Aumenta a 8 años la pena de prisión contra excoordinadora del IESS, María Sol Larrea
Después de una apelación de Fiscalía, la pena privativa de libertad contra la excoordinadora del IESS, María Sol Larrea y otras cinco personas procesadas por el delito de peculado, aumentó a ocho años. Larrea había sido sentenciada a 1 año de prisión como cómplice del delito, pero Fiscalía pidió el cambio de figura penal a coatura para ella y los otros procesados que fueron sentenciados en primera instancia a 3 años de cárcel.
En cuanto a la reparación integral, se estableció el pago de 7’407.000 dólares, contra los 6 sentenciados por este caso. Cada uno deberá pagar al IESS la suma de $1’234.500.
La Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha revocó la sentencia, con base en los argumentos expuestos por Fiscalía, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Procuraduría General del Estado y Contraloría General del Estado, durante la audiencia de apelación.
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En su intervención, la fiscal Yolanda Chasi explicó que María Sol Larrea, como directora del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) del IESS, llevó adelante el proceso para la adquisición e implementación de equipos oftalmológicos en todo el país.
Sin embargo, no se justificaba la necesidad de contratación de dichos equipos, debido a que permanecieron embodegados, porque no contaban con el espacio físico para su ubicación ni con el personal para su operación. También estaban sobrevalorados, afectando así a los recursos de la Institución. El contrato para adquirir estos equipos fue de $ 30’127.700
Además, los miembros de la Comisión Técnica –durante la etapa precontractual– no tomaron en cuenta las observaciones presentadas por los miembros de la subcomisión, quienes alertaron el sobreprecio en los equipos oftalmológicos, lo que ocasionó un abuso de fondos públicos afectando los recursos del IESS y, por consecuencia, los fondos públicos del estado.
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El abogado de Larrea, Stalin Raza, indicó que su defendida no aprobó el proceso de contratación, y que solo lo pudo haber hecho el entonces presidente del Consejo Directivo del IESS, Ramiro González: "La intervención de María Sol Larrea, al elaborar este proyecto y al firmar unos oficios solicitando que el proyecto sea considerado, fueron dejados sin efecto. Alguien introdujo este material en el segundo proceso de contratación. Quien tenía la facultad de autorizar este proceso de licitación es el señor Ramiro González”.
En la sentencia emitida por el Tribunal, se reconoce que otros funcionarios del IESS que intervinieron en el delito, no han sido procesados, por lo que dispone la entrega de copias del proceso a Fiscalía para que se investigue a estas personas.
