Defensor del Pueblo pide que se prohíba la salida del país al presidente Moreno por presuntos delitos de lesa humanidad
Carolina Farfán martes, 23 marzo 2021 - 12:39
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En su calidad de Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, hizo pública, este martes 23 de marzo de 2021, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos de lesa humanidad durante las protestas de octubre de 2019. Pide que las autoridades prohíban la salida del país del Presidente de la República, Lenín Moreno; ministros y otros funcionarios.
"En cumplimiento de las funciones constitucionales respecto a la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador (...); y, conocedor de las violaciones de derechos humanos cometidas contra las víctimas de la represión de octubre 2019 establecidas en el informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, comparezco ante usted", empieza la denuncia.
En la misma, Carrión identifica como autores o encubridores del delito denunciado y personas que presenciaron la infracción o que puedan tener conocimiento de ella a: Lenín Moreno , en su calidad de Presidente Constitucional de la República del Ecuador; María Paula Romo, en su calidad de Ex Ministra de Gobierno (de quien se conoce que se encuentra domiciliada en Estados Unidos); Nelson Villegas, en su calidad de Comandante General de Policía al momento de los hechos; Patricio Carrillo, en su calidad de Director General de Operaciones de la Policía Nacional al momento de los hechos ; Víctor Aráus, en su calidad de Comandante de la Zona 9 DMQ al momento de los hechos ; Oswaldo Jarrín, en su calidad de Ministro de Defensa Nacional; entre otros.
También incluye como presuntos autores al personal policial y militar que actuó en el marco de las protestas del 3 al 16 de octubre del 2019.
Urgente La #DefensoríaDelPueblo presenta denuncia ante la @FiscaliaEcuador por presuntos delitos de lesa humanidad y pide que las autoridades prohíban la salida del país del Presidente de la República, ministros y otros/as. Más: https://t.co/YGhbf7A9cP pic.twitter.com/aQZaAKisSx
— DefensoríadelPueblo (@DEFENSORIAEC) March 23, 2021
Carrión detalla como antecedentes "la convocatoria ciudadana para ejercer su derecho de protesta pacífica contra las medidas impuestas fue de grandes proporciones; generando el apoyo de varios sectores de la sociedad que se unieron para solventar las necesidades básicas de quienes participaron en las manifestaciones durante los días de octubre de 2019. El paro nacional finalizó con el acuerdo entre el Gobierno y la dirigencia indígena que demandó un diálogo público y televisado. Con este acuerdo se emitió un nuevo decreto que dejó sin efecto el Decreto Ejecutivo 883. Sin embargo, los excesos de la fuerza pública durante los días del paro nacional dejaron varias víctimas de violaciones de derechos humanos, y el carácter generalizado del ataque contra la población civil motiva la presente denuncia por el presunto delito de lesa humanidad".
Tras la manifestación de octubre, la Defensoría del Pueblo conformó la Comisión Especial para l a Verdad y la Justicia (CEVJ) para realizar una investigación, con el objetivo de: “establecer la verdad, justicia y reparación de todas las presuntas víctimas de las evidencias que muestren posibles vulneraciones a derechos humanos".
El pasado 17 de marzo de 2021, la CEVJ entregó a la Defensoría del Pueblo y a la ciudadanía el informe técnico sobre lo sucedido durante las protestas que tuvieron lugar en el país durante el periodo comprendido entre el 3 y el 16 de octubre de 2019, así como las posibles causas y circunstancias que provocaron los hechos. El informe contiene los hallazgos sobre el cometimiento de presuntas violaciones de derechos humanos atribuibles al Estado.
En el marco de la investigación -no judicial- la CEVJ analizó 519 testimonios, provenientes de la recopilación efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los recibidos por la propia CEVJ durante su mandato. De este universo 249 corresponderían a vulneraciones de derechos humanos presuntamente perpetradas por agentes estatales en el contexto del paro nacional de octubre.
En lo que se refiere a presuntas y presuntos responsables institucionales, de los 249 testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos, se desprende que 189 habrían sido perpetradas por personal de la Policía Nacional y 34 por personal de las Fuerzas Armadas.
Las violaciones a los derechos humanos registradas tendrían relación con violaciones al derecho a la integridad personal, que incluye lesiones oculares graves, al derecho a la libertad personal, ejecuciones extrajudiciales, atentados contra el derecho a la vida y violencia sexual.
Según el informe, se logró establecer que seis personas fallecieron durante el paro nacional de octubre de 2019, "constituyéndose una presunta violación de derechos humanos bajo la modalidad de ejecución extrajudicial, ya que el sujeto activo del delito sería un agente estatal".
En base a lo expuesto, el Defensor solicitó a la fiscal general, Diana Salazar, se sirva disponer, "c omo actuación fiscal urgente", la recepción de las versiones para
"obtener información y garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de un presunto delito de lesa humanidad".
Además, pide a la Fiscal que considere la formulación de cargos de manera "URGENTE" y se requiera a un Juez de la Corte Nacional de Justicia, que dicte las medidas cautelares personales previstas en la ley "para asegurar la presencia de las personas mencionadas en ésta denuncia, tomando en cuenta que sobre todo las altas autoridades de la Función Ejecutiva que tiene fuero de corte".
Por último, Carrión pide que se acoja de modo prioritario el ingreso de su familia y el suyo al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT) "por haber recibido múltiple amenazas contra mi integridad física y la de mi familia. Resulta fundamental contar con protección especializada para cumplir cabalmente con mi función como Defensor del Pueblo".
