3 personas llamadas a juicio por oferta ilegal de frecuencias | Vistazo

3 personas llamadas a juicio por oferta ilegal de frecuencias

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3 personas llamadas a juicio por oferta ilegal de frecuencias

Ecuavisa Jueves, 02 de Febrero de 2017 - 09:26
Tres procesados en el caso conocido como ‘Frecuencias’ fueron llamados a juicio, tras acogerse el dictamen acusatorio presentado por el fiscal Oswaldo Carvajal. Así lo informó la Fiscalía del Estado, a través de un comunicado.
 
La acusación es por el delito de asociación ilícita en contra de Marcos Párraga, exfuncionario del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación (Cordicom); Tulio Muñóz, quien trabaja en la Corporación Manabita de Radio y Televisión; y Diego Arellano, propietario de una empresa que elabora discos compactos.
 
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio fue realizada este 1 de febrero, ante el juez Fabricio Carrasco.
 
En el recuento de los hechos, Oswaldo Carvajal relató que Párraga, en asociación con Muñóz y Arellana, habría contactado a representantes y gerentes de estaciones de radio y televisión para solicitar coimas por casi $200.000, a cambio de asignarles frecuencias.
 
Uno de los perjudicados sería el artista Gerardo Morán, quien habría entregado $80.000.
 
Según el fiscal Carvajal, la asociación ilícita habría funcionado desde el 10 de mayo de 2015.
 
La defensa del procesado Párraga, quien está prófugo del proceso, pidió al juez la sustitución de la prisión preventiva.
 
El magistrado concedió el pedido, sustituyéndolo por la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse dos veces por semana, cada lunes y viernes, ante la autoridad.
 
La sustitución de la medida cautelar que solicitó Arellana fue negada. Él continuará privado de libertad. Respecto a Muñóz, quien cumple con la prisión preventiva, su abogado defensor anunció que cancelará una fianza de $200.000.
 
La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti) abrió una investigación en este caso el 26 de octubre de 2016. 
 
La denuncia fue presentada por Paola Pabón, en aquel tiempo secretaria nacional de Gestión de la Política.