El intrincado camino de la rehabilitación de drogas en Ecuador

El único centro de atención a niños y adolescentes con consumo problemático de drogas que existe en Guayaquil, tuvo que cerrar sus puertas cuando empezó la pandemia. Pero no fue a causa de la COVID-19 que el CETAD (Centro Especializado en Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras drogas) Virgen de Fátima envió de vuelta a sus pacientes, muchos de ellos, niños que han sufrido abusos dentro del seno familiar. Ni siquiera calificaría como un problema técnico, porque el lugar está bien equipado y cuenta con el personal profesional necesario. La dificultad que enfrentan es más bien, burocrática.

El Municipio de la ciudad no les ha otorgado el permiso de uso suelo, un requisito que se exige a todo tipo de locales o entidades de bienes y servicios. El motivo: ningún centro de rehabilitación debería estar ubicado en una zona “residencial”, según una ordenanza municipal. Irónicamente, en estas zonas sí pueden funcionar zoológicos, locales de venta de alcohol al por mayor y hasta prostíbulos.

Y aunque han enviado varias cartas y solicitudes a la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, no han obtenido respuesta. Mientras tanto, esta ciudad en donde 7 de cada 10 jóvenes son consumidores de droga o han consumido alguna vez, según el propio Municipio, sigue sin tener un centro de rehabilitación para tratar a menores de edad.

“Tenemos un licenciamiento que no nos ha servido absolutamente para nada. Nosotros estuvimos trabajando con adolescentes durante varios años, con buenos resultados, equipo multidisciplinario y de acuerdo a las normas internacionales, trabajamos con la población más vulnerable: niños de la calle, adolescentes con consumo problemático de drogas, pacientes con discapacidades, pacientes duales”, relata el médico psiquiatra Andrés Rodríguez, quien trabaja como voluntario en Virgen de Fátima.

El licenciamiento al que hace referencia Rodríguez, es la autorización oficial que necesita todo centro de rehabilitación de drogas para funcionar. Obtenerlo requiere aprobar una larga lista de requisitos, que van desde cierta cantidad de personal calificado, hasta una estructura con las dimensiones y equipos establecidos por la ley. El proceso es tan complejo que los dos únicos centros públicos de la ciudad -en donde los pacientes con consumo problemático podrían atenderse gratuitamente- no cuentan con licenciamiento. Lo que deja a Guayaquil con 4 centros legales privados (dos de ellos sin permiso de uso de suelo), y un gran número de clínicas clandestinas, de cuales se han cerrado 41 en los últimos dos años.

Intentamos obtener un pronunciamiento del Municipio de Guayaquil respecto a los permisos de uso de suelo para estos centros, pero no obtuvimos una respuesta. La autoridad de ACESS señaló que el Municipio está evaluando la situación.

Pero esto es apenas la punta del iceberg que representa las fallas del sistema ecuatoriano sobre el fenómeno socioeconómico de las drogas. En lo concerniente a rehabilitación -a la que solo 1 de cada 8 individuos logran tener acceso según el reporte 2020 de “Uso de Drogas y Consecuencias en la Salud” de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito- el mayor problema es la desatención del Estado. Una realidad que contradice la norma, pues según la Constitución es obligación del Estado, el “ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos, protegiendo sus derechos constitucionales y evitando su criminalización”.

 

 

Los dilemas en el tratamiento de adicciones

Aunque el abuso del consumo de drogas afecta a todo tipo de familias -independientemente de su nivel socioeconómico- el ciclo vicioso de esta problemática es más evidente en las poblaciones de escasos recursos. La pobreza, la educación limitada y ser parte de grupos socialmente marginados, implican un mayor riesgo a desarrollar trastornos por consumo de drogas, que a su vez merman la vida académica, laboral y familiar de estas personas. El ciclo se estrecha aún más ante las actitudes estigmatizantes y la limitada accesibilidad al tratamiento.  

Al respecto, Ecuador atraviesa varios dilemas. El primero es que alrededor de 200.000 familias viven de cerca esta problemática, según el ACESS, pero en todo el territorio nacional solo hay 12 CETADs públicos, que en total suman 460 camas. Está claro que no todos pueden acceder al beneficio gratuito, así que solo quedan otros 45 centros privados con tarifas mensuales que ascienden hasta los 800 dólares, y en ciertos casos superan los 1.000 dólares. Además, están ubicados en 12 de las 24 provincias que tiene el país, lo que disminuye considerablemente el acceso a estos tratamientos para quienes viven en estas provincias, y aumenta la demanda de los centros clandestinos.

El segundo dilema está entre los CETADS que piden ayuda del Gobierno, la ley que exige al Estado la oferta de tratamientos de rehabilitación, y la falta de recursos del sistema de Salud que se ha desnutrido aún más con la pandemia del coronavirus.

“Falta todo… Lo que se está haciendo en Ecuador, a nivel gubernamental, institucional o ministerial, es nulo, es el mismo discurso: ‘vamos a hacer, se va a hacer, se quiere hacer’, pero no se hace, resalta el psiquiatra y máster en Adicciones, Ernesto Tabares, director técnico del centro Humanos, ubicado en Guayaquil.  

La directora del mismo centro, Cecibel Portilla, asegura que el modelo de CETADs instaurado por el Gobierno no es rentable. El suyo -con licenciamiento condicionado- tiene una capacidad de 20 pacientes, para cuya atención se le exige tener: tres enfermeros auxiliares, dos psicólogos, un terapista ocupacional, dos psiquiatras, un ingeniero en Química, y una visitadora social.

“Con la infraestructura a la final haces la inversión, los departamentos y áreas requeridas, pero ¿cómo sostienes tanto talento humano? Aparte que es personal que se no lo utiliza al 100%, o no se lo requiere. Esto ha subido los costos de un tratamiento de adicciones”, reclama Portilla.

El tercer dilema está en el largo tiempo que demora acceder al licenciamiento. A ‘Comunidad Terapéutica Libertad’ único CETAD con permiso de funcionamiento en Quito, le tomó dos años conseguirlo. Durante ese tiempo no recibieron ingresos pues no podían atender pacientes, sin embargo, tuvieron que pagar alquiler, servicios básicos y personal. Otros cinco CETADs consultados también lo consiguieron en dos años, y nueve nos dijeron que el trámite les tomó 1 año.

El apoyo del Estado hacia estos centros se limita al asesoramiento que debe dar el ACESS para que puedan obtener el licenciamiento. Pero fuera de ello, 20 CETADs consultados aseguraron que no reciben ningún tipo de apoyo de parte de autoridades estatales y municipales. Solo cinco dijeron que alguna vez recibieron capacitaciones de la autoridad sanitaria.

Aunque no debería ser la norma, algunos centros han sorteado estas vicisitudes con la creatividad. Víctor Gavilanez y Héctor Cagua son dos jóvenes del suburbio de Guayaquil, que durante años fueron testigos de los abusos de las clínicas de rehabilitación clandestinas. Cansados de las malas prácticas de estos centros y de ver jóvenes consumidos hasta los huesos por la droga en su sector, crearon “Manantial de Vida”, una clínica que para mantenerse activa trabaja de la mano con sus pacientes, familiares y vecinos.

“Manantial de Vida es un lugar que está constituido con medidas de lucro, pero en realidad es como una fundación que nació desde nuestro corazón, iniciamos queriendo que el Gobierno nos pueda dar soporte, pero nos negaron… Luego dijimos: no importa, vamos pidiendo sabiduría estratégica”, dice Víctor.

Ellos no tienen una tarifa fija. Cobrar lo que vale su servicio significaría tener pocos o casi ningún paciente, así que ajustan el valor de acuerdo a cada caso, si una madre no puede pagar la tarifa base pero sí puede llevarle comida a su hijo durante el internamiento, el valor se reduce. “También tenemos un comité de Padres de Familias que ven las necesidades que tenemos y nos dan algún tipo soporte. Antes de la pandemia hacíamos bingos, rifas, presentación de shows, para generar un aporte extra a la institución”.

Otros CETADs como “Sembradores de Vida” en la provincia de Santa Elena, obtienen la ayuda que falta del Gobierno de parte de fundaciones y organizaciones religiosas. La crítica de su administrador, Marino Restrepo, es hacia la politización que se ha hecho alrededor del tema: “En época electoral veo que casi todos nuestros candidatos quieren formar centros de rehabilitación en Ecuador (…) pero más que la promesa de un solo candidato, se necesita la voluntad política de todos los gobernantes que estén en turno para invertir y hacer este trabajo social”.
 

En el CETAD "Manantial de Vida" estos expacientes se han convertido en colaboradores.

 

La solución de las autoridades

Hoy hay más gente consumiendo drogas y hay más tráfico y tipos de drogas que nunca antes en la historia, según el “Informe Mundial sobre las Drogas 2020” de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En apenas una década el número de consumidores en todo el mundo ha aumentado en un 30%, siendo los opioides la droga más perjudicial.

Ecuador ha seguido esta tendencia, coincidiendo además con la aparición de la “H”, una mezcla de opioide -en este caso la heroína- con cualquier otra sustancia adulterante que tenga a la mano el ‘cocinero’ o traficante. Se la ofrece en fiestas, colegios, universidades y barrios, sus usuarios suelen ser los más jóvenes. Aunque en el mercado ilícito de drogas, su venta solo ocupa el 16%, de acuerdo a los registros administrativos de los centros de privación de libertad, la mayor parte del tráfico de sustancias sujetas a fiscalización está copado por la pasta base de cocaína y la marihuana.

En Guayaquil, las autoridades municipales denominan al fenómeno de la “H” como una pandemia, con miles de jóvenes “enfermos” y un gran déficit de recursos que permitan atenderlos. Para combatirla, el Municipio de Guayaquil lanzó hace un año el programa “Por un Futuro sin Drogas”, pese a no ser su competencia. En un año han registrado 4.965 atenciones en varios centros ubicados en zonas populares. Recientemente inauguraron un área de desintoxicación en el Hospital Bicentenario, en el que cuentan con 10 camas para atender a jóvenes durante un promedio de 10 días. Se trata de un modelo ambulatorio.

“Tenemos abierta un área de desintoxicación en donde eliminamos la droga del sistema para disuadir al joven y que acepte un tratamiento, pero ya sin droga, cuando ve que nadie lo ha maltratado y ve que lo queremos ayudar, entonces él decide, pero ya eliminamos la droga (de su sistema) para que él tenga la voluntad de aceptar un tratamiento que puede ser ambulatorio”, explica la doctora Julieta Sagñay, coordinadora del Programa.

Este sistema que llaman ‘ambulatorio’ consiste en aplicar sueros y medicamentos para eliminar la droga del sistema, y luego tratar a los pacientes que voluntariamente quieran seguir yendo al centro para obtener terapia.

El director ejecutivo del ACESS, Jorge Rubio, apoya la iniciativa y asegura que en este modelo está parte de la respuesta a la problemática de las adicciones: “Tiene que haber más ambulatorio, que solo ingresarlos a un centro porque eso cuesta mínimo 600 dólares mensuales por paciente (…) se necesita el apoyo de la familia para que sea un manejo ambulatorio, cuidarlo en casa después”.

Sin embargo, aún para Sagñay hay más medidas que pueden considerarse, comenzando por reformar los requisitos que solicita ACESS a los CETADs: “Los procesos que ellos solicitan en lo tratamientos no son ni técnicos ni prácticos, en primer lugar, porque es el Estado el que debe responder por la rehabilitación y la prevención del consumo de drogas y no los centros de recuperación privada”.

También critica que se exija tener un personal de 17 personas fijas, porque los costos de los tratamientos suben: “Esto va a hacer que a una persona le cueste mínimo 1.500 dólares un tratamiento que puede durar hasta un año… ¿Quién tiene esa plata? Las personas que están consumiendo drogas en la calle son de bajos recursos, entonces casi ningún centro ha logrado legalizarse”.

Una vía para conducir estas posibles reformas, señala la especialista, es la revisión e inclusión de otros modelos de rehabilitación alternativos, no solo el médico. Modelos en los que no sea necesario “el encierro” en casas de salud, y que incluya el acesso a terapias cuando el paciente lo considere necesario.

La respuesta de Rubio es que ACESS se encuentra evaluando aspectos que podrían obviarse o minimizarse, pero manteniendo las medidas básicas para dar seguridad a los pacientes.

Modelo médico vs. modelo vivencial

En el ámbito de la rehabilitación de drogas, no todos son detractores del largo y caro sistema de licenciamiento. Algunos defienden la cantidad de profesionales que exige el ACESS para asegurar un tratamiento médico, versus el modelo vivencial que casi todas las clínicas clandestinas del país siguen, y que se mantiene también en ciertos CETADs.

Marino Restrepo, del CETAD “Sembradores de Vida”, cree que hay ciertos requisitos que no deberían exigirse y que elevan mucho la inversión de estos centros, pero otros son indiscutiblemente necesarios para “el bienestar de la población que requiere este tratamiento, que le urgía centros especializados (…) no es simplemente abrir una casa porque tengo una bonita y un corazón muy grade, tenemos que ser responsables con nuestro prójimo”.

Sobre el modelo vivencial, dice estar convencido de que un ‘exadicto’ no puede ayudar a un adicto a salir de las drogas: “Aquí está muy plasmado que el único con capacidad de ayudar a un adicto es otro adicto, y que tiene todas las posibilidades de hacerlo, más no podemos dejar de lado la obligatoriedad o la necesidad de intervenir estos casos de enfermedad con espacios profesionales, médicos, psicólogos, que entiendan desde la parte técnica y científica esta enfermedad, no solamente el espacio vivencial”.

Kevin Decio, es auxiliar terapéutico en el Cetad “Sembradores de Vida”, lleva 10 meses limpio, pero empezó a consumir a los 15 años. Como él, muchos miembros de los Cetads son exconsumidores que trabajan de manera voluntaria.

Las terapias vivenciales son manejadas por personas que lograron superar una adicción. Se fundamenta en la idea de que un consumidor problemático puede reaccionar mejor en su terapia de rehabilitación, si el terapista que lo trata vivió su mismo problema. Hay que aclarar que el ACESS no exige un terapista vivencial a los CETADs, es totalmente voluntario.

El doctor José Valdevila, jefe de la Unidad de Conductas Adictivas del Instituto de Neurociencias en Guayaquil, va más allá y considera que el sistema de rehabilitación debe ser integral, no solo vivencial o ambulatorio, como propone el Municipio.

“Nos pasamos 100 años maltratando a los adictos, en el año 71 la Organización Mundial de la Salud declara que es una enfermedad, hace un trabajo que llevó a muchas sociedades a entender que se trata de un trastorno y que por supuesto necesita atención médica, no atención punitiva o violenta, sino atención profesional, partiendo de ese concepto esto tiene que estar en manos de los proveedores de salud”, comenta.

Sin embargo, aún el sistema de tratamiento propuesto por el Estado es cuestionado desde otra rama de la salud mental: la psicología y el psicoanálisis. El psicólogo Francisco Maquilón, máster en Psicoanálisis y Educación, y miembro del Observatorio de Toxicomanías de la Nueva Escuela Lacaneana, discute que se llame a las personas con consumo problemático como “adictos”, pues el término adicción implica ausencia de palabras, y es precisamente eso, lo que se quiere evitar.

“El sujeto que está en la adicción no tiene palabras, no se cuestiona; a lo que se apunta desde la terapia es que él pueda hablar de eso, brindarle un acompañamiento”, dice Maquilón, quien además ha trabajado en varios centros de rehabilitación.

Contrario también a la terapia vivencial, el psicoanalista asegura que lo grupal no siempre resulta terapéutico, porque el sujeto pasa por una suerte de masificación en la que todos los pacientes son puestos en “la misma bolsa”, arrebatándoles su particularidad y singularidad. “Es exponer ante los demás al sujeto, es como desnudarlo frente al resto, mientras los otros pacientes dicen cosas como ‘ratifico’, ‘confirmo’ o ‘me identifico’”.

Para el psicoanalista Miguel de la Rosa, lo primero que debe averiguar el especialista es qué función tiene la droga en los pacientes, pues el consumo es solo la superficie del problema. Desde la clínica privada, su enfoque con pacientes que abusan de sustancias es averiguar la causa del consumo, por lo que -dependiendo del caso- es partidario de suplantar la droga por otra sustancia menos perjudicial.

“He comprobado que el consumo empieza a bajar progresivamente cuando cuestiones de su vida se van resolviendo, cuando la persona empieza a saber cómo hacer con eso que le generaba malestar y que estaba oculto”, menciona de la Rosa.

Estas críticas contra el sistema, sumadas a las dificultades que enfrentan los CETAD para seguir funcionando son aspectos que dejan ver cuan complejo es el panorama de la rehabilitación de drogas en Ecuador.

La propia Constitución comete un error al estipular que las drogodependencias son un problema de salud, porque se las está minimizando a un solo ámbito, cuando en realidad son un problema social.

Es difícil hablar de soluciones inmediatas, no las hay, pero un buen comienzo según los especialistas consultados para este reportaje, es que el Gobierno deje de dirigir sus políticas y enormes recursos hacia la llamada “guerra contra las drogas”, y empiece a enfocarlas hacia el ser humano.