Pedirle peras al olmo
¿Desea realmente el gobierno que venga la inversión extranjera? Probablemente sí. Pero se repite el mismo error de la Ley de minas, que fijó las reglas sin importar lo que requerían los inversionistas.
La Revolución Ciudadana siempre vio con recelo a la inversión extranjera que, según el presidente Correa, puede contribuir al empobrecimiento del país receptor si no cumple con una serie de condiciones: “La buena inversión es la que crea activos, no la que capta activos ya creados”.
Esta filosofía está plasmada en la Constitución de 2008 que limitó la participación privada en los sectores estratégicos exclusivamente a casos excepcionales. Pero son justo estos sectores los más atractivos para la inversión extranjera. Como resultado, Ecuador volvió a quedarse al margen de los flujos de inversión extranjera mientras que América del Sur recibió en 2012 un récord de 147.000 millones de dólares. Al país llegaron apenas 567 millones, el menor valor de la región por debajo de Bolivia y Paraguay. ¿Qué nos sucedió?
No se trata de que el país no sea capaz de atraer inversión extranjera directa. Lo que sucede es que simplemente no estamos ofreciendo a los inversionistas lo que ellos están buscando que, generalmente tiene poco que ver con el régimen tributario y más con el ambiente para hacer negocios, acceso a activos estratégicos y a mercados regionales.
Desde la lógica oficial, los bajos flujos de inversión extranjera no han sido motivo de preocupación hasta ahora. Al fin y al cabo, Correa siempre fue crítico de la importancia que se ha dado en Latinoamérica a la inversión extranjera “como la última Coca Cola del desierto”.
Pero una cosa era con un precio del petróleo de 100 dólares/barril y otra muy distinta a 40/ barril. Las nuevas circunstancias económicas empujan al Gobierno a moderar su discurso, y resulta que, luego de 9 años en el poder, descubren que la inversión extranjera es necesaria siempre que “transfiera conocimiento y tecnología”.
Basado en este razonamiento, la Asamblea Nacional discute el proyecto de Asociaciones Público Privadas y la Inversión Extranjera. Un primer paso positivo: este cuerpo legal dará a la inversión extranjera igual tratamiento que a la nacional. Pero inmediatamente salen a relucir los fantasmas de la ideología socialista: no se podrá privatizar el patrimonio estatal ni la transferencia de sus activos, no se permitirá la inversión en sectores estratégicos con excepción del hidroeléctrico, en caso de disputas en materia tributaria no se podrá acudir a tribunales arbitrales internacionales y el comité que regulará el proceso no tendrá representantes del sector privado.
¿Desea realmente el Gobierno que venga la inversión extranjera? Probablemente sí porque la economía requiere que ingresen más dólares para continuar en marcha. Pero se repite el mismo error de otros cuerpos legales como la Ley de minas, que fijó unilateralmente las reglas sin importar lo que requerían los inversionistas extranjeros. Los resultados son conocidos: el orgullo de tener la normativa más estricta del mundo nos dejó fuera del mapa minero mundial. Al repetir esta experiencia, el proyecto de Asociaciones Público Privadas está condenado al mismo destino: muchas buenas intenciones y pocos resultados. ¿Cómo pedirle a quien cuestionó los beneficios de la inversión extranjera que ahora se transforme en su paladín? ¡Es como pedirle peras al olmo!
