EDITORIAL
Una auditoría de la Contraloría al periodo de 2013 a 2018 del Consejo Nacional Electoral determinó que hubo irregularidades en la inscripción de varios partidos políticos, entre ellos Juntos Podemos, Justicia Social, Compromiso Social y Libertad es Pueblo. Dichos partidos no debieron ser aprobados porque no cumplieron con el requisito de presentar 1,5 por ciento de afiliados para la inscripción. Al examinar los registros encontraron firmas duplicadas, firmas en blanco, nombres de menores de edad y de personas que fallecieron. Además, la Contraloría dio un plazo de cuatro meses, entre agosto y diciembre del año pasado, para que el CNE cumpla con 19 recomendaciones. Ni los partidos fueron eliminados y apenas se cumplieron ocho de las recomendaciones. El Contralor ha pedido la destitución de tres miembros del directorio del CNE, que votaron por la irregular inscripción de los partidos. Una mancha más a una institución que no encuentra el derrotero para que los ecuatorianos tengamos confianza en su autoridad.
Tras la sujeción del Consejo Electoral durante los años del gobierno de Rafael Correa, había la esperanza de que este nuevo Consejo enderece los procesos para que no exista la menor duda sobre el respeto a la voluntad electoral. Desafortunadamente, en el grupo que dirige la institución se filtraron personas vinculadas a intereses de movimientos y partidos que han impedido la reestructuración institucional. Esto es evidente con el reconocimiento de partidos que no cumplieron con los requisitos y también en la elaboración del calendario electoral, que tiene 24 días de antelación. ¿Con qué propósito y a que candidaturas beneficia?
Casi todos los partidos han pedido que se difieran las fechas debido a la pandemia del COVID-19. Sin violar la ley, utilizado esos 24 días de antelación, es posible diferir hasta un mes y medio la fecha. Si queremos que se mantenga una de las garantías constitucionales del país, el CNE debe dar paso a ese diferimiento, porque el mundo se detuvo por tres meses y solo el CNE no toma en cuenta este hecho fortuito de gravedad universal.
Por otro lado, la destitución de sus autoridades debe seguir el curso legal. Además, es imperativo que, a futuro, el Consejo Nacional Electoral sea integrado por académicos que conozcan de elecciones e informática, pero que sean independientes, para así garantizar elecciones en que se respete el voto de la mayoría, como dice la democracia, y no por los intereses de quienes están en un tribunal.
