Justicia sin pedagogía ética
POR CARLOS ROJAS ARAUJO
En medio del agobio generalizado por cómo los escándalos de corrupción quiebran al país y lo dejan sin esperanza, ¿se puede tolerar que un juez evite que el Prefecto del Guayas guarde prisión mientras se investigan las denuncias que pesan en su contra? O, lo que es peor, ¿que una jueza de Latacunga disponga la prelibertad de alias Rasquiña, cabecilla de Los Choneros, una banda de asesinos y narcotraficantes, al cumplirse tan solo seis de los 20 años a los que fue condenado?
Bajo un elemental sentido de empatía e indignación, la respuesta debiera ser no. Pero la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre Suárez, se equivocó al suscribir un comunicado público en defensa de la actuación de los jueces, invocando el principio de independencia de sus fallos.
Cuando en Ecuador la audacia de los corruptos es manifiesta y la impunidad parece socaparlo todo, lo que menos se necesita es un sermón doctrinario. Según Aguirre, “la base de un sólido Estado de Derecho reside en la potestad de los jueces de actuar en resguardo de los derechos y garantías de las personas para evitar arbitrariedades”. Ese magnífico canto a la democracia carece de realismo, pues no existe espacio de control ni sanción efectiva para estos operadores indolentes.
Si todos los días la gente maldice el robo al Estado por cuenta de quienes lo administran, ¿por qué un juez tiene que ser permisivo con una autoridad que podría alterar evidencias, fugar o intentar todos los amarres posibles para mantenerse en el poder? ¿Se puede pensar que otro magistrado actúa en Derecho cuando simplifica la condena de un peligroso delincuente a vista y paciencia del resto del sistema judicial?
Estas actuaciones generan un peligroso temor social que hace más daño a la democracia que cualquier “presión externa”. La opinión pública, así no le guste a la Asociación Ecuatoriana de Magistrados, tiene una misión de vigilancia sobre todos los estamentos democráticos del que no escapan los operadores de justicia.
Lo preocupante es que detrás de un malentendido espíritu de cuerpo se esconda un juego de suma cero para que Aguirre, la fiscal Diana Salazar, la ministra de Gobierno, María Paula Romo y la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, caigan en el inmovilismo a cuenta de trámites procesales lentos e inconclusos, que terminan en sentencias chuecas.
En los despachos de esas autoridades y en las cuentas de Twitter de más de un jurista reputado se ha dicho que las críticas a los jueces pueden desatar en el país el mismo ambiente de presión que la justicia vivió por cuenta del correísmo y que tanto dañó al Estado de Derecho. Este reduccionismo nos lleva a suponer que en el debate político, la investigación periodística y el clamor ciudadano no existe la capacidad ética de discernir lo que le conviene o atrofia a nuestra democracia.
Precisamente, es esa pedagogía ética la que tanta falta le hace a la justicia ecuatoriana. Que sus principales cabezas reconozcan en público y con entereza el lamentable papel que cumplen muchos de sus subalternos y a la vez les exijan decencia en la suscripción de sus fallos para que los ciudadanos desvalidos sientan que ya no se les reirán más en sus caras.
