Allanan la casa del alcalde de Quito por presunto peculado en la compra de pruebas COVID-19
Carolina Farfán jueves, 11 marzo 2021 - 09:39
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La madrugada de este jueves 11 de marzo, agentes de la Fiscalía y Policía Nacional allanaron el domicilio del alcalde de Quito, Jorge Yunda, dentro del proceso por la presunta compra irregular de pruebas Covid-19.
En la diligencia realizada en la vivienda de Yunda, ubicada en el cantón Rumiñahui, zona cercana a la capital ecuatoriana, se buscaron todo tipo de elementos que pudieran tener relación con la investigación.
Se conoce que, entre los dispositivos recuperados estaría un teléfono celular del alcalde, el cual forma parte de una cadena de custodia para que se realicen los peritajes necesarios. Además, se allanaron las casas de otros funcionarios municipales.
El operativo se dio tras la solicitud del fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, quien pidió la "orden de allanamiento, descerrajamiento de las puertas y seguridades externas e internas, registro del inmueble, de las personas, vehículos y objetos que se encuentren en la misma".
Mientras que, la diligencia fue autorizada por el Presidente de la Corte de Justicia de Pichincha e incluyó la "incautación de equipos tecnológicos, informáticos, computadores, CPU, documentos" que pudieran estar relacionados con el hecho en mención.
La Fiscalía General del Estado ha vinculado al alcalde de Quito como presunto autor mediato, a la instrucción fiscal abierta por peculado en la compra irregular de 100.000 pruebas PCR para la detección de Covid-19.
La adquisición, realizada a la empresa Salumed S. A., habría representado un perjuicio para el Estado de 4’226.800 millones de dólares.
Pese a que Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos los involucrados, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya Flor, ordenó prohibición de salida del país, uso de dispositivo electrónico de vigilancia y presentaciones ante la autoridad (lunes, miércoles, viernes y domingo, este último en la Unidad de Flagrancia) para el alcalde Jorge Yunda.
Las personas vinculadas a este proceso penal habrían terminado, el 20 de julio de 2020 –por mutuo acuerdo– el “Contrato de emergencia para la adquisición de reactivos para la determinación de Covid-19 por PCR polimerasa”, suscrito entre la Secretaría de Salud del Municipio de Quito y la empresa Salumed S. A.
Lo que correspondía, según las investigaciones de Fiscalía, era dar por terminado unilateralmente el contrato por incumplimiento de su objeto, declarar incumplida a la empresa contratista y ejecutar las garantías contractuales, debido a que la empresa entregó pruebas RT LAMP, que tienen menos porcentaje de detección del virus.
Este posible incumplimiento de las especificaciones técnicas era de conocimiento del Alcalde de Quito y de la Secretaria de Salud, quienes habrían intercambiado mensajes vía WhatsApp, respecto a que las pruebas entregadas no eran las constantes en el objeto del contrato. Sin embargo, decidieron validarlas para que se firmara el acta de terminación del contrato por mutuo acuerdo.
El delito de peculado se sanciona con prisión de diez a trece años, según el inciso primero del artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal.
