Cárceles del país, en eterna emergencia | Vistazo

Cárceles del país, en eterna emergencia

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Cárceles del país, en eterna emergencia

Alejandro Pérez | [email protected] Miércoles, 27 de Febrero de 2019 - 15:48
El Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, uno de los tres más grandes del país, debía alcanzar su máximo de capacidad en el año 2030, pero a cuatro años su inauguración ya tiene una sobrepoblación del 17 por ciento. El complejo de 82 hectáreas estaba preparado para albergar a 4.500 prisioneros pero allí pagan condena 5.300 personas, en condiciones deplorables.
 
En 2010, el entonces ministro de Justicia, José Serrano, declaró la emergencia en el sistema penitenciario para terminar con el hacinamiento. Se invirtieron cientos de millones de dólares en contratos de emergencia, es decir, sin concurso. La idea era readecuar las cárceles existentes y construir nuevas. El complejo de Latacunga, que arrancó con un costo 46 millones, terminó en 70 millones.
 
Los incrementos en los contratos se repitieron en la construcción de los grandes centros de Guayaquil y Turi (Cuenca), de los que se jactaba la Revolución Ciudadana como el nuevo modelo. Luego de casi diez años de declarar la emergencia, el sistema penitenciario tiene una sobrepoblación del 40 por ciento. Entonces, ¿qué falló en la cruzada revolucionaria?
 
 
Mientras en 2009 había 127 presos por cada cien mil habitantes, al año siguiente esa cifra creció a 157 y, así progresivamente, hasta 342 en 2018, según cifras del Ministerio Justicia de Derechos Humanos y Cultos.
 
En 2014, empezaron a operar las tres nuevas prisiones, con capacidad para más de cuatro mil personas cada una. 
 
Nada ha cambiado
 
En 2006, el investigador Jorge Núñez Vega ya demostró esta situación. En un estudio histórico determinó que el hacinamiento empezó en la década de 1990, luego de que Ecuador se sumara a la política anti-drogas que impulsaba Estados Unidos en la región.
 
Antes, y durante buena parte de la década de 1990, había menos de 100 presos por cada cien mil habitantes. En 2005, el 75 por ciento de detenidos en Quito y Guayaquil estaba relacionado a delitos con estupefacientes.
 
Núñez Vega alertaba a no caer en lo que se denomina como “populismo penal”, al pensar que la solución es construir más cárceles. Concluía la crisis del sistema penitenciario se debía a la corrupción interna en las prisiones, el hacinamiento y las violaciones de los derechos humanos. Pero a eso se llegó nuevamente.
 
Aunque las denuncias por lo que actualmente sucede al interior de los centros penitenciarios datan de tiempo atrás, recién en febrero de este año las cámaras de los medios de comunicación pudieron captar la realidad. Al mismo tiempo, se filtraron videos que demuestran la corrupción y falta de controles.
 
 
Una ambulancia con armas, drogas y mujeres ingresó al Centro de Rehabilitación de Guayaquil a finales de enero, burlando tres controles policiales. En otro video se ve a un guardia recoger en una funda de plástico “diezmos” a los reclusos de la cárcel de Machala. Y otro más, se muestra cómo, en Latacunga, un prisionero es golpeado por sus compañeros hasta sangrar, por no ceder a extorsiones. Y eso es solo una muestra.
 
Ricardo Camacho fue subsecretario de Rehabilitación Social hasta la segunda semana de febrero, cuando fue removido del cargo por permitir el ingreso de las cámaras y reafirmar el contenido de los videos filtrados. “No se podía esperar un minuto más para denunciar que allí dentro los presos viven en condiciones deplorables, que la emergencia decretada por el gobierno anterior fue un espejismo”.
 
Camacho propuso declarar nuevamente en emergencia el sistema penitenciario. “Pero esta vez no para construir más cárceles, sino para dotar de buenos servicios y capacitar a los guardias que no están preparados”. Denuncia que en Machala se construyó una escuela de formación para guardias penitenciarios que costó siete millones de dólares pero que quedó abandonada.
 
En 2013, luego de una fuga masiva de reclusos en el Penal García Moreno de Quito, InSight Crime, una organización internacional, elaboró un informe en el que se concluye que el hacinamiento hace difícil el control sobre los presos y esto “También hace que la corrupción sea más probable entre guardias que ganan solo 622 dólares al mes y que en ocasiones trabajan en malas condiciones y hasta con turnos de 24 horas”.
 
Lo que piden las autoridades
 
La defensora del Pueblo, Gina Benavides, pidió que se declare en emergencia al sistema penitenciario luego de confirmar que existe un 79% de hacinamiento en los 23 centros de rehabilitación social del país, sin contar con los 3 regionales.
 
"Es urgente intervenir los de Ibarra, Tulcán, Sucumbíos, Esmeraldas, Jipijapa, Guayaquil 1, Machala, Quevedo, Centro de Penitenciario de Privados de la Libertad Quito y el CAI Machala". Asimismo, confirmó 19 muertes de internos entre el 2018 y 2019 en las cárceles del país.
 
De acuerdo con el viceministro de Justicia, Julio Ballastares, el Estado busca el mecanismo para que los detenidos por apremio a nivel nacional sean trasladados a otros centros de detención donde no corran peligro.