Transfemenina logra cambiar su sexo en la cédula de identidad
Diana Romero viernes, 31 julio 2020 - 11:42
Facebook
Twitter
Whatsapp
Email
Desde el 2019, Ariana N. (nombre protegido) buscó ser reconocida en el Registro Civil y en la cédula como una mujer de sexo femenino. Ella, viajera constante, que incluso vive en otro país, no se conformó con que únicamente en su documento aparezca el campo de género.
En ese año, interpuso una acción de protección para que la entidad reconozca su derecho a que en el espacio destinado para el sexo -tal como tenemos todos los ecuatorianos en la cédula de identidad- aparezca finalmente la F.
Hoy, Ariana y su abogado, luego de un año y medio de lucha legal, lograron reivindicar este derecho.
En teoría, a partir de hoy, las personas que se identifican como transexuales o transgénero podrán ir al Registro Civil y cambiar su sexo en el documento de identidad.
El proceso
Según lo que consta en el juicio de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, se dejó constancia de la devolución de un trámite inicial para resolver este tema, es decir, el cambio de sexo de masculino a femenino de Ariana.
El trámite no fue aceptado por la Oficina Técnica Provincial del Guayas de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, al no cumplir las supuestas normas necesarias de cualquier acto administrativo. Esta decisión, indica Ariana en el documento del jucio, afectó sus derechos constitucionales, al trabajo y a vivir dignamente.
Según relata su abogado Abraham Aguirre, Ariana ya se había sometido a todos los tratamientos médicos hormonales, psicológicos, psiquiátricos y quirúrgicos pertinentes para ser reconocida como mujer, incluso una operación de feminización global, por medio de una genitoplastia feminizante. "Optó por efectuar pasos para que en su cédula pueda salir en vez de las palabras "género femenino", "sexo femenino", adjuntado cada documento para que el Registro Civil dé paso a este derecho en cumplimiento de su rol institucional de garantía". Sin embargo el trámite no fue admitido, indica el juicio.
Diana Maldonado, activista involucrada en este caso, cuenta que en 2019, la jueza que estaría a cargo de la diligencia le pidió dinero y entonces el tema quedó abandonado. "Como se trataba de un proceso archivado, existia una negativa y se optó por pedir una acción de protección en 2019", dice Maldonado.
El futuro
Aguirre indica que con esta acción se busca crear un precedente generalizado, para que en algun momento la Corte Constitucional emita una resolución con efecto ERGAOMNES, es decir que funcione para todas las personas trans y que todas puedan verse beneficiadas de esta resolución, y no Ariana únicamente.
"Buscamos que no se revictimice ni se exponga a nadie a someterse a un proceso en el que un perito desgnado por el Registro Civil tenía que ver a Ariana, revisarla y palparle los genitales. Es un trato discriminatorio y no adecuado", explica el jurista.
De esta forma, cuando Ariana vuelva a Ecuador, puede acercarse al Registro Civil a cambiar los datos de su cédula, ya que en el país donde reside, toda su documentación es el de una mujer. Esta es la diferencia con Ecuador. Mientras en países con una legislación más avanzada en derechos para personas trans permiten cambiar el sexo en sus documentos, en Ecuador solo pueden modificar género, lo que -en la práctica- constituye otra cédula y no la misma para todos los pobladores.
El caso de Ariana debió resolverse de una forma más fácil, por su antecedente más importante: el caso de Bruno Paolo Calderón Pazmiño, un hombre transexual que pedía el cambio del campo de sexo de femenino a masculino en su cédula de identidad en 2017.
En ese año, la Corte Constitucional en una sentencia resuelve que la identidad de género es un derecho y, en consecuencia, el Estado debe generar políticas públicas para garantizarlo.
En ese momento, la Corte dispuso el cambio de sexo en la cédula a Calderón y, además, conminó a la Asamblea Nacional para que tramite leyes para regular el procedimiento de este tipo de reformas en los documentos de identidad.
El plazo para el organismo Legislativo de paso a estas modificaciones fue de un año y hasta el momento, una deuda pendiente con las comunidades GLBTI.
