Así "se cocinó" la sentencia contra Rafael Correa | Vistazo

Así "se cocinó" la sentencia contra Rafael Correa

María Belén Arroyo | marroyo@uio.vistazo.com| Viernes, 25 de Septiembre de 2020 - 18:10
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Temis representa a la justicia en la mitología griega; Iustitia para los romanos. La balanza y la espada simbolizan la fuerza de sus argumentos; los ojos vendados significan que la jueza no mira a las personas, sino los hechos. El trabajo incansable de varias mujeres se tradujo en la condena, ratificada en última instancia, de quien fuera el presidente más poderoso del país desde el regreso a la democracia. 
 
La sentencia de ocho años por el delito de cohecho impide la participación política del expresidente Rafael Correa, prófugo en Bélgica, y del exvicepresidente Jorge Glas, detenido en Latacunga por el caso Odebrecht. 
 
En un hecho sin precedentes, el exmandatario fue hallado culpable de un delito de acción pública en todas las instancias de la justicia. La sentencia quedó ratificada luego de la audiencia de casación, realizada a inicios de septiembre.
 
 
La Fiscal general Diana Salazar Méndez encontró evidencias sobre cobros ilegales desde las más altas esferas del correísmo, a empresas privadas que mantenían contratos de obra pública con el Estado. No solo fueron pruebas documentales, como facturas, registros Excel y cuadernos de anotaciones.
 
Obtuvo los testimonios de dos de las principales operadoras de este esquema, Pamela Martínez y Laura Terán, quienes aceptaron colaborar con la justicia para esclarecer los hechos, a cambio de sentencias reducidas en el juicio más controversial de los últimos tiempos, el caso Sobornos 2012-2016.  
 
Los pagos y favores superan los 7 millones de dólares, que la organización política en el poder usó como caja chica para gastos de campaña. También pagó servicios de protección, a un cuerpo civil constituido como una fuerza de choque para defender al régimen, el grupo EVO. En teoría, era un fondo solidario para ayudar a los más necesitados. En la práctica, el mismo presidente Correa recibió seis mil dólares de este fondo. 
 
Las empresas que hicieron estos favores entregaron dinero en efectivo y en ocasiones asumieron el pago de proveedores, a través del cruce de facturas por servicios de terceros. Esto quedó documentado en archivos de los servidores de las funcionarias públicas. Las empresas pedían, a cambio, adjudicación de nuevas obras o bien el desembolso de pagos con recursos estatales. 
 
Por ejemplo, la constructora ecuatoriana Fopeca recibió 114 millones en contratos, la mayor parte de ellos a través del Ministerio de Obras Públicas. En 2010 se unió con la empresa china Gezhouba para obtener el contrato de la central Sopladora, por 672 millones de dólares.
 
En la computadora de Laura Terán, asistente de Pamela Martínez, se encontraron 22 facturas de proveedores de Alianza PAÍS que fueron pagadas por esa empresa, entre 2011 y 2015, por un total cercano a 600 mil dólares. Entre los proveedores beneficiados se incluye la firma Creacional, de Vinicio Alvarado, el zar de la propaganda correísta.
 
A fines de 2013 se pagó una factura de 60 mil dólares pagaderos a la empresa de Alvarado. El accionista mayoritario de la empresa Fopeca, Víctor Fontana, es un de los sentenciados, al igual que Alvarado, quien se encuentra prófugo.
 
La misma constructora cubrió una factura de 60 mil dólares a favor de una firma que realizó encuestas en la prefectura del Azuay, en enero de 2014. En el archivo quedó registrado el sobrenombre de “Corcho”, junto a ese rubro. 
 
La firma coreana SK Engineering recibió 800 millones de dólares en contratos, para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Pagó 27 facturas de gastos de campaña del correísmo, por alrededor de 2,4 millones de dólares, según la investigación fiscal. Entre los pagos figuran más de 90 mil dólares por campañas propagandísticas a favor del correísmo. En los archivos, se registran las iniciales de quien a la fecha era el brazo derecho de Vinicio Alvarado, María Augusta Enríquez.
 
Ataques a la fiscal
 
Durante el juicio, la fiscal recibió ataques y descalificaciones, especialmente, en redes sociales. Días antes de la audiencia de casación, que constituye la instancia final en el proceso penal, a través de un video difundido por plataformas virtuales, el abogado defensor del exvicepresidente Jorge Glas mencionó que la fiscal general habría sido parte de una conspiración para derrocar al gobierno de Lenín Moreno, durante los 11 días de protestas de octubre de 2019.
 
“¿A un hombre, le hubieran atacado con igual agresividad?”, se pregunta la fiscal en un texto que, a modo de reflexión personal, escribió a pedido de Vistazo. Asumió un alto precio personal y familiar por encabezar las investigaciones del caso Sobornos 2012-2016. Lo volvería a pagar. 
 
 
El 5 de marzo de 2020 debía realizarse el alegato de cierre, en el décimotercer día de la audiencia de juzgamiento contra los procesados, encabezados por Correa. La víspera, la fiscal logró descansar apenas una hora. El equipo de trabajo que conformó para esta investigación tiene en común varios elementos: compromiso, tenacidad y juventud. Hay varias mujeres que lo integran.
 
En esa audiencia crucial, la fiscal afirmó que se había demostrado la existencia de una estructura de captación irregular de dinero, liderada por el expresidente Rafael Correa, y que se evidenció la entrega y recepción de sobornos por parte de varios empresarios, lo que probó la existencia del delito.
 
Por eso, pidió al tribunal que los procesados fueran sancionados con el máximo de la pena, aumentada en un tercio. Pidió una reparación integral y disculpas públicas.
 
La jueza nacional Daniella Camacho Herold conoció en primera instancia el proceso, desde mayo de 2019. En enero de 2020, llamó a juicio a Rafael Correa Delgado y a una decena de exaltos colaboradores de esa administración, porque encontró elementos suficientes sobre la existencia del delito de cohecho.
 
También vinculó a varios empresarios del sector privado. Durante el proceso judicial, hubo intentos deliberados por intimidarla. En septiembre de 2019, el mismo defensor de Glas le envió imágenes de un inodoro con heces fecales, para justificar que por una complicación gastrointestinal no podría asistir a una audiencia. En esa diligencia, la exservidora presidencial Laura Terán debía dar su versión sobre la recaudación de los dineros en una suerte de oficina paralela al Palacio de Gobierno. 
 
“El esfuerzo me ocasionó sangrado integrado a mis heces fecales, por lo que impresionado envié una fotografía que pongo en conocimiento de vuestra autoridad en el mayor respeto, sin ánimo de ser grotesco, ni mucho menos lastimero…”, señalaba el abogado Harrison Salcedo en su escrito.
 
La jueza Camacho rechazó este acto, al repudiar los contenidos fotográficos que “resultan ofensivos a los sujetos procesales, a la sociedad ecuatoriana, e impertinentes al proceso”.
 
De padre ecuatoriano y madre chilena, la jueza Camacho Herold estudió derecho en la Pontificia Universidad Católica. En 2012 concursó para jueza nacional, pero en la audiencia oral recibió una baja calificación, mientras una postulante afín al correísmo fue premiada en ese concurso. En 2017 volvió a concursar y obtuvo 99 puntos sobre 100.
 
Preside la sala penal de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, ganó notoriedad por los casos que juzgó: fue parte del tribunal que condenó al exministro Alecsey Mosquera; confirmó la sentencia de seis años de prisión para Jorge Glas, por su participación en el caso Odebrecht.
 
También llamó a juicio a Correa por el secuestro de Fernando Balda. 
 
La estructura
La perfilación criminal en el caso Sobornos 2012-2016 estuvo a cargo de una mujer, la pericia de la experta Alexandra Mantilla confirmó la forma de operación, los niveles de organización; de jerarquía y otros detalles de funcionamiento de la estructura delictiva, cuyas principales motivaciones fueron el poder y el dinero.
 
“Tengo entendido que es la primera vez que a nivel latinoamericano que en un caso de delitos de cuello blanco se permite aplicar la técnica de perfilación criminal, en primera instancia consistió en ir analizando todos y cada uno de los indicios que se encontraban; poco a poco nos dimos cuenta de que en efecto existió toda una estructura sostenida en el poder político”, advierte Mantilla.
 
Los resultados de su informe pericial, condensados en 170 páginas, revelan que “las disposiciones directas salían del palacio de Gobierno”, y se crearon tres zonas de seguridad para la estructura: la oficina del edificio La Unión, la oficina del edificio Concorde; y, la oficina del colegio de Abogados de Guayas, presidido por quien era pareja de Pamela Martínez, y que creó el movimiento político Justicia Social.
 
“Existió planificación, se asociaron varias personas; actuaron de manera organizada, se delegaron funciones y se establecieron jerarquías”.
 
 
Pero más aún, el signo inequívoco de que se trataba de una estructura delictiva radica en que se crearon códigos para los participantes. Los principales de las empresas tenían códigos (V1 era Alberto Hidalgo;  V7 era el representante de Odebrecht).
 
La investigación judicial partió de la notitia criminis (noticia de un delito), publicación periodística que con el título de Arroz Verde se difundió a inicios de mayo de 2019. El equipo de tres periodistas incluye una mujer.
 
El 4 de mayo de 2019, cuando se alistaba para tomar un vuelo hacia México, en el aeropuerto de Guayaquil fue detenida Pamela Martínez.
 
La abogada guayaquileña, nacida en 1968, aseguró que viajaba a cumplir con sus estudios de maestría, auspiciados por la Universidad Camilo José Cela de Madrid (España); destacó que el viaje estuvo planeado con tres meses de anticipación.
 
Había entrado al sector público con un sueldo de tres mil dólares. En 2013, según declaró, fue llamada por Rafael Correa para empezar un registro de gastos de campaña.
 
Correa había detectado inconsistencias en los registros previos, y prefirió encargarle esa tarea a ella, quien actuaba como asesora del despacho presidencial: estaba a cargo de los requerimientos y peticiones de los ciudadanos para el gobernante.
 
El Presidente habría sido muy claro: en caso de dudas, ella debía contrastar la información con Galo Mora, Vinicio Alvarado o con el vicepresidente de entonces, Jorge Glas.
 
Martínez, exfuncionaria cercana de Correa, llegó a ser jueza de la Corte Constitucional en 2015.
 
Por efecto de la consulta de febrero de 2018, esa Corte fue cesada en agosto de ese año. Meses después, ya detenida, fue revelando detalles de la estructura de cobros.
 
En su versión, relató cómo en 2013 se presentó a su oficina Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, con la disposición presidencial de requerir un dinero.
 
“Me sorprendí con ese pedido, dije de dónde voy a sacar esos fondos (…) por un momento pensé que era una trampa y cuando pude hablar con el Presidente, me dijo: ‘habla con Jorge (Glas), él a su vez me dijo que irían a dejar unos sobres los siguientes días y yo de inmediato debía entregarlos al doctor Mera. En efecto, días después llegó el señor Geraldo de Souza, él trajo sobres con dinero, quien tiempo después supe que era de Odebrecht”.
 
Odebrecht, identificado como V7, fue solo uno más de los aportantes de campaña política. El correísmo se convirtió en una maquinaria eficiente para asignar contratos y recibir favores a cambio. Este proceso judicial desnuda el engranaje al milímetro.
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