La plata de ISSPOL que se hizo humo
La alerta la dio un artículo publicado en la edición impresa de Vistazo, número 1245, del 4 de julio de 2019. “Plata para unos cuantos” se tituló la nota periodística que revelaba el manejo alegre de las inversiones de la seguridad social de la institución policial. La Superintendencia de Bancos acababa de alertar sobre el riesgo en el manejo de recursos del ISSPOL, a través de operaciones con entidades privadas.
El ISSPOL administra los recursos de unos 70 mil policías, cerca de 50 mil activos y 20 mil retirados. Parte de los fondos son aportados por los uniformados activos, para financiar las prestaciones de salud, la entrega de préstamos y otros beneficios. Otra parte es asumida por el Gobierno central, a través del Ministerio de Finanzas.
Para abril de 2018, más de cien millones de dólares de recursos de ese sistema habían sido invertidos bajo la figura de cesión de derechos fiduciarios. Un mecanismo de alto riesgo, negociado entre el ISSPOL y las empresas beneficiarias de esos recursos: proyectos inmobiliarios sin viabilidad en provincias del Litoral; un centro de educación universitaria; empresas de arquitectos; distribuidoras de autos; una entidad relacionada con un grupo financiero, investigado por estafa masiva… La autoridad de control alertaba sobre el peligro de que el ISSPOL no recuperara sus inversiones.
Pero ésa era solo la punta del iceberg. El reportaje de Vistazo fue el origen una investigación oficial, que al cabo de más de un año arroja resultados. Estos fueron anunciados hoy por la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
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La estructura de inversiones del ISSPOL asciende a 1.500 millones de dólares. Las inversiones privativas bordean el 35 por ciento, son las que se realizan a través de la figura de préstamos, quirografarios, prendarios e hipotecarios. Las inversiones no privativas, que superan el 65 por ciento, se realizan a través de varios mecanismos, que se resumen en dos: operaciones de renta fija y de renta variable.
El segmento de inversiones no privativas supera los 900 millones de dólares. Aquí se habrían producido las irregularidades detectadas. Las autoridades piensan que el mecanismo es similar a una estructura Ponzi. Este esquema es una operación fraudulenta de inversión, que implica el pago de intereses a los inversionistas, con su propio dinero invertido, o con el dinero de nuevos inversionistas.
De entre los 16 productos negociados como inversiones no privativas, dos son los más controversiales. Se trata de operaciones SWAP (transacción estructurada para mantener la renovación, o revolving) por 327 millones de dólares; y operaciones de Reporto por 216 millones de dólares. Estas últimas, negociadas a través de una firma domiciliada en Panamá.
Las operaciones SWAP consisten, en teoría, en canjes de bonos locales, o bonos de deuda interna porque el instituto recibía pagos fiscales con papeles de deuda, con bonos de deuda externa.
Lo que hallaron las investigaciones es que, en la práctica, no se trató de una operación SWAP sino de una venta de bonos locales del ISSPOL y una compra de notas globales de depósito, sin emisor identificado.
En suma, las cuentas por cobrar del instituto de la seguridad policial ascienden a 799 millones de dólares.
Los hallazgos revelen que las autoridades del ISSPOL debieron, en su momento, realizar análisis de riesgo, de liquidez, de legalidad, y de concentración de operaciones. Pero un esquema tan complejo solo pudo perfeccionarse con la participación de funcionarios públicos, que avalaron esas transacciones. Hacia allá apuntan las investigaciones ya iniciadas por la Fiscalía.
