¿Qué pide esa otra mitad de votantes? | Vistazo

¿Qué pide esa otra mitad de votantes?

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¿Qué pide esa otra mitad de votantes?

María Belén Arroyo | [email protected] Martes, 02 de Mayo de 2017 - 17:20
Una mezcla de desconfianza, descontento y hartazgo se expresó en las calles, las noches que sucedieron al balotaje del 2 de abril. Una escena tan inusual como una marcha ciudadana, pacífica, en pleno Domingo de Ramos, por las calles de Quito hacia el Consejo Nacional Electoral, CNE, fue parte de este fenómeno. Desde la óptica oficial, un grupo de ‘malos perdedores’, incapaces de aceptar la derrota electoral tras la segunda vuelta presidencial.
 
Las voces de protesta reflejaban el sentir de esa otra mitad. Ese 48,8 por ciento que no votó por la continuidad de la Revolución Ciudadana. Desconfianza. El principal aglutinante tuvo que ver con la forma en que actuó la autoridad electoral no solo en las horas posteriores al cierre de urnas, sino desde tiempo atrás. Su deliberado silencio cuando todo el aparataje del Estado, Presidente incluido, hacía campaña a favor del candidato de Alianza PAIS. Su indiferencia ante la marcada asimetría entre competidores, con el claro predominio del candidato oficialista. “El CNE no actuó como un organismo independiente, sino articulado a la lógica del proyecto político en el poder.
 
La única forma de quedar satisfechos con el resultado electoral es recontar todo. Hay una relación directa e inseparable entre la desconfianza ciudadana hacia el accionar del CNE y la propuesta de recontar todo; la demanda no es solo de la alianza CREO-SUMA, sino de buena parte de los ciudadanos”, asegura la jurista Solanda Goyes Quelal, coordinadora nacional de Mujeres por la Democracia. Esta abogada cuestionó, la noche del balotaje, que el CNE “hubiera transformado resultados provisionales en definitivos, contraviniendo el Código de la Democracia. El CNE salió cerca de las siete de la noche, más o menos, sin que estuviera el escrutinio, sin instalar las audiencias en los tribunales provinciales, y anunció un ganador”.
 
La teoría del apagón electoral, argumentada por CREO-SUMA, plantea que durante los 18 minutos en que la página web del CNE dejó de salir al aire, confluyeron varias irregularidades que “crean dudas insalvables sobre todo el proceso de escrutinio”. El binomio derrotado acudió a los recursos que contempla el Código de la Democracia para reclamar, objetar e impugnar los resultados del balotaje.
 
Al cierre de esta edición, la autoridad electoral se aprestaba a iniciar el reconteo parcial de 3.865 actas, que representan 1,2 millones de votos. El candidato de la alianza, Guillermo Lasso, sin embargo, se negaba a avalar este proceso, argumentando que constituía un “show” y una “farsa”.
 
 
La suma de los fraudes
“El resultado electoral fue el detonante, pero es síntoma de algo más, de un descontento global, un hartazgo al ver que el Presidente impone las reglas de la democracia”, advierte la jurista, catedrática y política María Paula Romo.
 
“La desconfianza no es gratuita. La idea del fraude es el resultado de una descomposición institucional de años”, escribió Romo. ¿Su fundamento? Al alterar balances para borrar la deuda del Estado con la Seguridad Social, al cambiar la metodología ofcial para ocultar la magnitud del problema del desempleo, el régimen acudió a una forma de fraude: la que contraviene a la verdad. Romo, quien participó en la redacción de la Constitución de Montecristi, sabe de qué habla cuando menciona que la institucionalidad está cooptada por el grupo gobernante. “La oposición hizo poco o nada para impugnar los procesos para el nombramiento de autoridades de control (Contralor y Fiscal, recién designados); ahora deberá buscar caminos para vigilar la renovación de tres miembros del Consejo Nacional Electoral, a mediados de este año”. El proceso estará a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en la práctica no es independiente del correísmo.
 
La calle mostró el cansancio frente a un modelo que concentra todas las funciones del Estado en el Ejecutivo. Rafael Oyarte, profesor en Derecho Constitucional, advirtió meses atrás que si Alianza PAIS llegaba a perder las elecciones, mantendría el poder real, en vista de que buena parte de los miembros de los organismos de control, justicia y orden constitucional cumplen sus cargos en períodos distintos al cuatrienio 2017-2021.
 
Contralor, Fiscal y Defensor del Pueblo actuarán hasta 2022 y 2023. “La idea de que los funcionarios fueran nombrados en base a un concurso de oposición y méritos no era mala… Pero el fn no era que esos funcionarios respondieran a los intereses de un grupo político”.
 
El triunfo electoral de Alianza PAIS consolida el nudo gordiano que ata la institucionalidad en función de los intereses del grupo que gobierna. ¿Se puede romper? Un camino sería, explica Oyarte, “incluir una transitoria en la Constitución para que todos los nombramientos se hagan nuevamente, esto requiere una aprobación de dos tercios de la Asamblea por tratarse de una enmienda y un año de espera entre primero y segundo debates; salvo que se haga por Consulta, que requiere un dictamen de la Corte Constitucional”. Ambas condiciones son difíciles –sino imposibles– en un Legislativo con mayoría gobiernista y una Corte afín al oficialismo. Otras demandas “Para el movimiento indígena, se trata de un gobierno ilegítimo.
 
 
El licenciado Moreno puede seguir con la mano extendida”, aseguraba a Vistazo la asambleísta Lourdes Tibán, dos semanas después del balotaje. Días antes, la Conaie reclamaba a través de un comunicado: “La democracia no se fortalece con un gobierno surgido sin la suficiente legitimidad”, y pedía resolver con total transparencia todas las dudas que despertó el proceso electoral. Para la asambleísta, las calles de las principales ciudades daban espacio a expresiones a favor de demandas libertarias y democráticas, “pero el reto es que abran espacio a las demandas de los sectores sociales que venimos combatiendo la criminalización de la protesta, que cuestionamos la política minera”.
 
A semanas del balotaje, por redes sociales se reactivaban las convocatorias. El estudio Latinobarómetro 2016 pudiera ayudar a entender este fenómeno. Ecuador es el país de la región con mayor nivel de autocensura en la población: solo el 34 por ciento de los encuestados declaró sentirse libre para criticar. (Por el contrario, en Uruguay, el 70 por ciento dijo tener libertad para expresar opiniones contrarias al poder). Lo que no se puede expresar en voz alta, lo que no escuchan las instituciones, se traslada a las calles. “El anonimato de la masa en las manifestaciones permite superar el miedo y expresar la crítica, entre otras cosas. En la crítica, hay castigo individual. En la protesta no”, concluyen los autores de Latinobarómetro.
 
Según el mismo estudio, Ecuador es el país donde la mayor parte de la gente (90 por ciento de entrevistados) se entera de temas políticos por medio de la televisión, y el segundo de la región por la importancia de la red social Twitter como medio de información política. Esos medios son los que usa el poder para satanizar a la otra mitad.
 
Miguel A. escuchó el enlace presidencial previo al domingo de resurrección. “Hablan de mano extendida pero insisten en dividir. Yo no voté por Moreno pero si se ratifica que es Presidente espero que él inaugure otra forma de gobernar. Me temo que el 24 de Mayo sea el último día del despotismo, y el primero de lo mismo”. María Paula Romo advierte que el Legislativo debe ser un espacio para debatir, confrontar e impugnar las tesis ofcialistas. Un reto para la oposición. “De confirmarse como presidente, Lenín Moreno hereda un aparataje, un Vicepresidente, pero también hereda una creciente desconfianza que le resta legitimidad”.