En relación a la polémica sobre la autorización para la compra de vacunas contra la COVID-19 que exigen varios municipios del país al Gobierno, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, anunció acciones judiciales internacionales, este martes 16 de marzo de 2021.
"El día de hoy presentaremos una acción judicial internacional para que en Guayaquil se #LiberenLasVacunas", manifestó Viteri en su cuenta de Twitter.
Ecuador inició el pasado 21 de enero su plan nacional de vacunación con una "fase piloto" o "fase cero" en la que se han distribuido vacunas al personal sanitario de primera línea, así como a personas mayores y personal de centros geriátricos. Mientras que, a inicios de marzo comenzó la "Fase 1" del programa en la que espera inmunizar a 2 millones de personas.
Pero el proceso avanza con demasiada lentitud, según han protestado varios alcaldes, que exigen importar la vacuna de forma directa, y que dicen encontrarse con demasiados obstáculos burocráticos de parte del Gobierno central.
"Es una cruel pérdida de valioso tiempo que paraliza el proceso de adquisición de vacunas covid-19, mientras mueren, se contagian y pierden su trabajo miles de guayaquileños", ha señalado la alcaldesa de Guayaquil.
Sobre "la posibilidad de que terceros realicen compras directas de la vacuna COVID 19, así como de la preocupación expresada por el sistema de Naciones Unidas, sobre que dicha posibilidad podría contrariar el acceso equitativo y sin discriminación de la población a una vacuna segura y de calidad en el contexto actual de escasez de vacunas", el Ministerio de Salud Pública (MSP) enfatizó que de conformidad con la Constitución y la Ley, no procede delegación de competencia de inmunización.
Además, el MSP solicitó un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, exclusivamente sobre la viabilidad de que los Gobiernos Autónomos Descentralizados que se encuentren en capacidad de hacerlo, puedan proceder o no de forma directa a la adquisición de las vacunas con fondos propios siempre ajustados al plan de inmunización nacional y a las competencias legales de cada órgano del Estado.
