilson Toainga, fiscal General del Estado subrogante, presentó en la diligencia, los elementos de convicción en los que se fundamentó para iniciar el proceso penal en contra de este ciudadano.
 
Este caso inició con base en la denuncia presentada por el juez de la Corte de Pastaza Jhon Álava, quien formaba parte del Tribunal que conocería, en apelación, la acción de protección negada en primera instancia por Aurelio Q., en el caso conocido como Río Piatúa.
 
Según la denuncia, Aurelio Q. le ofreció beneficios administrativos y económicos a fin de que ratifique la sentencia dictada en el caso. Es así que el 3 de septiembre, en un restaurante de la ciudad de Puyo, el juez Aurelio Q. habría entregado a Álava, dinero en efectivo que llevaba en el interior de una caja de licor. Además, habría existido otra funda con 18.000 dólares, que al parecer era para Bolívar T., quien también formaba parte del Tribunal que conocería la apelación.
 
La detención de Aurelio Q. se dio después de que el otro magistrado, quien lo acusó de intentar sobornarlo, alertara sobre la entrega de un maletín con dinero en el local. En un restaurante en Puyo, Aurelio Quito fue detenido con 40 mil dólares en efectivo y dos botellas de whisky con los que supuestamente intentó sobornar
 
Como elementos de convicción la Fiscalía presentó un registro de llamadas telefónicas, versiones, el reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias, y un informe técnico pericial documentológico.
 
 
El delito de cohecho está tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que señala “Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, que reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio económico indebido o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres años”.