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Estafa sobre ruedas

Alejandro Pérez / [email protected] Jueves, 24 de Mayo de 2018 - 11:45
No solo es la extorsión por más de 80 millones de dólares a transportistas que necesitaban cupos y permisos, sino también una estafa a los quiteños que, desde hace años, reclaman calidad en el transporte público.
 
La cita fue el 14 de abril de 2018 en un lujoso restaurante de Cumbayá, a las afueras de Quito. El presidente de la Cámara de Transporte y un alto funcionario del Municipio reservaron todas instalaciones para pactar una coima de 1,2 millones de dólares, de la cual se entregó un adelanto en ese sitio. No era la primera vez, pero quizá fue la última. Cinco días más tarde, la Fiscalía dirigió un operativo para dar con los cabecillas de esta red de corrupción: nueve detenidos, entre ellos los concejales Eddy Sánchez y Sergio Garnica.
 
Esa reunión quedó registrada en video. Fiscalía les seguía la pista meses atrás. La red habría recaudado 80 millones de dólares por varios procesos de regularización, permisos y subsidios para los transportistas profesionales, dirigidos desde las dependencias municipales. 
 
Cinco millones de dólares movidos en las cuentas de quien actuaba como gerente de Movilidad muestran que la extorsión fue exorbitante. Al menos 40 personas y empresas son investigadas en lo que sería una de las mayores tramas de corrupción del país, y algo que era un secreto a voces, según los comentarios que asedian los pasillos del Cabildo.
 
Fiscalía tiene 90 días para sustentar las pruebas de la acusación. De momento, los detenidos fueron liberados con medidas sustitutivas: grilletes electrónicos. Cheques, facturas, fajos de billetes, e incluso un arma, se decomisaron en 14 allanamientos realizados en oficinas y viviendas de los investigados.
 
¿Hasta dónde llegan los tentáculos de esta trama? Las investigaciones apuntan a la Comisión de Movilidad del Municipio de Quito, dirigida por uno de los concejales, que gozan de fuero de corte. Los otros detenidos son directivos de la Secretaría de Movilidad y de la Empresa de Transporte de Pasajeros (Trolebús): Fausto M., Andrea F., Mónica G., Xavier V., y Darío T. También el representante de la Cámara de Transportistas, José S.
 
Aunque el escándalo saltó por el proceso de regularización de taxis, hay otros temas que están bajo la lupa y dan cuenta del deterioro en la administración del transporte público. Ni la empresa Trolebús se salva y se investiga un contrato por servicios de limpieza con la empresa SIAVA.
 
En abril de 2013, este contrato se firmó en 1,3 millones, pero se acordaron modificaciones que triplicaron el monto inicial. En 2015, un examen de Contraloría ya concluyó que las autoridades inobservaron “las disposiciones que norman y regulan los contratos legales por precio fijo".
 
 
El subsidio de los 54 millones
 
Al parecer, las autoridades no tomaron en cuenta las alertas que se prendieron por todas partes. Otro de los temas investigados es el de las “compensaciones” a los buses. En 2015, el gobierno retiró el subsidio al transporte público y delegó esa competencia a los municipios. Guayaquil y Cuenca, por ejemplo, aprobaron el aumento del pasaje, pero el Municipio de Quito firmó un acuerdo para subsidiar a los buses a cambio de mantener las tarifas.
 
Era un “Plan de Compensación”, en el cual los buses que cumplieran ciertos requisitos de calidad en el servicio, serían subsidiados con un monto de entre 450 y 1.000 dólares mensuales, durante dos años. El plan contempló destinar 20,7 millones de dólares, pero, hasta junio de 2017, se pagaron 54,5 millones, según el informe de evaluación presentado ante la Comisión de Movilidad, firmado por uno de los detenidos.
 
“Estaba mal aplicado. Uno de los requisitos era no exceder el límite de velocidad. Les pagaban por respetar las leyes de tránsito”, dice Jéssica Jaramillo, abogada que conformó una veeduría ciudadana, desde el Observatorio de Movilidad, para verificar el cumplimiento del plan. “Se pagó el subsidio a buses que tenían infracciones de tránsito”.
 
Hace un año, el informe final de esta veeduría fue entregado al Concejo Municipal, al Consejo de Participación Ciudadana y a Contraloría.
 
El fiscal Fabián Salazar, encargado de investigar la red de corrupción al interior del Cabildo, confirmó a Vistazo que ya receptó las denuncias de víctimas de este proceso: dueños de buses a los que se les pedía 5.000 dólares para que no les quitaran los permisos de operación y el subsidio. Pero aclara que todavía está en etapa de investigación.
 
Jaramillo dice que con la información que la veeduría entregó a Contraloría se podrían formular cargos de responsabilidad penal y administrativa. Pero lo más grave es que el Municipio renegoció el Plan de Compensación en 2017, por otros dos años. 
 
“El alcalde de Quito (Mauricio Rodas) no asumió el costo político del alza de pasajes y pateó el problema para la siguiente administración”, increpa Jaramillo. “Mientras tanto, el servicio empeora cada día”. Más de 1,5 millones de quiteños se trasladan diariamente en el transporte público.
 
Según las evaluaciones del Municipio, la compensación sí mejoró el servicio y, en 2018, asignó 18 millones de dólares como “inversión” para subsidios a los buses, según documentos oficiales.
 
Vistazo pidió la versión del alcalde Rodas respecto al tema, a través de su equipo de comunicación, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. En una rueda de prensa, dijo que aportará la información necesaria a Fiscalía y celebró que los funcionarios investigados hayan renunciado a sus cargos.
 
Problema amarillo
 
“Cuando Fiscalía me llame a declarar, entregaré el nombre del comisionado del Municipio que nos pedía 5.000 dólares para ponernos de nuevo en la lista”. David Chávez, dirigente de taxistas informales de la ruta “Nacionales Unidas- Carapungo”, dice ser uno de los perjudicados en el proceso de regularización de taxis de 2017.
 
Él, junto a unos 250 compañeros, se negaron a pagar la cuota que les pedían para legalizarlos y empezaron a denunciar desde octubre de 2017. Nadie les hizo caso. Chávez tenía la seguridad de ser aprobado, ya que fue uno de los rezagados del proceso de regularización de 2011. En ese entonces, el Municipio de Quito legalizó a 5.000 taxis, de un total de 8.500 aspirantes.
 
Para 2017 se esperaba legalizar a 8.693 unidades. Según estudios contratados por los titulares de la Secretaría de Movilidad, ese era el número de taxis que le hacían falta a Quito. “Yo fui la única que votó en contra de la regularización porque sabía lo que se venía”, dice la concejala Daniela Chacón (ex SUMA, ahora independiente). A su criterio, se abrió la puerta para crear un mercado negro de venta de cupos.
 
La alternativa planteada por Chacón fue que se permitiera la legalización de los servicios de Uber y Cabify. Además que el Municipio reduzca o elimine las regulaciones para que los funcionarios no abusen de su poder para pedir coimas.
 
Ahora el proceso se encuentra en el limbo. Según los estudios, la Secretaría de Movilidad debía recibir 13 mil carpetas, pero a última hora fueron 17 mil los solicitantes. “Uno de los requisitos era que cumplamos la condición de “históricos”, dice Chávez. “Yo soy histórico, estamos en esto desde el proceso de 2011 y nos descalificaron por no pagar”.
 
Ante la demanda de aspirantes, en noviembre de 2017, la Secretaría de Movilidad recomendó ampliar el cupo a 10.270 carpetas, tal como consta en las actas del Concejo Municipal. A estos se los calificó como idóneos. Muchos de ellos ya pintaron sus autos de amarillo, aunque todavía no se les haya dado el permiso.
 
El exconcejal y ahora asambleísta por CREO, Fabricio Villamar ya pidió un examen a Contraloría.
 
Nadie confiesa públicamente haber pagado. Las denuncias las guarda la Fiscalía para no entorpecer la investigación. Los delitos que se investigan son asociación ilícita, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y concusión.
 
Un taxista consultado por Vistazo, quien prefirió guardar el anonimato, dijo que el nombre de uno de los dos concejales investigados era como el “padre nuestro” en las reuniones del gremio.