La decencia en el proceso electoral
Carlos Rojas Araujo viernes, 10 febrero 2017 - 12:03
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Juan Pablo Pozo ha hecho esfuerzos por cobijar al Consejo Nacional Electoral (CNE) con una manta jurídica irrefutable, a prueba de dudas. El hombre, por ahora más poderoso del país, siempre responde con un argumento legal a los cuestionamientos contra la gestión política del organismo que representa.
El libreto de Pozo lo blinda ante cualquier repregunta. Citar, casi de memoria, el Código de la Democracia y lo que al CNE le está o no permitido hacer, lo proyecta como un defensor de las instituciones y el principal respetuoso de la voluntad popular.
Quizás Juan Pablo Pozo quiera dejar una huella ejemplar y ganarse los aplausos, el 19 de febrero, por organizar comicios impecables y el escrutinio más pulcro de la historia.
El problema es que Pozo nació con el pecado original, el de la cercanía correísta (secretario de la Comisión de Fiscalización, presidida por Silvia Salgado en la Asamblea de Fernando Cordero), que se distorsionó por la desafortunada foto tomada en familia con el presidente Correa y el vicepresidente Glas, subida al Twitter hace tres años.
Ya como principal autoridad electoral,
el libre albedrío de su gestión siempre estará condicionado por el marco legal, diseñado a imagen y semejanza de Alianza PAIS, que tanto se empeña en citar.
Es posible que Pozo no haga lo mismo que sus antecesores Domingo Paredes y Omar Simon, que terminaron trabajando para el Gobierno o lucen hoy, con orgullo, el carné de Alianza PAIS. El titular del CNE es un político joven, al que no le conviene quemarse cuando el futuro democrático del Ecuador depende de una gestión decente.
Nadie duda que en las denuncias de los muertos empadronados puede haber grandes dosis de cinismo, pues la política está plagada de baja conductas. Lo importante, en todo caso, es que Pozo no solo las considere una infamia sino que demuestre con hechos que su organismo electoral está a prueba de manipulaciones reglamentarias y tecnológicas, por ejemplo, en el traslado y lectura de las actas de escrutinio.
Cuando un grupo como Alianza PAIS hace hasta lo imposible por controlarlo todo, tendrá pocas posibilidades de esquivar las acusaciones que, precisamente por ejercer el poder absoluto, se formulan en su contra.
El CNE no escapa a esa realidad. Sobre todo cuando presenta muy pocos instrumentos legales y políticos para impedir que la propaganda gubernamental penetre en la población con mensajes que, sin hablar del binomio Moreno-Glas, inducen a su voto.
O que las denuncias de flagrante abuso proselitista, como el cometido por el candidato radiodifusor de Alianza PAIS, Jorge Yunda, al dialogar con Lenín Moreno desde una plataforma que se replicó en más de 50 emisoras bajo su control, terminen en los escritorios del Tribunal Contencioso Electoral, donde Pozo ya no tiene incidencia.
La transparencia electoral no se garantiza recitando leyes para esquivar dudas políticas. Pozo es parte de una arquitectura institucional diseñada por el correísmo, por lo tanto el margen de duda siempre será razonable. De él dependerá despejarlo.
