El desencanto en las Islas Encantadas | Vistazo

El desencanto en las Islas Encantadas

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El desencanto en las Islas Encantadas

Alejandro Pérez y María Belén Arroyo Jueves, 19 de Abril de 2018 - 12:45
“Me iré el día en que me suban a un avión.” Hace 16 años, Lourdes Sánchez llegó con su hijo a Santa Cruz, una de las cuatro islas pobladas de Galápagos, separadas casi a mil kilómetros del Ecuador continental. Allí se reunió con su esposo, quien migró unos años antes a buscar mejores condiciones de trabajo. Al principio les fue bien, incluso montaron un restaurante y compraron un terreno donde construyeron su casa. Allí nació su segundo hijo. Pero ahora esta familia sufre la amenaza de ser devuelta al continente.
 
El drama de cientos de personas con “estatus irregular” se agudiza porque el Estado intenta apretar las tuercas de la ley que impide que cualquier persona se radique en el archipiélago. Hasta la década de 1980 se llamaba patrióticamente a colonizar el inhóspito territorio. Pero pronto la gente abarrotó las islas encantadas, Primer Patrimonio Natural de la Humanidad, por las oportunidades que ofrecía el crecimiento del sector turístico. En 1998, la sobrepoblación incentivó una política regulatoria.
 
El año anterior, Lourdes perdió la oportunidad de legalizar su estatus al dejar el trámite en manos de una abogada que le pidió mil dólares. Solo tenía que probar que su esposo llegó antes del año 2000 a Santa Cruz, y la familia recibiría el estatus de residencia permanente, pero la estafaron. La mujer a la que pagó nunca entregó los documentos a las oficinas del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, ente rector en las islas.
 
Notificada y con la amenaza de ser expulsada en cualquier momento, Lourdes consiguió que un amigo le otorgara un permiso de trabajo por un año, con el cual puede garantizar por este tiempo la estadía de sus dos hijos menores de edad. Sin embargo, uno de ellos está próximo a cumplir 18 años y corre el riesgo de ser expulsado.
 
Según información del Consejo de Gobierno de Galápagos, el año anterior fueron expulsadas 41 personas con estatus irregular, mientras otras 101 salieron de manera voluntaria. Sin embargo, quedaron 242 notificados: deben regularizar su estatus o abandonar las islas.
 
 
Ahora, el Consejo de Gobierno, liderado por la ministra Lorena Tapia desde hace ocho meses, actualiza las cifras y busca alternativas para que la gente con estatus irregular se vaya de manera voluntaria. Trabaja en un proyecto de créditos a los notificados para que construyan una casa o pongan un negocio en el continente. También ordenó una auditoría a todo el proceso de residencias y exclusiones que estará lista en unos tres meses.
 
Hay cuatro formas para llegar a Galápagos. La residencia permanente, para quienes llegaron antes del año 2000, y para sus hijos; la residencia temporal, para quienes van por contratos de trabajo; el estatus de transeúnte, sobre todo para funcionarios públicos; y los turistas, que pueden permanecer hasta 60 días, por año.
 
El riesgo del paraíso Galápagos es una especie de “sueño americano”. Allí, un albañil gana entre 700 y 800 dólares, mientras en el Ecuador continental el salario básico es de 386 dólares. Explicación: el costo de vida es más alto porque se abastece de mercancías del continente. Idealmente, cada producto en el archipiélago debería costar 80 por ciento más, pero una gaseosa o un yogurt duplican o hasta triplican su precio en las tiendas.
 
Pero la gente se las arregla, como Diego M., un joven de 23 años, de origen ambateño, quien llegó en 2013 detrás de su padre y sus dos hermanas que migraron a probar suerte. El joven sedica a trabajos en acabados de la construcción, lo cual le genera unos 800 dólares mensuales. Con sus dos hermanas paga un arriendo de 300 dólares por un pequeño departamento. El resto lo gasta en comida, ropa, sus estudios en un colegio nocturno, y le queda un poco para ahorrar.
 
Pero Diego conoce a mucha gente que prefiere vivir en condiciones precarias con el fin de enviar remesas al continente. La muestra: varias oficinas de cooperativas de ahorro y crédito de la Sierra tienen sus oficinas en Santa Cruz, que es la isla más poblada.
 
“Mucha gente inescrupulosa trae a personas del campo ofreciéndoles maravillas para pagarles sueldos bajos, y luego tienen que vivir a escondidas por temor a ser expulsados”, dice a Vistazo Daniel Proaño, director cantonal de Santa Cruz, parte del Consejo de Gobierno. Las islas son pequeñas y todos saben quién es irregular, pero las autoridades buscan nuevos mecanismos, como audiencias antes de la expulsión para no vulnerar derechos.
 
Como Diego, la mayoría llegó como turista. Estimaciones oficiales señalan que cuatro de cada 1.000 visitantes se quedan en las islas de forma irregular. Solo en el año 2014, por ejemplo, de 215 mil turistas, 863 no abandonaron las islas, y el número iría en aumento.
 
 
 
La mayoría está en Santa Cruz, la isla más poblada con más de 15 mil habitantes, que concentra más del 60 por ciento de las actividades turísticas. La gente que llega busca lo más barato para vivir.
 
En 2009, en esta isla se proyectó construir una urbanización con estándares ambientales, pero años después el barrio El Mirador se convirtió en una zona con escasa planificación. En 2012, la Dirección del Parque Nacional Galápagos sancionó al Municipio por emitir permisos de construcción sin licencia ambiental ni servicios básicos.
 
Recién en este año, el Cabildo espera entregar el sistema de agua y alcantarillado a la población de Santa Cruz. La obra ha demorado más de diez años, con un costo de 20 millones de dólares, según el vicealcalde Lenin Rogel.
 
El acelerado crecimiento desbordó la capacidad de planificación urbana. Actualmente, las redes de alcantarillado solo cubren a un 27 por ciento de la población de todo el archipiélago; el resto usa pozos sépticos.
 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, las cifras más remotas de la población de Galápagos datan de 1950, cuando su población era de 1.346 habitantes. Para el año 2000, la cifra creció a 17 mil y ahora son más de 25 mil. En las imágenes satelitales se puede apreciar cómo ha crecido la población. (Adjunto imágenes satelitales).
 
 
La encrucijada
 
La ecuación es sencilla. Mientras más turistas lleguen a Galápagos, habrá mayor demanda de servicios y, por tanto, mayor demanda de mano de obra que es requerida desde el continente. El año anterior las islas recibieron a 242 mil visitantes, según el informe anual del Ministerio de Ambiente. Eso significó un incremento del once por ciento con respecto a 2016.
 
Eso quiere decir que, cada día, entre turistas y residentes permanentes y temporales, más de 30 mil personas ejercieron presión sobre el ecosistema de las islas: consumo de agua, generación de basura, gasto energético, aguas servidas, y productos que llegan del continente con el peligro de introducir especies dañinas.
 
“En un estudio de 2014 ya planteamos que se debe congelar el número de turistas por al menos cinco años, porque a este ritmo podemos llegar a un punto de no retorno de pérdida del ecosistema”, explica Arturo Izurieta, director de la Fundación Charles Darwin, institución científica que opera en las islas desde hace casi 60 años.
 
Su propuesta es que en esos cinco años se pueda capacitar a la gente en un turismo más responsable y amigable con la fragilidad de las islas; además, mejorar la infraestructura turística existente y dotar de servicios básicos: eso permitirá mejores ingresos para los negocios existentes.
 
Según el Consejo de Gobierno, desde 2007 la oferta de alojamiento en las islas creció en 210 por ciento, pasando de 110 a 313 hoteles en 2014; algunos de ellos sin los permisos necesarios para operar.
 
“Galápagos necesita un turismo de mayor calidad y no de cantidad”, dice Izurieta. La idea no es nueva y en eso coinciden las autoridades estatales y municipales, pero el costo de frenar la entrada de turistas parece ser políticamente alto ya que nadie quiere dejar de ganar.
 
Congelar el número de turistas es una de las alternativas. En la última década la oferta hotelera creció en 210 por ciento.
 
En esta encrucijada de control de la población se encuentran Lourdes, Daniel y cientos de otras personas que nunca supieron bien cómo funciona Galápagos. El problema es que no paran de llegar. Hay anuncios de nuevas inversiones hoteleras que siguen atrayendo mano de obra, como lo publicó Vistazo en una entrega anterior.
 
“Si me echan, qué voy a hacer en el continente. Así me den un crédito, mi vida, mi casa, están aquí”, dice Lourdes. No se explica cómo el Municipio le dio escrituras de su casa, si eso no cuenta para el Consejo de Gobierno de Galápagos.
 
“Los muebles de mi casa son los que me han regalado los vecinos, porque si compro algo y me echan, no voy a poder llevarme nada”, relata la mujer de 43 años, proveniente de la provincia de Tungurahua. No pierde la esperanza de que le otorguen la residencia.
 
Para el joven Diego M. la situación es diferente. Sabe que no puede quedarse legalmente porque no llegó antes del año 2000. Sin embargo, espera no ser deportado antes de dos años, tiempo que le falta para acabar el colegio. Está ahorrando para salir al continente a estudiar diseño gráfico. El año anterior ya fue capturado en un operativo pero logró escaparse. Es irregular y sabe que si cae nuevamente, quizá no corra con la misma suerte.
 
“La publicación de este reportaje contó con el apoyo de Lincoln Institute of Land Policy y del IPYS".