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Martes, 23 de Junio de 2020 - 14:33
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POR ALFREDO PINOARGOTE

La certera iniciativa de la fiscal Diana Salazar para reforzar en territorio las indagaciones sobre el brote de corrupción en los gobiernos autónomos, tomando ventaja de la pandemia, ha desnudado la parte más íntima de la partidización de la justicia. El rostro la politización de la justicia son los jueces de lo penal en la corte nacional o suprema, por los nombramientos que hacía el congreso nacional en tiempos de Roldós, Febres Cordero, Borja, Durán Ballén, Bucaram, Alarcón y Mahuad, así como en la década feliz de la partidocracia con 4 presidentes en 10 años, y luego con la metida de mano del dictador que fungió de dueño del país por otro decenio.

Esta última etapa fue la más completa, por eso su autor la llamó metida de mano. Pues cambió en la constitución la integración del consejo de la judicatura, en la ley de contraloría suprimió el control previo, en la de contratación pública introdujo los contratos a dedo en emergencias discrecionales, en la judicial coló el error inexcusable como sanción disciplinaria para alterar fallos y sentencias, y en el COIP eliminó el prevaricato para pasar de agache el abuso de autoridad.

Todo este inmenso ropaje acompañado de monumentales edificios climatizados tapó a los jueces naturales de los caciques provinciales. Mandantes soberanos de las mayorías móviles en el régimen político de soberanía parlamentaria que apuntala un presidencialismo aparentemente reforzado. Esta calidad de mandantes históricamente los alcaldes la lograron desde la fundación de la república, cuando fueron los que se levantaron contra la corona española en la guerra de las alcabalas. En el decenio de oro de la partidocracia, en efecto, fueron León, Paco y el Corcho, los abanderados de este poder arropados por el estandarte de la autonomía.

Por eso resultó tan natural que ningún alcalde ni prefecto emprenda la fuga hacia el paraíso de los prófugos, y que los jueces naturales prefieran un grillete chino antes que la prisión preventiva. Pero esta realidad estaba agazapada por el relumbrón de los casos nacionales, entonces la fiscal le puso el cascabel que hizo sonar a los gatos. Esto pone en la agenda de la próxima corte nacional, que pronto será renovada, a los jueces provinciales y de las cortes superiores que encaramados en la carrera judicial se van acercando a la corte nacional, aunque muchos prefieran seguir cantando en gallinero propio para deleite de los patrones de la asamblea. Ya que como grandes electores cantonales o provinciales ejercen la libre remoción de candidatos en las listas de asambleístas.

Está claro lo que necesita la república para tener una función judicial, proba, independiente y muy profesional. Un refuerzo internacional para recuperar lo robado, presupuesto suficiente, cambios puntuales en la legislación constitucional, funcional y penal, pero sobre todo respeto … pero para eso hay que hacer méritos y la situación de auge del crimen organizado ofrece esa oportunidad histórica.