“Crisis del IESS no debería recaer en afiliados” | Vistazo

“Crisis del IESS no debería recaer en afiliados”

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“Crisis del IESS no debería recaer en afiliados”

Redacción Viernes, 12 de Abril de 2019 - 12:12

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La Defensoría del Pueblo expresó, a través de un comunicado, su preocupación por las declaraciones realizadas por el Presidente en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Paúl Granda López, en relación a una propuesta para aumentar la edad de jubilación, la cual se basa en el incremento de la esperanza de vida de las personas con el objeto de enfrentar la crisis de esta institución.
 
Ante estas declaraciones, la Defensoría del Pueblo ha manifestado que para resolver la actual crisis de la seguridad social, “es necesario enfrentar realmente los temas de fondo como el manejo de la institución, las inversiones, las obligaciones del Estado y de los sectores privados. De allí que en ningún caso se puede traspasar la responsabilidad de la crisis de manejo del IESS a los afiliados y afiliadas”.
 
De acuerdo con la institución, existen diferencias apreciables de esperanza de vida entre las personas. Destaca que generalmente los segmentos de la población de escasos recursos viven menos debido a los pocos ingresos con que cuentan para acceder a una alimentación saludable, a la salud, a medicamentos, y en general a una vida digna. “Por lo tanto, el aumento de la edad de jubilación es una medida que perjudicará a aquellas personas que socioeconómicamente son menos favorecidas”.
 
Un posible aumento del tiempo de contribución puede considerarse como una medida de carácter regresivo, según la Defensoría, considerando que tanto la Constitución del Ecuador, como los instrumentos internacionales de DD.HH. establecen la obligación del desarrollo progresivo de los derechos.
 
 
El pedido a las autoridades: 
La Defensoría del pueblo solicita a las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social:
 
- Asumir que cualquier proceso de reforma del sistema de jubilación debe partir del reconocimiento del derecho constitucional a la seguridad social y el cumplimiento de las obligaciones estatales de respeto, protección, cumplimiento y desarrollo progresivo y no regresivo del derecho, así como la aplicación de los principios de dignidad, igualdad y no discriminación, y la ubicación de las personas afiliadas en el centro de cualquier reflexión y decisión estatal sobre este derecho.
 
- Asegurar que el Acuerdo Nacional por la Seguridad Social esté enfocado en el tema de fondo, es decir, en garantizar una jubilación digna y contar con un modelo de previsión y protección de los derechos de los y las trabajadoras del sector público y privado, así como de los compromisos estatales y mecanimos de exigencia a sectores privados.
 
- Garantizar que dicho proceso sea transparente, que esté basado en un acceso efectivo a la información, y que asegure la participación de todos los sectores involucrados para generar espacios efectivos de diálogo, debate y acuerdos consensuados;
 
- Proporcionar a la ciudadanía los estudios y análisis realizados sobre la situación en la que se encuentra el Sistema de Pensiones del IESS, además de la información sobre las inversiones realizadas, las responsabilidades y las sanciones requeridas;
 
- Adoptar medidas legales de control y sanción para garantizar que los empleadores públicos y privados cumplan con las afiliaciones a sus trabajadores, pues con ello se estará asegurando el futuro de una pensión jubilar digna; y,
 
- Realizar una adecuada administración y control de los fondos de todas las personas afiliadas al IESS, previniendo que no se produzcan actos de corrupción. En caso de haberlos, realizar las acciones administrativas y judiciales necesarias que permitan la investigación, sanción y recuperación de los fondos sustraídos que les pertenece a todas y todos los afiliados a la seguridad social.
 
Desde el derecho:
El artículo 34 de la Constitución de la República reconoce a la seguridad social como un derecho irrenunciable de todas las personas y deber primordial del Estado. Además, este derecho ha sido reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Protocolo de San Salvador; y, la Conferencia Internacional del Trabajo, entre otros instrumentos internacionales que comprometen al Estado ecuatoriano.