¡A invertir en los ciudadanos!
POR ALBERTO ACOSTA-BURNEO
La bonanza impulsó nuevamente el espejismo de que el Estado puede dedicarse a todo, y así, beneficiar a la sociedad. Ahora que la bonanza terminó, se evidencia cuán equivocados estábamos. Basta ver el sinfín de empresas públicas en donde abunda el desorden, las malas decisiones de inversión, sobreprecios e información financiera incompleta. Las empresas públicas empobrecen a la sociedad y bajan el estándar de vida de los ciudadanos. Expliquemos por qué.
INCENTIVOS INCORRECTOS: Las empresas públicas son las únicas que pueden darse el lujo de tomar decisiones antieconómicas, es decir, de perder dinero y a la vez mantenerse en el mercado. Tame, por ejemplo, acumuló pérdidas por más de 400 millones de dólares en los últimos años. ¿Cómo siguió operando? Gracias a la apropiación que realiza el Estado de los recursos de los ciudadanos vía impuestos.
USO INEFICIENTE DE RECURSOS: Pero el daño producido no termina ahí. El gobierno no puede generar algo de la nada, debe tomar recursos del público para la operación de sus empresas públicas deficitarias. Esto significa que proyectos productivos privados no se realizaron, debido a que esos recursos se usaron para pagar impuestos para financiar empresas públicas ineficientes. En consecuencia, cuando el gobierno sostiene empresas públicas que pierden plata, reduce el potencial de creación de riqueza de la sociedad. Los recursos escasos rinden menos que si hubiesen sido usado en actividades privadas. Se provoca una pérdida de bienestar general.
MITO DEL SERVICIO: El correato quiso justificar las millonarias pérdidas en empresas públicas. Aseguró que atendían a segmentos en los que ninguna empresa privada se embarcaría. Pero este argumento solo sirvió para justificar ineficiencias. Con los 400 millones de dólares que perdió Tame, hubiéramos podido comprar 50 avionetas para las comunidades del Oriente… ¡Definitivamente estarían mejor servidas que ahora!
MITO DE REGULACIÓN DE PRECIOS: También se justificó el despilfarro de las empresas públicas asegurando que servían para “regular precios”. Pero la realidad probó ser totalmente contraria. En la práctica, el Estado defendió a sus empresas ineficientes restringiendo el ingreso de competidores. La falta de competencia elevó los precios a los consumidores.
MITO DE LAS EMPRESAS DE “TODOS”: Se quiso posicionar que las empresas públicas son de “todos”. Pero en realidad, son espacios de poder para los políticos que pueden lucrar de estas. El sofisticado esquema delincuencial montado por el correato creó reglas únicas para las empresas públicas, que no deben pagar: impuestos, concesiones, participación de trabajadores, etc. Este fue el mecanismo “perfecto” para esconder las ineficiencias y abrir la puerta a los grandes negociados.
Afortunadamente existe salida. La clave es priorizar el gasto público en aquello que da un beneficio al ciudadano: salud, educación y seguridad. Todo el resto de gastos deben ser reducidos o, incluso, eliminados. Las empresas públicas, rentables o no, deben ser concesionadas o vendidas para liberar recursos para la única inversión prioritaria del Estado: ¡Los ciudadanos!
