Humala enfrenta su peor crisis política tras censura a primera ministra | Vistazo

Humala enfrenta su peor crisis política tras censura a primera ministra

AFP Martes, 31 de Marzo de 2015 - 11:50
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El presidente peruano, Ollanta Humala, enfrenta su peor crisis a un año de terminar su mandato, luego de que el Congreso censuró a su primera ministra y le obligó a buscar un reemplazo que debe ser validado por un Parlamento donde no tiene mayoría.
 
Ana Jara fue censurada por 72 votos a favor, 42 en contra y dos abstenciones, decisión que obliga a Humala a renovar por séptima vez a su primer ministro en cuatro años de gestión debido a diversas crisis políticas, pero donde no hubo censura por parte del Congreso.
 
Jara es considerada responsable política del rastreo a legisladores, periodistas, empresarios y centenares de ciudadanos por parte del servicio de inteligencia, una actividad que data al menos desde el 2005 -según las denuncias de prensa- cuando aún no gobernaban, pero que estalló en sus manos.
Para el oficialismo, se trata sólo de un pretexto para desestabilizar al gobierno a un año de las elecciones generales, donde además se ha tensado el clima político e intensificado las protestas sociales.
 
"Es una lamentable muestra de chantaje político y aprovechamiento electoral sin pensar en las consecuencias del país", dijo la esposa del presidente y líder del gobernante Partido Nacionalista, Nadine Heredia, en su cuenta de Twitter.
Humala tiene 72 horas para aceptar la renuncia y buscar reemplazo. La censura al primer ministro obliga al resto del gabinete a poner sus cargos a disposición, aunque pueden ser ratificados por el sucesor.
 
Rastreo a políticos
 
El 19 de marzo, la revista Correo Semanal difundió un archivo digital con la lista de diversas personalidades peruanas que habrían sido investigadas por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), entre ellas políticos y sus familiares, periodistas, empresarios y miles de ciudadanos.
 
Tras revelarse el caso, Jara, quien en julio cumplía un año en el cargo, fue citada al Congreso, donde informó que pidió una investigación fiscal y detalló que la búsqueda de datos se remontaba por lo menos a dos gobiernos previos.
 
El gobierno dispuso a inicios de febrero el cierre temporal de la DINI, entidad acusada de espiar tanto a autoridades de gobierno como a opositores.