El silencio de los inocentes
María Belén Arroyo lunes, 22 enero 2018 - 03:11
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La consulta popular incluye una pregunta para que los delitos sexuales contra niños no prescriban. La historia de Emilia, la niña lojana, conmovió al país.
“Nuestra hija realmente no descansará en paz al ver que tiene un padre que también odia”. Palabras de perdón. Sin olvido. Ángel Benavides perdió a su hija de nueve años, Emilia. La niña fue violada y asesinada en Loja. El caso conmocionó al país al cerrar el año 2017.
Cinco días de búsqueda. La angustia se transformó en dolor. “Solamente la fe nos podrá hacer entender el por qué puede haber personas tan malas, tan crueles, que no piensen como un ser humano, como una persona. ¿Quién los juzgará? Nosotros no podemos. La justicia humana, cuando el delito está cometido y hoy se ha cometido un delito. Y la justicia divina, con la que solo Dios sabrá cómo prodigar”. Estas sentidas palabras las pronunció el padre de la niña en la Gobernación de Loja, frente a una multitud congregada para conocer la suerte de Emilia.
La niña salió de su escuela; no llegó a su casa. En el camino, la abordó un hombre joven, conocido por ella y su familia. Todo apunta a que fue víctima de una red involucrada con trata de personas y pornografía infantil. Entre cuatro personas habrían actuado. Calcinaron sus restos y arrojaron el cadáver incinerado y desmembrado a una quebrada.
Las cámaras de seguridad captaron la última imagen de Emilia, en vida. Camina tranquilamente junto a quien sería su agresor y asesino. Por esta evidencia, él fue detenido. Tras su confesión, otras dos personas fueron capturadas. Solo horas después de haber ingresado a la cárcel de Turi (en Cuenca), el autor confeso del crimen fue hallado muerto El caso despertó indignación nacional, motivó marchas y vigilias, pero no es aislado. Fue un año inusualmente violento. Y las víctimas –niños y niñas– las más vulnerables.
Ángel Benavides sostiene un cartel con la imagen de su hija, cruelmente asesinada en Loja.
A mediados de junio, en Portoviejo, un hombre de 28 años cuya misión era salvar vidas –enfermero de profesión– asesinó a sus dos hijos, de tres y seis años, tras inyectarles sedantes. Todo después de una riña amorosa. La madre, también enfermera, no pudo salvarlos.
Dos meses más tarde, en Machala, una mujer de 41 años confesó que había asfixiado a su hijo, de dos años, con una almohada.
Y a fines de noviembre, en Guayaquil, un hombre mató a golpes a un niño de dos años. El epílogo de un historial de maltratos.
Peligro en casa
“Ocultos a plena luz” es un informe de Unicef. Con estremecedores datos. Una quinta parte de víctimas de homicidio en el mundo son niños y adolescentes menores de 20 años.
La región de América Latina y el Caribe es la que tiene la proporción más alta de víctimas de homicidio de menores de 25 años, cita el estudio.
En el mundo, uno de cada 10 menores de 20 años fue víctima de relaciones sexuales por la fuerza. En Ecuador la proporción es similar, con la diferencia de que, además, seis de cada 10 mujeres sufrieron formas de violencia psicológica, física, sexual y / o patrimonial.
Del total de mujeres abusadas sexualmente, solo 15 de cada 100 denunciaron. De las denuncias, el cinco por ciento recibió sanción, según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
En el 65 por ciento de los casos, los agresores sexuales fueron cercanos a las víctimas. En 40 de cada 100 veces, el atacante actuó más de una vez. En el 14 por ciento de los casos, las agresiones fueron periódicas.
El agravante: el delito prescribe y queda en impunidad. Por eso, una de las preguntas de la consulta popular plantea que no prescriban las agresiones contra niños.
Un capítulo aparte constituyen las violaciones y agresiones sexuales en escuelas y colegios del entorno público y privado. La voz que alertó sobre la magnitud de este problema en el país pertenece a una educadora, abogada y –desde 2016–fiscal de Guayas. Patricia Morejón Llanos denunció el caso de la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad, donde hubo 10 denuncias judicializadas, aunque el número final de víctimas sería mayor.
La fiscal Morejón es servidora pública desde hace 27 años; 25 de los cuales colabora en la Función Judicial, en el área penal. Hace 10 años empezó a trabajar en la Fiscalía. Haber integrado la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía, en 2008, le ayudó a comprender el sufrimiento de las víctimas. Entonces, “No teníamos apoyo de psicólogos”. “En un tribunal penal estaban el juez; a un metro el fiscal; y a metro y medio el agresor, ahora imagine una víctima de nueve años de edad señalando a quien le violó… En ciertas audiencias tenía que salir un momento al baño a llorar, retomar fuerzas y regresar”.
Ahora, a cargo de la Fiscalía en Guayas y Galápagos, imprime su huella. Fortaleció la Unidad de Violencia de Género, que integran 10 fiscalías. Su trabajo va de la mano con la Unidad de Atención de Peritaje Integral (UAPI), formada por psicólogos, trabajadores sociales, médicos. “El dolor de las víctimas es enorme, nuestra misión es hacerlas sentir protegidas, en espacios amigables, como salas lúdicas, cámaras especiales (de Gessel), donde hablan únicamente con psicólogas”.
Las denuncias por abuso sexual aumentaron entre 2016 y 2017, en Guayas. Las víctimas ya no callan.
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