Comisión aprueba informe para Entidades de Seguridad
Diana Romero martes, 9 mayo 2017 - 07:39
Facebook
Twitter
Whatsapp
Email
Luego de varias horas de debate, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional aprobó este 8 de mayo de 2017 el proyecto del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. La aprobación del documento se hizo libro por libro, la propuesta contiene 4 libros.
La creación del Servicio de Protección Pública (SPP), contemplado en el libro III, concentró la gran parte del debate al interior de la comisión legislativa, sobre todo el uso de armas por parte de quienes integrarían dicho Servicio de Protección Pública. Algunos miembros de la comisión consideran inconstitucional la creación de esta agrupación con personal civil.
El legislador Diego Salgado, uno de los integrantes de la comisión, quien votó en contra del libro III, indicó en su cuenta de Twitter que se prevé para este jueves el segundo debate del proyecto.
Los integrantes de la comisión se tomaron un receso para retomar el análisis y posterior aprobación del informe base para el segundo debate en el pleno legislativo. Previamente, sus integrantes acordaron aprobar el informe del proyecto del Código de Entidades de Seguridad en votación libro por libro.
Este debate se venía desarrollando desde hace una semana, inclusive la comisión se reunió el sábado 6 de mayo para revisar el proyecto. En esa última sesión, María Augusta Calle, presidenta de la comisión legislativa, reiteró que el uso de armas está debidamente regulado por la Ley y que, si es necesario que alguno de los servidores de esta nueva institución porte armas, tendrá que solicitar la autorización del Ministerio de Defensa.
"Aquí no estamos creando ningún tipo de grupo armado paralelo a la Policía, ni mucho menos, estamos viabilizando un cuerpo civil especializado que asista en materia de seguridad a personas que por la naturaleza de sus funciones requieren de las garantías necesarias para su seguridad".
En paralelo, el presidente de la República, Rafael Correa, dispuso mediante decreto ejecutivo No. 1369, del 3 de mayo de 2017, "proporcionar de ser necesario protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, a sus cónyuges e hijos por un período de un año y seis meses, respectivamente".
