Paola Pabón niega que haya pedido asilo a México
La prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, aseguró este lunes que no ha pedido asilo en la Embajada de México y que no tiene intenciones de hacerlo, sino de afrontar el juicio por presunta rebelión de la que está siendo acusada.
No ha habido "ningún hecho que permita presumir que haya tenido contacto con personal de la Embajada de México o del Gobierno mexicano", dijo Pabón, quien aseguró que no tiene la menor intención de salir del país porque ocupa un cargo para el que fue elegida de forma democrática.
"Insisto: ¡Estoy aquí, voy a quedarme aquí, esa es mi decisión! He sido electa prefecta de Pichincha y si no estoy en la oficina estaré en los barrios", subrayó.
Fiscalía pide prisión preventiva
Las declaraciones se producen después de que este lunes se conociera que la Fiscalía del Estado ecuatoriano ha solicitado una revisión de medidas cautelares contra ella con el fin de que sea arrestada por la presunta intención de pedir asilo.
Así lo afirmó el fiscal Alberto Santillán en una petición a la Corte en la que solicita la revisión de medidas cautelares después de que el pasado viernes -afirma en un documento- llegaran a la Policía alertas de una posible solicitud de asilo de Pabón a dicha Embajada.
Pabón, el exasambleísta Virgilio Hernández y otro político identificado con el correísmo, están siendo procesados por un delito de presunta rebelión durante los disturbios que sacudieron el país el pasado mes de octubre, en los que decenas de miles de manifestantes se enfrentaron a las fuerzas del orden por la anulación de unos subsidios a las gasolinas, decreto luego derogado.
La política, una de las caras más visibles de la Revolución Ciudadana, el movimiento al que pertenece el expresidente Rafael Correa (2007-2017), aspirante a la Vicepresidencia en las elecciones de 2021, estuvo detenida durante más de dos meses, pero desde diciembre está en libertad con grillete electrónico, que ella "consideró innecesario" porque cree en su "inocencia" y no piensa marcharse.
Pabón reiteró a Efe que no ha habido de su parte "ninguna motivación, ni ninguna llamada, ni ninguna visita, ni ningún contacto con ningún funcionario ni personal de la Embajada".
"Estamos enfrentando una persecución sin límite", se quejó al descartar por "descabellada" la idea de que tres personas hayan liderado una rebelión como la de octubre, de la que además -recordó- se responsabilizaron el movimiento indígena y diversos gremios, como el de transporte.
"Me están procesando por tres tuits, además de que uno hacía un llamado a que parara la violencia, por eso el absurdo jurídico, que lo que busca es perseguir de forma selectiva el proyecto de aquellos que somos parte de la Revolución Ciudadana", apuntó.
México lo desmiente también
El pasado enero el Gobierno mexicano ofreció asilo político a siete ecuatorianos, también del correísmo y sospechosos del mismo delito, que habían estado en su Embajada desde el mes de octubre anterior, y que finalmente salieron del país bajo autorización del Gobierno de Lenin Moreno.
En el caso de Pabón, que se expone a siete años de cárcel de ser condenada, la Embajada de México ha desmentido las informaciones en el sentido de que les haya hecho un requerimiento similar.
"Ante diversos señalamientos, la Embajada de México en Ecuador informa que no ha recibido solicitudes de asilo de ningún nacional ecuatoriano", indica el trino de la legación diplomática.
El intercambio de acusaciones entre Pabón y la Fiscalía se produce en un momento crucial para las elecciones de 2021, cuando se dilucida si Correa podrá o no aspirar a la Vicepresidencia.
Tras una condena de dos instancias judiciales por cohecho en un caso de sobornos, el exmandatario ha apelado al Tribunal de Casación alegando que se han violado sus derechos, un proceso que comenzará el jueves.
En caso de negarle la casación, Correa no podrá presentarse a las elecciones, y de hacerlo, aún deberá solventar cómo completa desde la distancia el proceso de aceptación de candidatura e inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), porque la ley vigente exige que lo haga en persona.
El proceso, según Pabón, es de larga duración, "hasta tres años", aunque afirma que no le sorprendería una decisión antes del 17 de septiembre, cuando comienza la inscripción electoral, porque está convencida de que el poder Judicial y otros organizamos "como la Fiscalía" están "al servicio" del poder político, que no quiere ver al correísmo en los comicios.
