El Estado los olvidó: el drama de los docentes que llevan años sin recibir su jubilación
Jenny Jara ha esperado su jubilación desde hace seis años, sin recibir ni un solo centavo hasta la fecha. Ella salió del sistema educativo en el 2015, tras haber entregado 42 años de su vida al servicio de la educación primaria y secundaria en Ecuador.
“En el 2019 comenzaron a pagar y en ese proceso nos marginaron a algunos. En el 2020 volvimos a protestar, pedimos explicaciones, y comenzaron a titularnos como Docentes Jubilados Rezagados. Ese es el título que tenemos ahora” cuenta Jenny.
Para muchas personas, la jubilación es un tiempo para descansar y disfrutar de lo que se ha cosechado durante años de trabajo. Sin embargo, para los jubilados rezagados, estos han sido años de dolor, frustración e incertidumbre.
LOS REZAGADOS
De acuerdo con la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), existen tres opciones de jubilación voluntaria. La primera, si la persona tiene 60 años y 30 años de aportaciones al IESS. La segunda, si tiene 65 años o más, y 15 años de aportaciones. Y la tercera, indiferente de la edad, para quienes hayan cumplido 40 años de aportaciones al IESS. Las personas a partir de los 70 años deben acogerse a la jubilación obligatoria.
Pese a los requisitos cumplidos, docentes ya jubilados denuncian no haber recibido compensación monetaria alguna, a la que son acreedores según el art. 216 del Código de Trabajo. Desde el 2008 se registran los primeros exprofesores que, hasta la fecha, no reciben su incentivo jubilar, o no lo han recibido completo.
El Ministerio de Trabajo se ha encargado de procesar los incentivos jubilares desde el 2010, cuando entró en vigencia la Losep. Los expedientes anteriores se encuentran bajo la gestión del Ministerio de Educación.
La actual administración heredó una deuda (comprendida entre 2010 y 2017) de 1.200 millones de dólares; y según la información del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Finanzas debe generar órdenes de pago que suman alrededor de 405 mil dólares para 8.214 profesores cuyos expedientes ya han sido aprobados. Sin embargo, las cifras del Frente Unido de Trabajadores de la Educación (FUTE) alzan esta última cifra a 11 mil docentes, entre los cuales se encuentran los rezagados.
Los exdocentes Harry Valarezo (izq.), Jenny Jara y Mabel Riofrío exigiendo sus derechos.
Jara forma parte de este grupo. Contó que en estos seis años ha enviado 15 cartas a las autoridades de los ministerios de educación, finanzas y trabajo, para preguntar por su incentivo jubilar, pero la respuesta siempre fue la misma: “espere el presupuesto de finanzas”.
En el 2015 Jara necesitaba el dinero para subsanar el tratamiento de cáncer de su madre, quien falleció cuatro años después.
Pese a los años, la necesidad persiste, porque su salud se ha ido deteriorando y como vive con su hija y nieta, quiere poder atender sus necesidades de salud con sus propios recursos.
“Se ha actuado indiscriminadamente, en forma desorganizada. Yo, jubilada del 2015 no he sido cancelada de mis haberes, pero ¿por qué a mis compañeros jubilados del mismo año, de marzo y agosto, ya le han cancelado y a compañeros del año 2018 también?” cuestionó.
Después del cese del funcionario, los distritos educativos arman los expedientes y los entregan a la coordinación zonal, que los envía al MINEDUC para la validación. Este organismo manda las carpetas al Ministerio de Trabajo, que a su vez lo dirige hasta el Ministerio de Economía y Finanzas, que debería generar la orden de pago.
En esta cadena de mando se pueden generar tantos comunicados como para armar un expediente de 60 hojas, en el que evidentemente es posible encontrar errores, y si ese es el caso, todo el proceso vuelve a empezar. Esta es precisamente la razón por la que Jara no ha podido avanzar con su proceso.
Cuando fue a preguntar por qué no recibía su compensación, le informaron que hubo una equivocación en un oficio que entregó en el 2015, llamado ‘Acción de personal’ y que la rectificación le correspondía a la entidad que elaboró el documento, es decir, su distrito educativo.
Cuando finalmente pudo solventar ese problema, en 2019, su carpeta pasó a formar parte de la lista de espera. Ese mismo año el presidente Moreno firmó un acuerdo para pagar en efectivo a los maestros rezagados del 2015 al 2017, pero otra vez Jara fue olvidada. Otra vez preguntó qué pasaba, y otra vez le dijeron que identificaron un error en el documento que presentó. Nuevamente no le correspondía a ella y tuvo que volver a iniciar el proceso.
DEMORAS
Fallas, incongruencias y un sistema lento también denuncia el exdocente Harry Valarezo, jubilado del 2019. Valarezo tiene 61 años y sirvió al Ecuador como docente de primaria y secundaria por 37 años.
A él, el Gobierno le debe su incentivo jubilar desde hace dos años. Por el tiempo en el que cesó sus funciones y su edad, se supone que su compensación, de 53 mil dólares, sería a través de bonos del estado que podría mantener hasta los 70 años, para cobrar en efectivo, o vender al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), bajo una penalización de 3 mil dólares.
Valarezo es el actual dirigente de la Confraternidad 13 de Abril, una asociación de docentes jubilados asociada a la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador. Denunció que como él, “hay muchos casos de compañeros que no saben por dónde está su trámite y los distritos no dan respuesta. Dicen que no ha llegado nada o no dicen nada”.
Con esas demoras, el proceso puede extenderse meses y años. Actualmente a los jubilados se los clasifica en varias categorías:
Valarezo expresó su preocupación porque cada vez se incorporan más profesores al programa jubilar, y las autoridades tienen deudas desde hace 13 años. La situación es tan preocupante que los maestros están considerando irse a una huelga de hambre.
“Los jubilados la estamos luchando para tener esa platita para nuestra salud. En estas condiciones si uno se enferma ¿qué hace? ir a un médico particular” señaló Valarezo.
El exdocente indicó que sufre de artrosis y que tiene que acudir a 10 terapias de rehabilitación, pero en estos momentos de pandemia teme acudir al IESS porque atienden a pacientes con Covid-19 y él forma parte del grupo vulnerable.
Una consulta en el área de traumatología en una fundación u hospital particular puede llegar a costarle, según dijo, entre 50 a 60 dólares, sin contar los exámenes por otras complicaciones y los medicamentos, que muchas veces no están disponibles en la red pública de salud.
“No es justo que trabajando tantos años uno tenga que esperar tantos años más para que nos paguen ese incentivo… si al sistema educativo el Gobierno lo maltrata, no se diga a los jubilados. Somos la última rueda del coche en este carro destartalado” dijo.
PAGOS
En 2018 el Ministerio de Trabajo expidió un acuerdo que dice que la remuneración para las personas con jubilación no obligatoria se suspenderá hasta que exista disponibilidad presupuestaria o hasta que el servidor cumpla 70 años de edad. Hasta eso, se entregarán bonos del Estado.
En agosto del 2019, el entonces ministro de Economía, Richard Martínez, firmó un convenio de pago con los jubilados y autorizó al BIESS a adquirir 240 millones de dólares; con los que se pagó a una parte de acreedores. Asimismo, en el 2020 hubo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para desembolsar 100 millones de dólares que se usaría para pagar las pensiones jubilares y bonos del estado específicamente de los docentes rezagados.
Para decidir quiénes son prioritarios, los ministerios de educación y de trabajo revisan los expedientes y les otorgan una calificación según los siguientes parámetros:
Hasta diciembre de 2020 el Estado había pagado el 62% y además se anunció otro desembolso para el primer trimestre del 2021. Sin embargo, hasta ahora el dinero no ha llegado, ni siquiera para algunos docentes con enfermedades catastróficas o discapacidad.
Mabel Riofrío se jubiló también en 2019 y tiene cáncer de mama. Su enfermedad nunca mermó su espíritu, pues trabajó 32 años y además fue rectora de un colegio ubicado en Bastión Popular, una zona conflictiva de Guayaquil. Riofrío contó que a ella el MINEDUC le informó que su documento Acción de Personal está incorrecto (exactamente como el de la exdocente Jara) y que su distrito tiene que corregirlo. Pese a ello, cuando se ha acercado al lugar pertinente, la redirigen al ministerio otra vez y así ha pasado un año.
“Por una falla de la persona que emitió el documento, yo estoy sufriendo. Cada uno de los jubilados vivimos situaciones duras, y más los que son discapacitados o estamos enfermos, porque no solamente estamos desvaneciéndonos, sino que también tenemos familias detrás nuestro” indicó.
Riofrío está desesperada. Fue diagnosticada con depresión y padece de hernia discal; pero no puede acudir al hospital IESS Ceibos para recibir sus tratamientos porque teme contagiarse de Covid-19, y no tiene suficiente dinero como para pagar un terapeuta particular. Sobre todo, lo que más teme es el retorno de su cáncer. Ahora está en remisión, pero le preocupa que regrese y ya no pueda ayudar a su familia; especialmente a uno de sus hijos, que tiene el síndrome de Ásperger, un trastorno asociado con el autismo. Quiere terminar de pagar su casa por si algo malo sucede, el niño pueda tener un lugar seguro donde quedarse y que “nadie lo mire raro o le diga algo”.
¿QUÉ SIGUE AHORA?
El próximo 23 de mayo será el último día de la administración del presidente Lenin Moreno, y el 24 se realizará la posesión del nuevo soberano del país. Los exdocentes no saben cómo se manifestará el siguiente gobierno en torno a esta deuda, que ha sido arrastrada desde los tiempos de Rafael Correa.
Los dos candidatos a la presidencia de la república establecen en sus respectivos planes de gobierno, la necesidad de reformar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Según un portal digital ecuatoriano, Guillermo Lasso plantearía una consulta sobre el IESS y después pensaría en reformas específicas. Además, ha prometido una administración que garantice el correcto manejo del dinero de la seguridad social, y ha manifestado estar de acuerdo con el aporte del 40% del Estado a esta institución. En su plan de gobierno, propone:
- Fortalecer el sistema de pensiones de reparto y permitir nuevas opciones de ahorro privado.
- Reformar el IESS a favor de los afiliados y tomar los correctivos necesarios (principalmente en la estructura y el proceso de designación del Consejo Superior del IESS, para que sea dirigido y administrado por sus afiliados).
