El hospital de los sobreprecios | Vistazo

El hospital de los sobreprecios

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El hospital de los sobreprecios

Alejandro Pérez | [email protected] Miércoles, 26 de Diciembre de 2018 - 12:14
Un día antes de terminar la campaña electoral por la segunda vuelta en 2017, el entonces presidente Rafael Correa inauguró el Hospital General Marco Vinicio Iza, en Lago Agrio. “La inversión total ha sido cerca de 46,6 millones de dólares. Por fin los recursos quedan en el lugar donde se generó esa riqueza, en nuestra querida Amazonía”, dijo el exmandatario.
 
Lo que no mencionó fue que la obra inició con un presupuesto de 20 millones de dólares y que, a esa fecha, ya existían informes que detallaban irregularidades en la contratación. El Estado debía recuperar 15 millones de dólares, pero eran tiempos de campaña, de mostrar las bondades de las obras y no lo que había detrás.
 
Otra vista del hospital de Lago Agrio
 
Ahora, un informe borrador de Contraloría, leído el 21 de diciembre, detalla un proceso “sui géneris”, en palabras de los auditores, en el que a nadie le ha importado recuperar el dinero desde hace más de dos años.
 
En diciembre de 2012, el Servicio de Contratación de Obras (Secob) firmó el contrato para la tercera etapa del Hospital General Marco Vinicio Iza por 20,2 millones de dólares. La obra, a cargo de la Asociación Reconstea, debía terminar en un año, pero en diciembre de 2014, se terminó unilateralmente el contrato por incumplimientos. Una de las razones: la contratista debía tener al menos 21 técnicos y solo contaba con dos.
 
Incluso, se firmó un contrato complementario por 5,5 millones. Informes de fiscalización posteriores determinaron que había valores pagados en exceso y multas por cobran que sumaban más de nueve millones de dólares. El Secob debía recuperar el dinero.
 
Pero eso pareció no importarle a la anterior administración. “Por el cambio de diseño fue necesario terminar de mutuo acuerdo el primer contrato y suscribir uno nuevo”, explicaba el expresidente Correa en campaña. Ahora, la información que expone el examen borrador de Contraloría dice otra cosa.
 
A pesar de que ese primer contrato tuvo un avance físico del 57 por ciento, el Secob le adjudicó de forma directa la terminación de la obra a la Constructora Vicente Rodríguez por 19,9 millones. Con ese presupuesto la construcción del hospital parecía iniciar desde cero. Por si fuera poco, esta empresa también obtuvo un contrato complementario.
 
Fachada del Hospital de Ambato
 
Entre las conclusiones de Contraloría, por el segundo contrato, el Secob debe recuperar 5 millones de dólares. Varios rubros facturados ya habían sido construidos por la contratista anterior. Lo “sui generis”, dicen los auditores, es que al menos dos informes de 2016 ya detallaban estas irregularidades, y ahora la Contraloría lo certifica.
 
¿Corrupción? ¿Complicidad? ¿Mal uso de los fondos públicos? El ente de control emitirá el informe final en enero con los nombres y las responsabilidades administrativas y penales que tendrían los contratistas y los funcionarios que inobservaron estos procesos. De momento, el Secob no se pronuncia sobre el caso, ya que estos contratos fueron firmados en anteriores administraciones.
 
Los hospitales de la revolución
 
Pero que los hospitales contratados por el Secob y el gobierno anterior hayan costado más de lo planificado parece no ser novedad. Al menos eso se puede evidenciar en los mega hospitales construidos por la empresa china CAMC, que recibió adjudicaciones directas para cuatro hospitales en la Costa (ver recuadro).
 
CAMC justifica que los valores de los contratos complementarios y los retrasos se deben a cambios de diseño pedidos por el gobierno anterior. La Contraloría prepara informes sobre estas obras.
 
Fachada del Hospital de Monte Sinaí (Guayaquil)
 
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército también tuvo problemas en la construcción de los hospitales de la revolución. Los técnicos se encontraron con estudios deficientes y tuvieron que ampliar las construcciones con obras complementarias, lo que significo más recursos.
 
Todos estos incrementos fueron posibles, en parte, porque la Ley de Contratación Pública, emitida en 2008, permitía firmar contratos complementarios por hasta el 70 por ciento del precio incial. Una reforma emitida en marzo de 2017, cerca de finalizar el gobierno de Correa, estableció un techo de 15 por ciento para incrementos.
 
Fachada del hospital del Guasmo Sur (Guayaquil)
 
“La ley era demasiado permisiva y la reforma obliga a tener buenos estudios y limitar el uso de la figura de contratos complementarios”, explica Juan Francisco Díaz, profesor de la Maestría en Derecho de la Contratación Pública, de la Universidad Andina Simón Bolívar.
 
“¿Si ahora se puede terminar obras con el 15 por ciento de contratos complementarios, porque antes no? No estamos hablando necesariamente de corrupción, pero algo estaba fallando”, opina el experto.