Caso Espinel: consejero de Judicatura rechaza suspensión de jueza | Vistazo

Caso Espinel: consejero de Judicatura rechaza suspensión de jueza

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Caso Espinel: consejero de Judicatura rechaza suspensión de jueza

Ecuavisa Martes, 24 de Julio de 2018 - 19:51
Tras la resolución firmada por el presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, de suspender a la jueza Paola Dávila por levantar la prisión preventiva del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, el consejero del organismo Juan Pablo Albán rechazó la medida.
 
Según Albán, ha mostrado su “indignación y oposición”. A criterio de Albán, la Judicatura no está “para meterse en las decisiones jurisdiccionales de los jueces, sí para castigar sus faltas disciplinarias luego de un debido proceso”.
 
La jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón Paola Dávila, dispuso el 7 de abril de 2018 la prisión preventiva contra Espinel dentro del proceso por lavado de activos. 
 
El exfuncionario es investigado por peculado y también le fue revocada la prisión preventiva.
 
La medida provisional estará vigente por 90 días y se la adoptó con base en una denuncia presentada por Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
 
“De acuerdo a la UAFE, la resolución de la jueza habría vulnerado la normativa que establece que la sustitución de medidas cautelares (en este caso la prisión preventiva) no cabe en delitos sancionados con una pena privativa de libertad superior a cinco años”, indica un comunicado de la Judicatura. 
 
La Unidad de Análisis Financiero cuestionó la decisión de la jueza Dávila de ordenar la sustitución de la prisión preventiva dictada contra el exministro de Inclusión Económica, investigado por lavado de activos, delito tipificado en el artículo 317, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal y sancionado con penas de 10 a 13 años de privación de libertad.
 
La resolución ordena que la copia de la denuncia de la UAFE y la suspensión se remitan a la Fiscalía General del Estado para que ese organismo inicie la respectiva investigación y determine la existencia de posibles delitos de acción pública.
 
Otros juristas también han reaccionado en contra de la decisión del Consejo de la Judicatura.