Durante la última década, el Instituto de Seguridad Social se convirtió en la alcancía del Estado. Según el actual presidente de la institución Paúl Granda, el gobierno del expresidente Rafael Correa descapitalizó a la institución en 9.000 millones de dólares, una cifra escalofriante, que equivale al total de los ingresos que el Seguro recibe de los aportes de afiliados durante cuatro años.
Se “invirtió” 7.764 millones en la compra de bonos del Estado y en proyectos “emblemáticos” como la hidroeléctrica Toachi-Pilatón y el campo petrolero Pañacocha. Otros 908 millones fueron el resultado de la demagogia de entregar prestaciones de salud gratuitas a los hijos menores de 18 años de los afiliados y jubilados. Tal regalo colapsó los servicios de salud de la institución y llevó a que se tomen otras decisiones absurdas: descapitalizar el fondo de pensiones jubilares, para capitalizar el de salud. Es decir hizo una fiesta con recursos ajenos y ahora ha llegado la hora de pagar la factura.
Para hacerlo, el gobierno de Lenín Moreno ha anunciado que se sincerarán las cifras con un estudio actuarial que concluyó en 2018 y propone un debate sobre las medidas a adoptarse. Según datos extraoficiales solo hay recursos para pagar jubilaciones por 22 años, cuando se debe contar con recursos para 40 años. Para cubrir el déficit se discuten algunas alternativas, entre ellas está subir el aporte que hoy es de 20,6 por ciento; otra es cambiar el sistema de cálculo de las pensiones, que hoy se realiza en base a los cinco mejores años de trabajo; y una última es aumentar la edad de jubilación, hoy de 60 años. Ninguna de ellas será fácil de aceptar, por cuanto los afiliados resultan perjudicados por decisiones en las que no tuvieron ni voz ni voto. Es repetir tragos amargos. En el año 2000 al adoptarse la dolarización el IESS dividió las aportaciones por 25.000, convirtiendo en irrisorias las pensiones jubilares y las cesantías respectivas, cuando estas debieron ser calculadas según el valor de la moneda en el año en que se hicieron las aportaciones. Es decir una historia de nunca acabar.
La reforma al IESS no puede limitarse a que los afiliados y la empresa privada paguen los daños por el mal manejo de los administradores estatales. Es imperativo encontrar la fórmula para que la institución sea administrada por quienes contribuyen para su funcionamiento y no por quienes hacen de ella una caja chica para gastos que sirven a sus intereses políticos y no a los de sus afiliados.
