Caso “El Rodeo”: sentenciados deberán cumplir con su pena por asociación ilícita y concusión
Carolina Farfán viernes, 18 diciembre 2020 - 01:20
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Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí acogió el pedido del fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, y negó la suspensión condicional de la pena para cuatro funcionarios públicos que fueron sentenciados a seis años de prisión, como autores directos de asociación ilícita y concusión.
Lo mismo ocurrió con un abogado en libre ejercicio, sentenciado a tres años como autor directo de asociación ilícita.
Por unanimidad, los jueces tomaron esta decisión, ya que no se cumplieron con todas las condiciones dispuestas en el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
En su intervención, Santillán se refirió a la modalidad y gravedad de la conducta. Expresó que en la audiencia de juzgamiento, Fiscalía demostró que Omar Vinicio O. S. (juez), Einstein Reinaldo R. R., Rodrigo Miguel M. M. y Eker Cayetano G. G. (funcionarios del SNAI), cometieron asociación ilícita y concusión en concurso real de infracciones.
Agregó que, en este caso, existió y se probó la exigencia de dinero a un grupo vulnerable, como son las personas privadas de la libertad, comportamiento adoptado por servidores públicos que no es aceptable, pues están llamados a actuar bajo el principio de debida diligencia, según lo establece la Constitución de la República del Ecuador.
Por ello, solicitó al Tribunal que no se aplique la suspensión condicional de la pena, pues se enviaría a la sociedad un mensaje negativo de que la justicia es permisiva con este tipo de delitos cometidos por servidores del Estado.
Fiscalía demostró que el personal administrativo del SNAI, que trabajaba en el área jurídica del Centro de Rehabilitación Social “El Rodeo”, contactaba a personas privadas de la libertad (PPL) próximas a cumplir su tiempo de pena, por lo tanto, habilitadas para acceder a algún beneficio penitenciario, que por ley es gratuito.
El objetivo era ofrecerles servicios para agilitar sus trámites, pero –a cambio– les exigían pagos en efectivo más botellas de whisky, que eran entregadas al Juez de Garantías Penales y Penitenciarias para dar paso a dichos beneficios.
