Causantes de las muertes de Roberto Malta y Santiago Jaramillo aún están libres | Vistazo

Causantes de las muertes de Roberto Malta y Santiago Jaramillo aún están libres

Jorge Cavagnaro y Nicole Landín Lunes, 05 de Abril de 2021 - 16:27
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Cada día, en Ecuador hay 61 accidentes de tránsito, con más de 50 lesionados o fallecidos. Los casos de Roberto Malta y Santiago Jaramillo son dos de los cientos que aún no se resuelven. 
 
“Estábamos por entrar al altar y me fijé que faltaba su anillo en el estuche. Me quería morir, pero él me dijo que me olvidara de eso, que él estaba allí para hacerme feliz siempre y que disfrutáramos del día más feliz de nuestras vidas. Luego regresamos a la hacienda donde nos casamos y encontramos el anillo en el lugar menos pensado”. 
 
A Andrea Chávez se le ilumina la mirada cuando habla de Roberto Malta, el hombre que “siempre fue optimista y alegre”, y con quien se casó en 2016. Casi cuatro años después, en un accidente de tránsito, Roberto falleció luego de ser impactado por un vehículo cuando iba a ingresar a su carro. 
 
 
“Santiago amaba a sus mascotas, se pasaba rescatando animales cada vez que podía. Teníamos tres gatos y una perra, Matilde, que cuatro meses después del accidente de Santiago, también falleció. Y hay quienes no creen en la conexión emocional que las mascotas pueden tener con sus familias”. 
 
Con voz entrecortada, Ornella Zambrano recuerda a Santiago Jaramillo, a quien conoció hace cinco años. “Las historias de almas gemelas sí existen; la nuestra fue así. Desde que nos vimos, nunca más volvimos a separarnos”. Hasta el 17 de agosto, cuando Santiago fue atropellado mientras andaba en bicicleta en la avenida León Febres-Cordero, en Samborondón. 
 
En los últimos tres años, de acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Tránsito, se reportaron más de 67 mil accidentes, es decir, un promedio de 22 mil por año. Esto significa que cada día se dan 61 siniestros de este tipo, donde más de 50 personas quedan lesionadas o mueren. Guayas representa más de la tercera parte de estos casos.
 
 
Lo llamativo son las causas de esos siniestros. El 70 por ciento suceden por errores del conductor: desde desatenciones, no respetar las señales, superar los límites de velocidad y no mantener la distancia. Mientras siete por ciento se da por la influencia de alcohol o estupefacientes en una persona. 
 
Dos de estas causas son parte de la discusión judicial en los casos de Malta y Jaramillo. En el primero, la familia del fallecido asegura que la conductora ingirió alcohol; en el de Jaramillo, la imprudencia del conductor implicado. En ambos casos buscan que los responsables vayan a prisión, aunque generalmente eso no sucede: quedan libres a través de mecanismos legales o por acuerdos con los perjudicados. 
 
Cerca y lejos 
 
En la madrugada del sábado 5 de septiembre, Kenny A. embistió con su vehículo a Roberto en la ciudadela Urdesa, al norte de Guayaquil. Él estaba por ingresar a su carro cuando lo impactaron por el lado del conductor. La escena, reproducida en redes sociales, impacta. Una semana después, Roberto falleció por las lesiones internas que lo tuvieron en coma todo el tiempo en el hospital Luis Vernaza. 
 
El caso, hasta ahora, deja dudas en cómo se lo trató. El mismo día del deceso, la Fiscalía explicó en un comunicado que pidió prisión preventiva para la infractora, pero que la jueza de la causa en ese momento, Heidy Borja, otorgó medidas sustitutivas (libertad condicional) dos días después. 
 
¿La justificación? “El día de la audiencia, la Fiscalía solo tenía una versión, un reconocimiento médico con una incapacidad física de 31 a 90 días y jamás reprodujo el video (del accidente)”, señaló Borja en el programa digital Estado de Derecho. Destacó que la Fiscalía tenía que cumplir con cuatro requisitos para que se dicte la prisión preventiva y que esto no se dio. “Ni siquiera apeló, y si no lo hace, significa que está conforme y acepta la decisión dada por la jueza”. Consultamos sobre esto a la Fiscalía, pero hasta el cierre de esta edición, no recibimos respuesta. 
 
Además, Borja agregó que el alcohol no es un agravante en las infracciones de tránsito y que en la audiencia nunca se mencionó que la infractora huyó del sitio. Lo cierto es que pocos días después, cuando Kenny A. no se presentó en la audiencia, la misma jueza Borja solicitó prisión preventiva por no encontrar justificativos a esa ausencia. Pero ya era tarde. “Ella (Kenny A.) está en un lugar seguro, en el país. No se ha ido”, aseguran Jorge Haz y Pavlov Rodríguez, abogados de la infractora. ¿Por qué no se presenta? “Cuando tenga las condiciones apropiadas, lo hará. Hoy hasta la han amenazado de muerte”, indican. 
 
¿Hubo errores en el proceso? En la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil señalan que la acusada se negó a las pruebas de alcohotest (soplido) y alcoholemia (sangre). Y según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), esto da la presunción de máximo grado de embriaguez. Además, indica que la prueba psicosomática (motriz) fue positiva. Los abogados tienen otra versión. “En el alcohotest tenía miedo de contagiarse de COVID-19, y la de sangre nunca se la solicitaron”. Mientras en la psicosomática, cuestionan que la realizó un médico legista cuando, según ellos, la debía hacer el agente. Desde la ATM aseguran que siguieron los pasos correctos. 
 
En el caso se manejan dos tesis: la primera, desde la familia de la víctima, es que Kenny A. estaba bajo los efectos del alcohol; desde los abogados de la implicada, aseguran que el siniestro ocurrió porque ella intentaba abrir el portón de su casa. “Quiso tocar el botón, se le cayó el dispositivo, se agachó para cogerlo y se empezó a orillar. No se detiene cuando lo impacta porque no se da cuenta contra qué choca”, comentan. 
 
El video inicial da para diferentes hipótesis, pero el abogado de la familia Malta, José Massú, asegura que hay un video en la Fiscalía donde se puede observar que la conductora se mantiene al volante todo el tiempo y no se agacha. En una visita al sitio del accidente, el equipo periodístico de Vistazo comprobó que la distancia entre ese lugar hasta el domicilio donde vivía Kenny A. es de casi 100 metros; mientras las puertas eléctricas de un garaje se activan desde una distancia mucho más corta. En el video se ve cómo luego del impacto recorre 12 segundos más hasta virar en la esquina, donde dos casas después se encontraba su domicilio. 
 
Si Kenny A. es sentenciada por “muerte culposa”, el Código Orgánico Integral Penal indica que la pena privativa de libertad debe ser entre uno a tres años. La sanción aumenta hasta cinco años si es que se produce por acciones innecesarias como exceso de velocidad o malas condiciones mecánicas del vehículo. Pero si ella es juzgada por “muerte causada por conductor en estado de embriaguez”, la Ley señala una pena que va entre 10 a 12 años, más la revocatoria definitiva de la licencia de conducir. 
 
El caso de Jaramillo es distinto. Él falleció en el mismo sitio del accidente, ocurrido un mes antes que el de Malta, y al infractor no se lo detuvo. Las investigaciones, meses después, revelaron a un presunto responsable, Christian A. “Cuando se consiguió la información de quién manejaba el vehículo, nos dimos cuenta que esa persona había salido del país con su mamá dos días después del accidente”, indica su esposa, Ornella Zambrano.
 
El presunto implicado regresó un mes después. “En las dos primeras llamadas a rendir versión, no se presentó. En la tercera, que es cuando se podía acudir con la fuerza policial, se declaró culpable alegando que recién se enteraba que se trataba del accidente de Santiago. Fue una completa falta de respeto y burla”. 
 
A finales de febrero, en la audiencia de formulación de cargos, la jueza dictó prisión preventiva. “Él participó de manera virtual. Ahora la policía debe buscarlo y capturarlo, para llevarlo a una audiencia evaluatoria y que se proceda con el juicio”. 
 
¿Hay que cambiar? 
 
Los casos de Roberto Malta y Santiago Jaramillo muestran la necesidad de mejorar los procesos judiciales. En el de Malta, luego del accidente fue trasladado al hospital, donde un médico perito legista de la ATM le realizó una valoración médica, “cuyo resultado es de 31 a 90 días de incapacidad física salvo complicaciones (…)”. 
 
El abogado Massú explica que cuando las lesiones o incapacidad por un accidente son mayores a 90 días, la pena es desde cinco años en adelante. Con esto, la jueza a cargo no podía sustituir las medidas cautelares, sino que debía dejar presa a la implicada. “Se sabe que los médicos legistas públicos ponen menos días a no ser que los daños sean muy visibles, porque si el causante del accidente queda en prisión por mucho tiempo y el tiempo de las lesiones debía ser menor, es un problema directo para ellos”. 
 
Para Pedro Ceballos Patiño, penalista con más de 15 años de experiencia, el problema nace con el parte preliminar que da un número de expectativa de recuperación aproximado “que puede variar, y de hecho siempre lo hará porque lamentablemente el tiempo de flagrancia (detención en el momento) es muy corto (24 horas). Pero decir que existen vacíos para que los implicados evadan la pena privativa de libertad es un planteamiento erróneo. La presunción de inocencia siempre estará hasta el momento de la sentencia. La prisión preventiva (…) siempre debe ser de carácter excepcional”. 
 
Pese a esta explicación, estos casos han generado cuestionamiento público desde las redes sociales, que fueron las plataformas donde se reprodujeron los videos y se realizaron las denuncias. Todo derivó a una discusión adicional:
 
¿Protegen las leyes de este país a los perjudicados y víctimas de accidentes de tránsito? Ceballos cree que hay ciertos pasos que deben modificarse, como el plazo de la flagrancia (detención en el momento) y la instrucción fiscal (proceso donde se investiga), porque en materia de tránsito es corto el tiempo. Pero en otros temas, como la prisión preventiva, no. 
 
¿Se puede confiar en la justicia? Para la esposa de Santiago Jaramillo, es difícil responderlo en base a su caso porque reconoce que los responsables de investigar y encontrar al culpable sí los acompañaron en el proceso. Aunque sí cuestiona el tiempo que se debe esperar para tener un resultado. “Ha sido bastante doloroso pasar por esto, porque el sistema (judicial) tiene mucha burocracia”. 
 
En los casos mencionados, los familiares buscan que los responsables cumplan una sentencia. En el de Malta, ya hay llamamiento a juicio contra Kenny A., aunque sus abogados señalan que ella no se presentará por el momento. Mientras el paradero de Christian A., quien atropelló a Jaramillo, es un misterio. El riesgo, en ambos casos, es que los juicios prescriban y la justicia nunca llegue.
 

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