La última oportunidad | Vistazo

La última oportunidad

Lunes, 24 de Abril de 2017 - 10:58
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No se logra un resultado distinto haciendo lo mismo. La frase de Albert Einstein cala a la perfección en la política ecuatoriana.  Sobre todo, en esos sectores que se oponen a Alianza PAIS y sus cuatro años más de poder absoluto desde la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Justicia, la Corte Constitucional y los organismos llamados a fiscalizar a las autoridades públicas. 
 
¿Cuántas veces se ha escuchado a los políticos hablar de unidad? Quizás la misma cantidad de ocasiones en que los ecuatorianos han presenciado con frustración su mezquindad como líderes.
 
El Ecuador de hoy vive momentos críticos y no porque Lenín Moreno, como persona o dirigente, vaya a asumir la Primera Magistratura. Al país le rodea una franquicia política que, siguiendo el esquema de los grupos monopólicos que tanto ha censurado la izquierda, asfixia el débil sistema democrático. Por eso, a quien le interese dejar un país libre y respetable para las siguientes generaciones, debe preocuparse por este presente sombrío. 
 
Hace 20 años los acuerdos nacionales tenían como derrotero lograr la paz en la frontera sur o reconocer que había un movimiento indígena boyante en reivindicaciones y luchas sociales. Y hace 10, cuando el correísmo se hizo popular y poderoso, la ilusión era extirpar del país esa mentalidad corporativa que causó inestabilidad y deterioro económico en tantas familias.
 
La realidad hoy es distinta. La amenaza internacional viene de esa impronta bautizada como Socialismo del Siglo XXI, que coarta la libertad de expresión, el ejercicio de la política desde los grupos opositores y que poco empeño hace para que sus sociedades fiscalicen el uso del dinero público que los gobiernos administran a raudales. 
 
El proceso electoral que terminará el 24 de mayo deja una lección histórica: nada cambiará si el país no demanda una reforma integral a su sistema electoral.
 
Ningún político que pelee por fuera de Alianza PAIS podrá sentirse en igualdad de condiciones, si es que no se cambia la integración del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso (TCE), alineados con el oficialismo. Poco se podrá lograr si no se dictan normas claras que obliguen al sector público a respetar las reglas del juego, donde los candidatos del Estado y sus padrinos dejen de inaugurar obras, multiplicando la propaganda política a través de la imposición de cadenas y el uso de los medios gubernamentales, mal llamados públicos. 
Qué decir del derecho a la defensa y a la igualdad ante la ley, principios democráticos que la función electoral ha inobservado sin inmutarse. La credibilidad de una instancia tan sensible como el CNE no se construye recitando reglamentos o recontando actas de escrutinio. La transparencia se demuestra con hechos, no se la proclama en cuñas de TV.
 
Hoy ha sido Guillermo Lasso, mañana puede ser un dirigente indígena o un disidente de Alianza PAIS. La reforma al poder electoral no tiene ideología, pero sí principios democráticos.
 
La gente que ha salido a las calles, en su mayoría pacífica y persistente, ha puesto el tema en la palestra; queda en los políticos patriotas el desafío de ejecutarlo. Puede ser la última oportunidad.