Con las cartas sobre la mesa | Vistazo

Con las cartas sobre la mesa

Jorge Cavagnaro / [email protected] Miércoles, 08 de Mayo de 2019 - 14:10
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Ajustarse el cinturón. La receta que tiene el Fondo Monetario Internacional (FMI) se acopla a la realidad de cada país pero tiene una característica que se repite: sacrificio. Del Estado y de la sociedad, por supuesto. Reajuste de empleo público, reducción de subsidios, concesión de bienes públicos, aumento de impuestos, entre otros, son los caminos elegidos.
 
Hoy Ecuador debe casi 51 mil millones de dólares a instituciones locales (IESS, por ejemplo) y extranjeras (China, entre otras). Hace 10 años la deuda era menor a 15 mil millones, según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE). Es decir, creció 240 por ciento, mucho más que el crecimiento de la economía del país, que fue del 79 por ciento en el mismo lapso.
 
En 2014, con la caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar, arrancó el aumento de la deuda pública. Y se intensificó en los últimos años con necesidad de liquidez para cubrir el elevado gasto público no solo en inversiones (algunas discutibles), sino en gasto corriente: sueldos y salarios, subsidios, pago de deuda, entre otros.
 
La necesidad de financiamiento total de este año del Gobierno, además del déficit, es de 8.200 millones de dólares. Y allí es donde aparece el FMI, quien marca la cancha en la que deberá jugar el país si es que quiere recibir todo el financiamiento comprometido (4.200 millones del FMI y 6.000 millones de otros cinco organismos, durante tres años).
 
Este año recibiría 4.600 millones, el próximo serían 3.100 millones y en 2021 finalizarían con 2.500 millones.
 
 
Mal historial
La verdadera pregunta es si el Gobierno podrá sostener el acuerdo, ya que su mala reputación lo persigue. La relación con el FMI tiene más finales incompletos que desenlaces felices: de los 18 acuerdos ‘stand by’ no se cumplieron 12.
 
Si bien en 1957, durante el gobierno de Camilo Ponce Enriquez se da el primer acercamiento, recién cuatro años después se firma el primer acuerdo, con José María Velasco Ibarra en la presidencia. El último acercamiento con el FMI, previo al actual, fue cuando Mauricio Pozo dirigía la cartera de finanzas en el Gobierno de Lucio Gutiérrez. Se cumplió parcialmente porque varios ajustes se trabaron en el antiguo Congreso Nacional del Ecuador.
 
En la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea a mediados de marzo, el Ministro de Finanzas Richard Martínez señaló diversos pasos que acompañan este acuerdo, entre esos reducir los puestos del sector público con un ahorro de 500 millones de dólares. Agregó que esto ya estaba previsto antes de firmar con el FMI y que se apunta a una reducción, a 2021, de 1.000 millones en sueldos y salarios. Entre diciembre 2018 y febrero pasado se desvincularon cerca de 12 mil empleados públicos.
 
En 2018, más de 260 mil personas dejaron un empleo formal o adecuado (ingresos salariales iguales o mayores al salario básico, o que trabajan 40 horas o más a la semana). ¿Puede el sector privado reinsertarlos al mercado laboral? Algunos analistas creen que si se flexibiliza el sistema de contratación (por horas, eventuales, con periodos de prueba más largos, entre otros) sí es posible, mientras otros no lo ven viable.
 
En un documento de análisis del FMI, denominado Artículo IV, este organismo proyecta que la tasa de desempleo en 2019 será del 4,3 por ciento y que en 2020 llegará al 4,7 por ciento. Pero ya un reciente reporte del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (Inec) muestra que en marzo pasado el desempleo llegó al 4,6 por ciento. 
 
El Gobierno también busca reducir el gasto en subsidios en los próximos dos años, entre esos de combustible, aunque dicen que no a través de ajustes en los precios sino porque se espera un precio menor de barril del petróleo.
 
Otro aspecto revelado es el tributario, es decir los impuestos; este año prevén recaudar 1.400 millones más en este rubro. Martínez indicó que en octubre enviarán una reforma tributaria que genere mayores eficiencias en la recaudación. Hay certezas y presunciones en este tema: se señala que el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) se reducirá gradualmente; y no se descarta ni se confirma un aumento en el IVA.
 
Sobre la carta de intención solo se conoce lo revelado por el Gobierno. La Defensoría del Pueblo realizó un pedido de acceso a los contenidos y anexos del acuerdo, que fue denegado por una jueza constitucional.
 
 
Opiniones encontradas
Si firmar con el FMI fue lo correcto sigue en discusión. Mauricio Pozo, ex Ministro de Economía y Finanzas, quien realizó el último acuerdo previo al actual en el Gobierno de Lucio Gutiérrez, señala que hacerlo le da credibilidad al país para acceder a financiamiento con mejores condiciones. Similar opinión tiene Alberto Dahik, ex vicepresidente del Ecuador, quien cree que esto debió hacerse ya en 2015. “En esa época dije que no había otra forma para salir de esta situación que acudir a los organismos multilaterales (como el FMI)”.
 
Mientras otros analistas consideran que éste no era el único camino. Por ejemplo Gabriela Calderón, investigadora de El Cato Institute, señala que las reformas pudieron implementarse antes con o sin participación del FMI. “Este organismo (FMI) resuelve una necesidad de ingresos pero no necesariamente el problema de fondo que es una estructura estatal que conduce a un nivel de gasto insostenible”.
 
En la carta entregada al FMI en marzo pasado el Gobierno señala una reforma laboral “que ayude a reducir la informalidad e incremente la predisposición de los emprendedores y las empresas para contratar trabajadores y crecer”. La meta, señalan, es disminuir gradualmente los costos implícitos de contratación y generar incentivos para la creación de empleos.
 
Para Pablo Dávalos,  catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Puce), es un error. “De qué sirve que el préstamo del FMI sea con una menor tasa de interés si cuando envíes una reforma al código laboral tendrás un pronunciamiento sindical y hasta una huelga nacional que generará pérdidas importantes para el país”.
 
Dávalos cree que sería un error eliminar el 5 por ciento del Impuesto a la Salida de Dividas (ISD).
“Habría una fuga de capitales dada la recesión que vendrá”
 
En ese punto opinan distinto Dahik y Calderón. El primero señala que esas “supuestas grandes conquistas salariales y laborales que se dieron en los últimos años son las anticonquistas para quienes no tienen empleo o están en el subempleo”. Mientras ella asegura que la flexibilización laboral dará espacio a quienes hoy son excluidos del mercado formal por el alto costo implícito y explícito de ingresar al mismo. Y agrega que también sería idóneo eliminar el subsidio a los combustibles y compensar a aquellos con ingresos más bajos a través del Bono de Desarrollo Humano.
 
Para Byron Villacís, quien fue director del Inec, el acuerdo es un coctel económico negativo. Considera que desafortunadamente las autoridades ecuatorianas desconocen o son indiferentes a la historia de los efectos de las recetas del FMI. Entre los puntos negativos destaca que se debilitará el aparato estatal, y esto reducirá la cantidad de policías, jueces, profesores, médicos e infraestructura pública.
 
Dahik piensa lo contrario.
“Con eso hasta las hipotecas del Biess pueden titularizarse en el mercado internacional y traer divisas; o los Municipios pueden hacerlo con sus proyectos”.
 
¿Se cumplirá?
Si bien algunos se refieren al acuerdo alcanzado con este organismo como renunciar a la independencia económica (quienes analizan así pareciera que no miran China, al que Ecuador le debe más de 6.000 millones), otros lo ven como el único camino para reordenar el país.
 
La proyección del FMI es que este año exista un decrecimiento en la economía del Ecuador del 0,5 por ciento y en 2020 recién un incremento del 0,2 por ciento.
 
Alberto Dahik cree que si el acuerdo se cumple, el mercado internacional recibirá un buen mensaje y el Gobierno podría realizar una nueva emisión de bonos para reemplazar deuda. “No quisiera pensar en incumplir el acuerdo porque (…) se cerrarían mercados y eso implicaría ir a China a pedir dinero bajo cualquier término”.
 
El Secretario de Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, cree que el Gobierno la tendrá complicada. “No tiene mayoría legislativa y los partidos políticos están pensando en las elecciones; no creo que estarán de acuerdo en algunas medidas”.
 
Para él, las medidas son correctas pero siente que hay inmadurez en la sociedad para enfrentar este ajuste. “No entienden la gravedad de la crisis; lo más probable es que este Gobierno trate de sobrevivir hasta 2021, cuando entregue el poder”.
 
 
El actual Gobierno no tiene capital político, dice Pablo Dávalos, para sostener el acuerdo. “Algunos lo apoyan pero hasta cuando empiecen los problemas sociales y de liquidez”. Mientras Byron Villacís piensa que se lo cumplirá parcialmente porque históricamente se ha dado esto. “Ni siquiera podemos acceder a las condiciones del fondo”.
 
No siempre los acuerdos del FMI con los Estados son perfectos. Un ejemplo es Argentina, con quien firmó el primer acuerdo en junio del año pasado y otro apenas tres meses después. En ese caso, dice Gabriela Calderón, fracasó el gradualismo puesto que seguían negándose a realizar los ajustes de fondo al modelo heredado del kirchnerismo. “Aquí (en Ecuador) es muy probable que no se cumplan las metas fijadas”.
 
Por eso siente que el acuerdo servirá para que el Gobierno siga postergando las reformas y le deje la tarea más difícil al siguiente. “Cualquier problema se le echará la culpa al FMI y a quienes promovieron el acuerdo como única salida. Hasta venderán la idea de que se hicieron grandes reformas, cuando solo se ha firmado una carta con algunas buenas intenciones”.
 
Justo hace unos días, el FMI reveló su informe de las Perspectivas de la Economía y se refiere a un debilitamiento de la expansión mundial. La contracción del crecimiento se sentirá en el 70 por ciento de la economía mundial. Ecuador, Argentina y Venezuela son los únicos que la experimentarán en Sudamérica.