Bravo, llevado a juicio por enriquecimiento ilícito | Vistazo

Bravo, llevado a juicio por enriquecimiento ilícito

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Bravo, llevado a juicio por enriquecimiento ilícito

Ecuavisa Viernes, 05 de Mayo de 2017 - 12:32
El exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, enfrenta un nuevo proceso en el caso de corrupción de la petrolera estatal. El exfuncionario es llevado a juicio por el delito de enriquecimiento ilícito, la audiencia de juzgamiento se desarrolla en la sala No. 207 del Complejo Judicial Norte, en Quito. 
 
Una de las novedades de la diligencia es que el Tribunal no aceptó la participación de los representantes de Petroecuador ni de la Contraloría General del Estado. La empresa estatal no presentó acusación particular en este proceso y la Contraloría no puede actuar como parte acusadora, por lo que la Procuraduría General del Estado actúa como representante del Estado.
 
 
Según recordó la Fiscalía General del Estado, la acusación por enriquecimiento ilícito que se basa en el informe que entregó la Contraloría, que determina que son más de $700 mil que Bravo no habría justificado en su patrimonio, entre el 2010 y 2016. El proceso por enriquecimiento ilícito inició en agosto del 2016, luego de la reformulación de cargos, inicialmente se lo acusaba de tráfico de influencias. 
 
En la audiencia preparatoria de juicio, que se efectuó en febrero de 2017, el exgerente de Petroecuador pidió acogerse al procedimiento abreviado, pero la jueza Ana Lucía Cevallos se lo negó porque en este caso se ha perjudicado al Estado ecuatoriano. 
 
La Fiscalía había acordado que Bravo se declare culpable y que a cambio cumpla una pena de 56 meses de prisión.
 
Este es el tercer proceso que afronta el exfuncionario, luego de haber sido sentenciado por cohecho y por delincuencia organizada. En el primer caso, fue sentenciado a cumplir 5 años de prisión; mientras que por el segundo delito debe cumplir 3 años y 4 meses de prisión, además de pagar una multa por $ 4.500 y $ 1'298.520 de reparación integral a Petroecuador. Bravo permanece detenido desde mayo de 2016.
 
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente sanciona este delito con pena privativa de libertad de 7 a 10 años.