Piden llamar a embajador de EEUU por asilo a policía acusado
Diana Romero sábado, 21 enero 2017 - 08:21
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El fiscal general Galo Chiriboga, solicitó el 20 de enero a la Cancillería de Ecuador que convoque al embajador de Estados Unidos en Quito, Todd Chapman, para que explique sobre el anunciado asilo concedido al policía en situación de retiro Edgar V., acusado de crímenes de lesa humanidad.
La Fiscalía, en un comunicado, indicó que la solicitud obedece a que en días pasados, la defensa de Edgar V. había informado sobre el asilo a su cliente por parte del Gobierno estadounidense.
Ecuador ha pedido a Washington la extradición del imputado, pero hasta el momento no ha existido un pronunciamiento oficial de EE.UU. sobre la solicitud planteada en 2015, pese a "la gravedad que reconoce la comunidad internacional frente a los delitos de lesa humanidad", señala el comunicado de la Fiscalía.
Añade que el fiscal Chiriboga, mediante una carta al canciller del país, Guillaume Long, solicitó requerir al Gobierno de Estados Unidos la "resolución judicial con la cual se otorga el asilo político" a Edgar V. y una respuesta "frente al pedido de extradición".
Además, pidió que la Embajada de Ecuador en EE.UU. realice "todas las acciones necesarias para apelar la resolución que concede el asilo político a Edgar V., quien es requerido por la Justicia ecuatoriana para determinar su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad", señala el comunicado de la Fiscalía.
El denominado caso "Luis Vaca, Susana Cajas y Francisco Jarrín", en el que está presuntamente involucrado Edgar V., es el primero que se ha llevado a juicio en Ecuador por crímenes de lesa humanidad.
En ese caso, dice el escrito de la Fiscalía, "se evidencia que tres integrantes de la agrupación Alfaro Vive Carajo (AVC) fueron detenidos ilegalmente" en 1985 y luego trasladados a una unidad militar cerca de Quito, "donde fueron torturados, desaparecidos y violentados sexualmente".
La Fiscalía asegura que las autoridades militares y políticas de la época "conocieron y autorizaron estas acciones, pues respondían a una planificación al más alto nivel".
Los hechos se produjeron durante el gobierno (1984-88) del expresidente ya fallecido León Febres Cordero, un político conservador cuya administración es conocida por su "mano dura", aunque las autoridades de esa época investigadas han negado las acusaciones de haber cometido violaciones de derechos humanos.
