Defensoría del Pueblo insta al estado a actuar en caso Furukawa | Vistazo

Defensoría del Pueblo insta al estado a actuar en caso Furukawa

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Defensoría del Pueblo insta al estado a actuar en caso Furukawa

Redacción Miércoles, 10 de Abril de 2019 - 12:41
La Defensoría del Pueblo emitió el primer informe de seguimiento sobre las acciones realizadas por las distintas instituciones del Estado dentro del caso de la empresa Furukawa Plantaciones C.A del Ecuador, catalogado como "esclavitud moderna". 
 
La DP hace énfasis en las omisiones resultantes e insiste en que el Estado ecuatoriano tiene la obligación internacional y nacional de intervenir a la empresa y garantizar los derechos humanos de las familias que viven y trabajan en las haciendas de esta empresa.
 
En este informe de seguimiento, insta una vez más a las  nstituciones del Estado ecuatoriano a cumplir con su máximo deber constitucional de respetar y garantizar los derechos humanos y, en consecuencia, cumplir con las recomendaciones y realizar acciones concretas y coordinadas tendientes a impedir que el proceso de servidumbre y precarización laboral continúe, y desde luego a sancionar a sus responsables. 
 
"Se convocó a una audiencia de seguimiento en la que se solicitó a las instituciones del Estado presentar con documentos de respaldo las  acciones realizadas en relación al presente caso", indica la Defensoría del Pueblo en un comunicado. 
 
En Los Ríos, la Defensoría del Pueblo mantuvo el pasado sábado 30 de marzo una asamblea con la preasociación “Esperanza de un Nuevo Amanecer”, con el objeto de actualizar la información situacional a partir del informe presentado, y del cierre y suspensión de las actividades que se han ordenado, indican. 
 
De acuerdo al informe, el Estado está obligado a realizar acciones de control a la empresa Furukawa Plantaciones C.A del Ecuador. Esto es, que el Ministerio del Trabajo tiene la obligación de aplicar el Mandato Constituyente No. 8 que prohíbe la intermediación y precarización laboral, y debe sancionar a la empresa de acuerdo con lo previsto en esa norma por cada uno de los trabajadores intermediados, tal y como lo ha hecho en los campamentos de Esmeraldas.
 
Una vez sancionada la empresa, deberá remitir la información al IESS, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, y a la Fiscalía General del Estado para que éstas instituciones cumplan con sus competencias legales: la inspección y sanción por la falta de afiliación a la seguridad social; la expropiación de tierras por la verificación de prácticas de precarización prohibidas por la ley; y, la investigación del posible cometimiento de delitos.
 
De su parte, el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador deben realizar las actividades de control a las que están obligados, y deben emitir las sanciones correspondientes en caso de que se verifiquen irregularidades tributarias, societarias y aduaneras. 
 
El Ministerio de Inclusión Económica y Social debe procesar de manera urgente un censo total de las familias y sus miembros que viven y trabajan dentro de las haciendas de la empresa para continuar con la asistencia humanitaria por la situación alimentaria y de acceso al agua que enfrentan las familias y sus miembros a partir del cierre y también para coordinar las acciones más adecuadas para garantizar el acceso a los derechos a la salud, a la educación y a la identidad de todas las personas.
 
"La Defensoría del Pueblo solicita que, al amparo del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, todas las instituciones remitan en el plazo de 3 días información específica adicional sobre el cumplimiento de las recomendaciones", indica el documento.