El 48% de proveedores de insumos a hospitales no disponían de los permisos legales | Vistazo

El 48% de proveedores de insumos a hospitales no disponían de los permisos legales

Redacción Viernes, 22 de Mayo de 2020 - 10:10
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Empresas que se dedicaban, por ejemplo, a la venta de comidas y bebidas en cafeterías para consumo inmediato; o personas que se dedicaban a la venta de hamburguesas y helados; se habrían dedicado durante tres años a proveer de insumos médicos a los hospitales públicos del país. La denuncia salió de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim), que asegura el 48% de los procesos de adjudicación de insumos y dispositivos médicos los ganaron empresas o personas sin permiso de funcionamiento.
 
Según explicaron, la Agencia Nacional de Regulación y Control de la Vigilancia Sanitaria (Arcsa) emite una licencia que permite proveer de productos o servicios a los centros de salud, que incluso está estipulado en la Ley Orgánica de Salud. Sin embargo, entre esos años de los 898 proveedores, 433 no tenían aquel permiso. Cristina Murguetio, directora ejecutiva de la Asedim, puso de ejemplo de que para la contratación pública de reactivos de laboratorio, el año pasado ganó el proceso una empresa proveedora de servicios legales.
 
 
Durante la emergencia sanitaria, se ha denunciado algunos presuntos casos de corrupción. Por ejemplo, en la compra de mascarillas N95 a Almantop S.A. empresa que registra en la Superintendencia de Compañías que se dedica a la venta de comidas y bebidas en cafeterías. O en la de la compra de los kits alimenticios por parte del Servicio de Gestión de Riesgos a CamachoStore, un proveedor cuya dirección registrada es una vivienda particular abandonada.
 
El Servicio de Contratación Pública (Sercop) señaló que cada hospital o unidad de salud pública es contratante y responsable de revisar los requisitos y denunciar los incumplimientos. Según indican, no está entre las funciones de Sercop la vigilancia del permiso de funcionamiento de las empresas proveedoras. La responsabilidad caería en manos de la Contraloría y, en caso de confirmar irregularidades, de la Fiscalía.