¿Al cura Tuárez se le metió el Diablo? | Vistazo

¿Al cura Tuárez se le metió el Diablo?

Cecilio Moreno Miércoles, 11 de Diciembre de 2019 - 16:47
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Tras cambiar el púlpito por el servicio público, José Carlos Tuárez entró a una montaña rusa. Hace cuatro meses presidía el organismo bandera de una de las funciones del Estado, hoy cuenta los días en la Cárcel 4, acusado de asociación ilícita para ofrecer altos cargos.
 
Todo es aún muy confuso. Según la Fiscalía, el 13 de septiembre pasado se habrían reunido a desayunar en el Hilton Colón, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez; su asesor de confianza Mario Arnaldo Trejo y un tal Eduardo Cedeño Cortez.
 
Según consta en el extracto de la audiencia de flagrancia celebrada en Guayaquil: “Tuárez José le pregunta (a Cedeño) si estaría interesado por puesto público, esto es por la DAC o Aduanas, el primero le costaría cuatro millones de dólares y el segundo 26 millones”. La reunión habría sido una trampa en contra de los presuntos implicados.
 
En la investigación fiscal se adjuntan fotografías de esa reunión. Además, un audio grabado ese día fue revelado en un programa de televisión internacional. Quién se atribuyó haber hecho la denuncia inicial y, luego haber difundido ese audio fue el expolítico Fernando Balda. Uno de los detenidos, Trejo, ante el juez, dijo que Cedeño se presentó como colaborador de Balda.
 
33 detenidos
En la madrugada del 26 de noviembre, en varias provincias del país fueron detenidas 33 personas, 14 de ellos son o fueron funcionarios públicos. 
 
La lista empieza con José Carlos Tuárez Zambrano, exsacerdote dominico y fugaz presidente del Consejo de Participación Ciudadana, destituido por la Asamblea Nacional en agosto último. 
 
Fue defenestrado tras conocerse una serie de inconsistencias entre sus dichos y sus hechos. Inexactitudes en sus documentos de inscripción, uso de símbolos religiosos expresamente prohibidos para el cargo que ostentaba, declaración patrimonial con montos incompatibles con su única actividad profesional conocida, entre otras. Él fue aprehendido en casa de su madre, en su natal recinto El Rodeo del cantón Portoviejo.
 
Otro de los detenidos es quien fue subcoordinador nacional del CPCCS en tiempos de Tuárez, Mario Arnaldo Trejo. Ante el SRI, Trejo tuvo como actividad económica, hasta 2012, “alquiler de camiones sin conductor”. 
 
No menos llamativa fue la detención de Renata Jalkh Roben. Su hermano Gustavo, por muchos años presidió el Consejo de Judicatura y, antes, fue secretario particular del presidente Rafael Correa. Renata es propietaria de una fábrica de confecciones textiles que consiguió un contrato de siete millones de dólares para proveer de ropa a los privados de libertad, así como de sábanas y cobijas para los centros de rehabilitación.
 
Otro con prisión preventiva por este caso es Guido Vargas Ocaña, militante de Sociedad Patriótica y exprefecto de Sucumbíos. Vargas, quien antes fue asambleísta, inició el 2019 como candidato a la reelección. Pero en plena campaña fue destituido, acusado de usar vehículos de la prefectura para promocionar su nombre. En las urnas también perdió.
 
Un coronel de Policía en servicio pasivo y el director nacional de Procesos Electorales del Consejo Nacional Electoral no se quedan atrás y constan entre los 26 detenidos. Siete personas, fueron absueltas tras la audiencia de flagrancia.
 
Se tomaban nombres de personajes públicos como Gustavo Larrea y hasta de la primera dama, Rocía González. 
 
Quién con su declaración ha dado origen a este proceso, Eduardo Cedeño Cortéz, no está entre los detenidos. Es quien dice haber recibido la oferta de cargos en la aviación o en la aduana. Según la página del SRI, hay una sola persona con esos nombres en el país, quien no ha presentado declaraciones desde 2011.
 
Revisando antecedentes, encontramos que en 2012, un Eduardo Cedeño Cortez fue detenido en Esmeraldas en el operativo Resurgir. Entonces se encontró un cargamento de droga que salía de esa provincia y que habría tenido como destino final España. Cedeño vivía en Barcelona y se ufanaba de tener buenas conexiones con la embajada ecuatoriana ese país.
 
En el caso actual, el juez ha ordenado que prosigan las investigaciones y, la Fiscalía tendrá 90 días para sustentarla caso. Solo allí se ratificará o rectificarán las actuales sospechas.