La destitución de cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana por parte de la Asamblea Nacional detiene las pretensiones ilegales de trastornar lo actuado por el Consejo de Participación Transitorio para beneficiar al movimiento de Rafael Correa. Sin embargo, no resuelve el problema de mantener un organismo cuya esencia es ajena a la democracia. El mal no está en sus miembros ni en la forma de seleccionarlos, sino en que siete personas, que pueden ser fácilmente cooptadas, tengan en sus manos el control del Estado y faciliten la adopción de prácticas antidemocráticas.
La destitución era una tormenta política anunciada desde la campaña. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hoy destituidos, infringieron la ley desde que fueron candidatos. Carlos Tuárez usó su collarín religioso para promocionarse y el expresidente Rafael Correa en repetidas ocasiones hizo campaña a favor de Victoria Disintonio y Walter Gómez. Debieron haber sido destituidos por el Consejo Nacional Electoral, institución que no hizo cumplir la ley. Lo que vino después fue un sainete que dejó en evidencia otra vez la amenaza que representa para una sociedad democrática este engendro autoritario.
Por principio la participación ciudadana no puede ser canalizada a través del Estado. Los ciudadanos necesitan agregar sus intereses a través de organizaciones de la sociedad civil, demandarlos al Estado y no ser silenciados por este. ¿O acaso hubo alguna investigación importante de la corrupción y despilfarro por parte del Consejo de Participación durante la pasada administración de gobierno?
El Consejo, además, duplica funciones que corresponden a otros organismos: investigar a la Fiscalía, auditar los recursos públicos a la Contraloría y la joya de la corona: el nombramiento de las autoridades de control al parlamento, donde están representadas las fuerzas políticas, a través de una elección. De ahí que es urgente la reforma para que desaparezca la institución
o que por ningún concepto tenga potestad de nominar autoridades de control. Sin embargo, para que no subsistan vicios, la nominación de estas autoridades necesita de procesos de selección técnicos, veedurías e impugnaciones. La tarea sigue pendiente, si no hay arreglo permanente, en el futuro volveremos a sufrir sus nefastas consecuencias.
