¿Cómo sobrevivir a las deudas hipotecarias durante la pandemia?
Casi 10 mil afiliados deben 377 millones al BIESS desde hace más de un año. La cuarta parte tiene pagos en mora por tres años o más. ¿Deberían estar cobijados por los beneficios de la Ley Humanitaria? Esta cubre a quienes dejaron de pagar por efectos de la pandemia.
Hace cuatro años cumplió el sueño de su vida. Gracias a un préstamo hipotecario del BIESS, compró una casa en la Mitad del Mundo, al norte de Quito. Todo era perfecto: techo propio, clima cálido, proximidad de la escuela de su hijo; cercanía a su sitio de trabajo. Pero llegó la crisis sanitaria.
En agosto le notificaron de su despido. La sorpresa fue mayor cuando vio que el monto de liquidación no refleja sus años de trabajo. Ahora, intenta que su emprendimiento de preparación y entrega de comidas a domicilio, combinado con las actividades de profesora de inglés, matemáticas y contabilidad online, por horas durante las tardes, genere ingresos suficientes para cubrir las cuotas y no perder su vivienda.
¿La alternativa? Refinanciar su deuda con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad, BIESS. En su caso, solicitó alargar el plazo para pagar, acogiéndose al máximo previsto, que es 30 años. Es una de las 2.937 solicitudes de diferimiento de cuotas, presentadas en medio de la pandemia.
El BIESS presta los recursos de los afiliados a la seguridad social. A la fecha, en créditos hipotecarios, mantiene colocado un monto equivalente al siete por ciento del PIB nacional (siete mil millones de dólares). En quirografarios, los créditos equivalen al tres por ciento del PIB. En total, entre los dos tipos de préstamos, superan el 10 por ciento de toda la economía ecuatoriana.
El coletazo de la pandemia mermó la capacidad de pago, por pérdida de fuentes de trabajo y disminución de ingresos. “Sabemos que unos 350 mil ecuatorianos se quedaron sin empleo; las previsiones optimistas cuantifican en 500 mil los afectados hasta fin de año; pero el escenario pesimista plantea una cifra mayor, casi 800 mil desempleados hasta fin de año”, advierte a Vistazo el defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago.
Esta entidad planteó una acción judicial en defensa de los afectados por deudas bancarias agravadas por intereses, recargos y moras; cobros indebidos y no autorizados, débitos automáticos y otros recargos por parte de las entidades financieras, incluyendo públicas y privadas. Si bien la petición no fue acogida, la entidad apeló aduciendo que su misión es velar por el interés de los perjudicados. En sus cifras hay unos cuatro millones de afectados.
Como botón de muestra, a las oficinas de la Defensoría del Pueblo llegaron 800 quejas. “La única opción es la posibilidad de renegociar las obligaciones, esto no puede ser discrecional por parte de las entidades financieras, debe haber una redefinición en términos realistas, para que las deudas puedan ser cubiertas”, explica Carrión. El defensor destaca que entre las peticiones relacionadas con deudas en mora, “no hay un solo caso de alguien que se niegue a pagar, pero sí mencionan la urgencia de redefinir las condiciones para poder cubrir las obligaciones”.
Carrión cuestiona que las autoridades del sector financiero resolvieron que la decisión sobre renegociar fuera discrecional para cada entidad. Esto, argumenta, provocó el aumento de la cartera de morosidad. “Si sigue aumentando, es probable que los bancos muden de objeto social y se dediquen a ser instituciones inmobiliarias”.
Empresas públicas y privadas cerraron durante la crisis sanitaria. En mayo, TAME anunció su liquidación; cientos de personas perdieron su trabajo.
Tres escenarios para renegociar
Más de 1.700 millones fueron colocados por el BIESS en créditos quirografarios durante este año. En los quirografarios, la garantía de pago son los propios fondos de reserva y de cesantía de cada afiliado. Si en 90 días la persona que accedió al crédito está impaga, el BIESS cruza cuentas y recupera el dinero del préstamo.
Durante la pandemia los quirografarios sirvieron para equilibrar las finanzas en el hogar, según reveló el gerente del BIESS, Diego Burneo, ante la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea. El 43 por ciento de los préstamos se destinó a cubrir gastos de salud y el 39 por ciento, para pagar deudas, según sus cifras. El porcentaje de mora en este segmento es algo superior al uno por ciento.
El panorama de los hipotecarios es distinto. El porcentaje de mora en este tipo de crédito subió de 7,34 por ciento en julio de 2019 a 11,42 por ciento, en julio de 2020. Según esos datos, 260 mil personas perdieron sus afiliaciones a la seguridad social durante los últimos meses, por secuelas de la crisis sanitaria.
La Asamblea aprobó en junio la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del Covid-19. Para cumplir esta ley, el BIESS resolvió diferir las cuotas de los hipotecarios, correspondientes a los meses de marzo a junio de este año. Los pagos se trasladarán al final de la tabla prevista, sin intereses ni multas.
Hay tres opciones para reprogramar los préstamos hipotecarios. La novación aplica cuando está al día en sus pagos; el refinanciamiento cabe luego de un mes de caer en mora, por la reducción de ingresos. Y la reestructuración tiene lugar cuando la mora supera los seis meses.
Una disposición transitoria en la Ley Humanitaria determina que durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, y por 180 días adicionales, “quedan suspendidos todos los procesos de coactiva que a la fecha de la declaración del estado de excepción se hayan instaurado, se estuvieren ejecutando o en trámite en las instituciones públicas”. El BIESS considera que están cubiertos por la Ley Humanitaria los deudores que cayeron en mora hace menos de un año, así lo explica Burneo en entrevista con Vistazo. Él está en funciones desde hace cuatro meses. Una de sus prioridades es el cobro de obligaciones a más de 9.653 deudores morosos que mantienen saldos acumulados, desde hace más de un año. Esta cartera morosa representa 377 millones de dólares. Dentro de este grupo, hay 2.564 morosos históricos, con mora superior a tres años. Dejaron de pagar antes de la pandemia y no deberían acogerse a los beneficios de la Ley Humanitaria; pero la confusa redacción del texto legal en el Legislativo obligó a realizar una consulta al Procurador del Estado.
Por lo pronto, mientras se aclara el panorama, lo más aconsejable para quienes mantienen cuotas pendientes por hipotecas ante el BIESS es que empiecen un proceso de renegociación.
Figuras políticas en mora
Una decena de gerentes ha tenido el BIESS, desde su creación en 2010. Una investigación conjunta de Vistazo y el portal Código Vidrio mostró irregularidades tanto en la concesión de préstamos como en la gestión de cobro.
Hubo concentración de créditos a beneficiarios que ni siquiera presentaban declaración del impuesto a la renta. El préstamo en un caso particular superó el medio millón de dólares, y se entregó a una sola persona; una suma similar se prestó a una pariente suya. Más de 300 mil dólares se entregaron en sendos créditos a dos personas que dejaron de pagar en la misma fecha, sin consecuencias legales.
Registros que presentó esta investigación conjunta muestran que la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, está en mora desde enero de este año. Ella recibió dos créditos entre 2013 y 2014. El primero por 29.990 dólares, en enero de 2013, cuando era candidata a asambleísta nacional. El segundo, ya en 2014 cuando presidía la Legislatura, superó los 254 mil dólares y se destinó a la compra de una vivienda en el noroccidente de Quito. La deuda fue adquirida a 15 años plazo.
Otra morosa es María Sol Larrea Sánchez, quien fuera brazo derecho de Ramiro González al frente del consejo directivo del IESS. Recibió un crédito de 99 mil dólares a mediados de julio de 2015. Privada de libertad enfrenta varios procesos penales, relacionados con su gestión pública.
“El BIESS no busca llenarse de viviendas”
Está en funciones cuatro meses, busca resolver el problema de la morosidad que existía antes de la pandemia. El gerente del BIESS, Diego Burneo, explica a Vistazo la magnitud del tema.
Diego Burneo, gerente del BIESS.
P: ¿Cuántos acreedores están en mora actualmente?
R: Los deudores, con saldos acumulados mayores de un año, suman 9.653 aproximadamente con cerca de 377 millones en cartera morosa.
Los deudores amparados por la Ley Humanitaria, aquellos que están en mora por menos de un año, tienen un tratamiento diferenciado. Hay una mayor tolerancia en el plazo, antes de iniciar acciones de cobro. Con ellos, El BIESS, en el marco de la normativa y las resoluciones del directorio y la Ley Humanitaria, está determinando nuevas medidas para brindarles alternativas que les permitan ponerse al día y evitar entrar en procesos coactivos.
P: ¿Cuántas solicitudes de diferimiento se presentaron hasta mediados de octubre?
R: Al 19 de octubre se han presentado 2.937 solicitudes para diferimiento de cuotas por aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario. En todo caso, se aconseja a todos los deudores contactar al banco para auscultar alternativas de pago, antes que sea demasiado tarde.
P: ¿Qué pasa si uno de los afiliados presentó su solicitud de diferimiento y posterior a esto, pese a ser un deudor de buena fe, perdió su empleo o fuente de ingresos?
R: El objetivo del Banco no es afectar al usuario ni quitarle su vivienda. Estudiamos formas para atenderles, con las mejores soluciones, que incluyen opciones de diferimiento, reestructuración y/o refinanciamiento o novaciones para los que puedan calificar.
P: ¿Cómo evitará el Banco del IESS convertirse en una inmobiliaria con los bienes incautados mediante coactiva?
R: El objetivo del BIESS no es incautar bienes por la vía coactiva. Sin embargo, sí es obligación del Banco administrar eficientemente los fondos confiados y, por normativa, realizar acciones de cobro. Por ello se aplicarán los mecanismos administrativos, operativos y legales, correspondientes para la recuperación de esas deudas, en especial para los casos de deudas que superan el año.
P: Hay deudores históricos, morosos antes de la pandemia. ¿Cuál va a ser el camino de cobro? ¿Rigen para ellos los beneficios de la Ley Humanitaria?
R: Para esas más de 2.500 operaciones con mora superior a 1.080 días (tres años), no debería aplicar la Ley de Apoyo Humanitario para el diferimiento. El BIESS considera que el impedimento de coactiva debería aplicarse a la mora generada por la pandemia, no a obligaciones vencidas por años. Por tal motivo, estamos realizando consultas a la Procuraduría General del Estado. El BIESS entrega hasta tres notificaciones por escrito a los usuarios en mora y ellos, a través de la página web, podrán aplicar a un arreglo de obligaciones en novación, refinanciamiento o reestructura.
Si el cliente no gestiona su obligación pendiente de pago, el proceso será remitido a la acción legal de coactivas, apenas la Ley de Apoyo Humanitario lo permita, o la Procuraduría se pronuncie positivamente.
