Otro disparo en los pies | Vistazo

Otro disparo en los pies

Jueves, 14 de Febrero de 2019 - 12:07
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La resolución 471 de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, así como su posterior derogatoria, dejaron al Gobierno en una posición incómoda. Que la banca, poco antes de que empezara la época navideña, haya reunido pocos argumentos de peso para poner intereses a los pagos mínimos con tarjeta de crédito, desde el día en que se realiza la compra, fue una bofetada a los consumidores.
 
El Régimen –su ministro de Finanzas firmó el documento– así lo consintió, sin mirar aspectos de la economía doméstica ni el costo político que ese acto le iba a significar. Cuando el país necesita dialogar sobre la necesidad de asumir los recortes públicos, es de muy mal gusto que le cobren dinero adicional por transacciones particulares. Si como dice la Asociación de Bancos, los pagos mínimos suponen para las entidades financieras riesgos crediticios adicionales, deben dejar de ofrecer tantas tarjetas de crédito y préstamos de consumo con una simple llamada telefónica.
 
El presidente Moreno y su frente de asesores sopesaron el impacto de esa resolución de forma tardía e improvisada, solo después de que su contenido se publicara en la prensa causando una innecesaria molestia ciudadana. Así administra el Gobierno las múltiples crisis que sus propias acciones generan. No hay articulación ni sentido común.
 
También hubo confusión en el anuncio inicial de los recortes a las universidades; en la forma, plazo y montos en que se quiere concesionar CNT; en las compensaciones a taxistas, buseros, pescadores… por el aumento del diésel que ahí quedó. Tiros cruzados en las declaraciones alrededor del femicidio de Diana en Ibarra, donde el vicepresidente Otto Sonnenholzner debió matizar el comunicado profundamente xenófobo del Primer Mandatario. En el cómodo plan de pagos de los 13,5 millones de dólares de Tomislav Topic al fisco, por el aporte sucio de Odebrecht y hasta en las vacaciones de Moreno de fin de año, que derivó en un borra y va de nuevo.
 
La inteligencia, claridad y oportunidad con la que el Gobierno manejó el primer desmonte correísta, plasmado en la consulta popular del año pasado, no se siente ahora que el país vive urgencias tan importantes como el consenso alrededor de la política económica y el combate certero a la corrupción.
 
Todo indica que la visión descentralizada (¿o desarticulada?) con la que Moreno conduce el Ejecutivo se plasmó mucho antes del decreto 660 del cinco de febrero, en el que se delegan aspectos esenciales a un gabinete estratégico y a otros sectoriales. Lastimosamente, por la forma en la que está integrado el Gobierno, con muchos frentes que responden a intereses distintos y sin el paraguas de un partido político, es fácil suponer que los mensajes importantes del Régimen seguirán entrecruzados y los disparos en el pie serán continuos.
 
Este problema no se subsana con que Moreno replantee su esquema de vocerías, sino enfocando bien los principales derroteros de su Presidencia a fin de que quienes colaboren con él, no hagan del Gobierno un espacio para sus beneficios personales. Es mucho pedir, pero el prestigio de esta transición es el que está en juego. Moreno no puede exponerse a que le digan, por ejemplo, que gobierna para los banqueros.