El muro legal de Trump ante la migración | Vistazo

El muro legal de Trump ante la migración

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El muro legal de Trump ante la migración

Redacción Sábado, 27 de Julio de 2019 - 14:20

Hace meses que Estados Unidos intenta frenar la llegada de migrantes hasta su frontera sur, al mismo tiempo que convierte a México y Centroamérica en gestores únicos de una crisis que amenaza con desbordar sus capacidades. Con las amenazas arancelarias encima de la mesa y, ante la impotente mirada de sus países vecinos, las autoridades estadounidenses han aplicado medidas unilaterales que cambian drásticamente las reglas del juego y sirven de base para la construcción de un muro disuasorio que no está hecho de cemento, sino de una burocracia eterna que atrapa a los migrantes en su ruta hacia Estados Unidos. Este análisis fue realizado por diario El Mundo, de España.

La clave de Trump pasa por convertir a México y Guatemala en lo que se conoce como "tercer país seguro", una calificación que emana de la Convención de Ginebra firmada en 1951 y que, por el momento, ha recibido respuestas dispares por los países implicados. Esta medida implica que un migrante que quiera solicitar asilo en Estados Unidos podrá ser rechazado y recibir el mismo trato en un tercer país (que no sea el suyo) y que sea considerado 'seguro'. En Europa; fue la misma que firmaron los países de la Unión con Turquía a raíz de la crisis con los refugiados sirios. En este caso, México, como puente entre Centroamérica y el 'sueño americano', sería el principal afectado.

El gobierno de López Obrador ha cambiado drásticamente su postura para evitar que las negociaciones con Estados Unidos avancen en la dirección equivocada. Desde el pasado 7 de junio, México ha aplicado esfuerzos extra en materia migratoria con el despliegue de la Guardia Nacional, la detención de activistas presuntamente relacionados con el tráfico de migrantes y la aceleración de las deportaciones de centroamericanos. Para evaluar dichos avances, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, protagonizó el pasado domingo un viaje relámpago a Ciudad de México y El Salvador que, en el caso de los mexicanos, terminó de manera satisfactoria, tal y como admitió el canciller de Exteriores, Marcelo Ebrard: "México ha adoptado una estrategia conforme a su ley y a sus decisiones (...) que ha llevado a que tengamos una reducción del flujo migratorio alrededor del 36,2%".

No obstante,, el Departamento de Justicia estadounidense publicó una nueva normativa que afecta drásticamente las dinámicas migratorias en la región. Desde que entró en vigor esta medida unilateral, las autoridades migratorias estadounidenses tienen la potestad de rechazar todas las solicitudes de asilo de aquellos migrantes que, para llegar hasta su frontera sur, hayan cruzado previamente un país distinto al de su origen. Es decir, solo los mexicanos podrían seguir solicitando asilo en Estados Unidos, ya que cualquier centroamericano habrá tenido que atravesar México antes de llegar a la frontera estadounidense. La medida afecta también a los menores que viajan solos y a las familias, aunque contempla algunas excepciones en las que sí se acepta estudiar la petición de asilo, como por ejemplo: si el solicitante ha sido víctima (y lo puede demostrar) de tráfico de personas, si para llegar a la frontera cruzó un país que no firmó la Convención de Ginebra, o si buscó protección en un tercer país y fue rechazado.

Los migrantes, los más afectados

Y como siempre, en medio de estas políticas ambiguas y cambiantes, los más afectados son los propios migrantes. Muchos de ellos varados desde hace meses en ciudades fronterizas convertidas en las nuevas 'salas de espera' de Estados Unidos. Si bien las medidas adoptadas en los últimos meses han logrado reducir significativamente la cifra de migrantes que llegan hasta la frontera, la lentitud de los procesos (que pueden durar varios meses) y la devolución masiva de solicitantes de asilo han saturado los albergues, convirtiendo las ciudades fronterizas en un cuello de botella que amenaza con colapsar su capacidad de acogida. Desde finales de enero hasta el pasado 11 de julio, Estados Unidos ha entregado a México a 19.911 centroamericanos que esperarán la resolución de sus peticiones en suelo mexicano. La mitad de ellos fueron a parar a Tijuana, donde según apunta el gobierno local, los albergues están ya al 90% de su capacidad total, ya que, al margen de los retornados, ahí descansan otros 10.000 centroamericanos.

En Ciudad Juárez, una ciudad que hace un año solo contaba con dos albergues y donde una cuarta parte de su población es pobre, la situación también parece estar a punto de explotar. Aquí también han recibido en los últimos meses otros 10.500 migrantes enviados por Estados Unidos y se han visto obligados a habilitar 14 iglesias para acogerlos, aunque todos no caben. Muchos de ellos, desesperados y atrapados por la burocracia, malviven en las calles de una ciudad (ya de por sí peligrosa), donde las autoridades temen que se disparen los secuestros y los índices de violencia. Entre tanto, en busca de soluciones para aligerar la saturación en las ciudades fronterizas, las autoridades mexicanas han acelerado las deportaciones hasta el punto de desbancar a EEUU como país que más centroamericanos expulsa.

Desde que López Obrador entró al poder, y hasta el mes de mayo, México ha deportado a 45.000 migrantes, triplicando la cifra registrada durante el mismo período del año anterior. Entre las frías cifras destaca otra que también estremece: durante el primer trimestre de 2019, la llegada de migrantes menores de edad ha aumentado un 132%. En total, 33.000 niños y niñas, de los cuales más de 8.500 viajaban solos. Mientras México trata de gestionar la crisis existente y evitar la condición de 'país seguro', en Centroamérica se juega otra batalla por la inversión en programas de desarrollo que, por el momento, ha tenido una acogida dispar en los distintos países que la componen.