“No fue filtración de datos, sino robo de información”, han dicho voceros del actual gobierno cuando se hizo público que los datos personales de 17 millones de ecuatorianos estuvieron al alcance de piratas informáticos. Para el gobierno debe ser una tranquilidad de que archivos informáticos nacionales no hayan recibido un ataque de piratas ni que se hayan ejecutado las amenazas por parte de los seguidores de Julian Assange después de la decisión de que este abandone la embajada en Londres. No obstante, para los ciudadanos no hay diferencia, si no hubo ataque o fue robo, igual hemos quedado expuestos. Si los que se robaron los datos fueron parte del gobierno anterior tampoco interesa, el hecho es que en la era de la minería de datos, los ecuatorianos estamos sujetos al azar sin nadie que nos proteja. Y lo estamos porque en las esferas del gobierno no ha existido la precaución de salvaguardar con sigilo extremo la información que se recoge con propósitos de control estatal.
Considerados como un recurso más valioso que el petróleo, los datos deben ser tratados como un bien invalorable y protegidos informáticamente, como se protegen otros valores. ¿Acaso, se guarda dinero bancario en cajas comunes o cualquiera ingresa a las bóvedas donde se almacena ese dinero? ¿Por qué, en cambio, a los datos en manos del Estado tienen acceso empleados medios, y resulta tan fácil copiarlos y comercializarlos? Por la filtración, el gobierno ha anunciado el envío de un proyecto de protección de datos a la Asamblea. Es una decisión tardía, el grave daño está hecho y habrá que ver cuándo la Asamblea trata la ley ya que los asambleístas tienen en carpeta leyes importantísimas sin que exhiban interés por tramitarlas.
Sin embargo, no basta la ley para protegernos a futuro ni el gobierno necesita depender de dicha ley para ejecutar acciones que frenen a los piratas informáticos y detengan el mal uso de los datos. Hay medidas simples de aplicación inmediata. En sus manos está imponer candados informáticos estrictos en todos sus niveles de la administración, para que los funcionarios hagan su trabajo pero accedan a datos limitados. A mayor acceso deben ser mayores los requisitos y graves consecuencias para quienes divulguen dicha información. Por otro lado, el propio gobierno debe comenzar por respetar las leyes y no por motivos políticos convertirse en difusor de datos privados, como ocurrió durante la administración del expresidente Correa y acaba de ocurrir en este gobierno, cuando un exasesor en venganza por una noticia difundió los correos personales entre un alto ejecutivo de Teleamazonas y el propietario de Banco Pichincha. El respeto a las leyes debe comenzar por la cabeza de las instituciones.
